Caso Nóos

Hacienda cree inútil investigar el préstamo de 1,2 millones a la infanta porque el delito habría prescrito

La infanta Cristina, este martes en Barcelona.

La Agencia Tributaria ha despejado la duda planteada por los investigadores del caso Urdangarin tras conocerse que el rey prestó a su hija Cristina 1,2 millones de euros en 2004 mediante una operación que fuentes conocedoras del sumario creen un puro camuflaje para esconder una donación.

Según fuentes del caso, la conclusión de Hacienda es esta: investigar sería inútil dado que, aun si existiera delito, habría prescrito. Las fuentes consultadas aseguran que, a efectos penales, la prescripción se produjo a los cinco años de que el préstamo fuese firmado ante notario el 23 de diciembre de 2004 más un mes, que es el plazo establecido en Cataluña para liquidar los impuestos derivados de una donación

A efectos administrativos –reclamación de una cantidad inferior a 120.000 euros y cuyo impago no tiene, por tanto, rango de delito- el plazo de prescripción es inferior: cuatro años.

De tratarse de una donación encubierta, la infanta habría podido cometer un delito fiscal. Según los técnicos de Hacienda agrupados en la asociación Gestha, la infanta Cristina tendría que haber desembolsado en torno a 400.000 euros por el impuesto de donaciones y sucesiones.

Sobre Cristina de Borbón, a quien la Fundación La Caixa ha concedido un traslado a Suiza que le permitirá también colaborar de forma remunerada con la fundación del multimillonario Aga Khan, aún pende la espada de Damocles de la imputación. El juez José Castro, cuya primera imputación de la infanta tumbó la Audiencia de Palma en un auto que al mismo tiempo le animaba a investigarla por delito fiscal y blanqueo, se encuentra a la espera de dos informes.

Ambos –uno de la Policía y otro de Hacienda- deben dirimir si la hija menor del rey pudo cometer alguno de los dos delitos reseñados por el auto de la Audiencia. El informe policial abordará si tuvo participación en los pagos para la reforma del palacete de Pedralbes, ahora puesto a la venta en el mercado ruso por 9,8 millones de euros. El de Hacienda desglosará las llamadas operaciones con terceros: los pagos y cobros superiores a 3.000 euros anuales hechos al mismo proveedor o recibidos del mismo cliente.

El préstamo del rey a su hija –es decir, Urdangarin no participó de la operación- presenta algunas características peculiares a tenor de la escritura notarial, facilitada esta semana por la Casa Real a algunos medios entre los que no figura infoLibre. Para empezar, ofrecía un periodo de amortización de 23 años y tres años de carencia en los que la infanta nada debía devolver. Finalizada la carencia, a partir del 23 de diciembre de 2008 la duquesa de Palma quedaba obligada a devolver a su padre 50.000 euros cada año durante los dos primeros lustros. Los otros 10 años, la cuota se elevaba a 70.000 euros.

La infanta cobró de Aizoon lo mismo que Urdangarin entre 2006 y 2010

La infanta cobró de Aizoon lo mismo que Urdangarin entre 2006 y 2010

El informe de Hacienda que destapó la existencia de este préstamo precisa que, en 2012, quiinto año en el periodo de devolución, la infanta declaró una deuda de 1.050.000 euros. Dado que el crédito original fue de 1,2 millones, había abonado tres cuotas en lugar de las cinco pactadas.

A la vista de ese hecho, este diario preguntó a la Casa Real si alguno de los pagos se produjo antes de julio de 2010, fecha en que el juez José Castro, que ya investigaba los manejos del Govern de Jaume Matas (PP) en el llamado caso Palma Arena, abrió la pieza separada sobre Instituto Nóos. Esa es la pretendida ONG que bajo la batuta de Urdangarin y su socio de años, logró seis millones de euros públicos gracias a convenios otorgados a dedo. El dinero acabó en las cuentas de Urdangarin y Torres. La mujer del segundo, Ana Tejeiro, permanece imputada en el caso.

InfoLibre también preguntó a los portavoces oficiales de la institución cuáles fueron los medios empleados por la infanta para la devolución del préstamo, dado que el contrato estipula que todas las cantidades deben abonarse el 23 de diciembre de cada año y “en el domicilio del acreedor”. Es decir, en la Zarzuela. Las fuentes consultadas en la Casa del Rey denegaron la respuesta a las dos preguntas –el momento inicial de los pagos y la fórmula utilizada- bajo el argumento de que se trata de una cuestión privada.

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