CONFLICTO DE INTERESES

La guerra de los registradores se lleva por delante al director general que les endosó el Registro Civil

El curioso caso del registrador ausente de Zaragoza

“No hay una decisión tomada al respecto, estoy a lo que diga el ministro”. El director general de los Registros y el Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, contestaba así este lunes a infoLibre desde su despacho a la pregunta de si había presentado su dimisión, una noticia que había corrido como la pólvora desde el viernes entre sus compañeros registradores. Rodríguez Hernández y su subdirector, Francisco Javier Vallejo, son considerados por el gremio como los autores de la polémica reforma de los registros que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, acaba de paralizaracaba de paralizar.

Según fuentes del Colegio de Registradores, si bien Joaquín Rodríguez no ha dimitido aún formalmente, se da por segura su dimisión o “cese incentivado” en los próximos días. Ya se le está buscando un sustituto. Este periódico preguntó al director general de los Registros si no se siente desautorizado después de que el ministro anunciara que va a negociar la reforma con el Colegio de Registradores y que renuncia a uno de sus elementos fundamentales, la creación de una nueva corporación de derecho público para gestionar el nuevo Registro Civil electrónico. Joaquín Rodríguez, que acababa de salir de una reunión con Rafael Catalá, volvió a remitirse a “lo que diga el ministro”.

Si no desautorizado, el director general debió sentir como un serio revés el dictamen del Consejo de Estado donde se instaba a Justicia a rehacer de arriba abajo el decreto que creaba esa nueva corporación. El órgano consultivo casi coincidía con los opositores a la reforma en que el ministerio pretendía crear un colegio de registradores “paralelo”: invadía competencias del Colegio Oficial y se extralimitaba cuando le concedía potestad sobre todos los registros existentes, no sólo sobre el Registro Civil. El dictamen calificaba el texto de “oscuro” y “confuso”, e incluso “inconstitucional” en algunos de sus puntos.

Aunque no ha sido el Consejo de Estado, un órgano cuyos dictámenes no son vinculantes, el único motor detrás de la retirada del proyecto tal y como fue diseñado bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. El nuevo equipo de Justicia considera ahora “innecesaria” la nueva corporación impulsada por Joaquín Rodríguez. Es más, el ministerio la descarta porque esa “figura intermedia”, como la denominó Rafael Catalá en su primera comparecencia en el Congreso, creaba “distorsiones, anomalías y graves tensiones con los registradores”.

Negociación envenenada

Hay más razones por las que el actual director general de los Registros se enfrenta a una situación delicada. Debería ser él quien se sentara con el Colegio de Registradores en la comisión mixta anunciada por Catalá. Es decir, debería negociar la asunción del Registro Civil con los mismos que se han opuesto desde el principio a hacerse cargo de él y que incluso han denunciadodenunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el contrato por el que se adjudicó su sistema informático.

Precisamente el rechazo de los registradores de la propiedad a hacerse cargo del Registro Civil forzó a Alberto Ruiz-Gallardón a entregarlo a los registradores mercantiles. Lo que no consiguió calmar los ánimos en el gremio. La mayoría de los registradores acusaba a sus compañeros de la Dirección General de los Registros de elaborar una reforma para beneficiar a una empresa, Futuver Consulting, mediante la adjudicación del sistema informático integrado. El concurso no lo licitó el Ministerio de Justicia, sino el de Defensa, a través de una empresa pública, Isdefe, en un procedimiento negociado y sin publicidad. Según alegaba Justicia, para garantizar la confidencialidad de material tan delicado como los datos básicos de 46 millones de españoles.

Un contrato en el aire

El contrato fue adjudicado, apenas unos días antes de ser nombrado el nuevo ministro de Justicia, a Indra y Telefónica. Pero no se ha formalizado. Por tanto, afirman en el ministerio, “no hay nada de lo que desistir”. La idea de Justicia es que sea el Colegio de Registradores el que desarrolle la plataforma tecnológica y “aproveche” el trabajo ya realizado por Isdefe, Indra y Telefónica –“las especificaciones técnicas del contrato”– para desarrollar el sistema informático, “con esas empresas o con las que considere oportuno”. Futuver, que no se presentó al concurso, sí contaba con asociarse con la empresa adjudicataria para suministrarle su software.

Según ha explicado a infoLibre un portavoz de la empresa asturiana, en su momento envió a Indra una oferta con sus productos y servicios, como especialista en software registral. Pero niega que esté en marcha ninguna clase de negociación, ni con Indra ni con el Colegio de Registradores, con el que, por otra parte, lleva años trabajando. También fue la encargada de la puesta al día de los expedientes de nacionalidad, que acumulaban un considerable retraso. Al mando de ese proyecto el ministerio puso a otro registrador, Javier Angulo, hasta ese momento administrador solidario de Futuver Rumanía SRL, antigua filial de Futuver Consulting SL. Con la salida de Joaquín Rodríguez y de su número dos, Francisco Javier Vallejo, también se da por segura la marcha de Javier Angulo y de otros tres asesores, todos ellos registradores en comisión de servicios.

El portavoz de Futuver insiste en que la empresa “está al margen de cuestiones políticas, le sobrepasan”. No sólo se refiere a Angulo sino también, aun sin citarlas, a las acusaciones que los registradores han lanzado contra Futuver y contra la Dirección General de los Registros sobre sus vínculos con Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno y registrador como él y su hermana Mercedes.

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