El Ministerio de Hacienda liderado por Cristóbal Montoro planteó, como exigían las gasistas, rebajar al máximo los controles para acogerse a los nuevos beneficios fiscales el mismo día que mantuvo una reunión al más alto nivel con las firmas de dicho sector salpicadas por el caso Montoro. Así se desprende de los informes y correos electrónicos incorporados a la causa, en los que se hace constar que dicha relajación chocaba con el criterio de los técnicos, quienes hicieron constar, incluso, que la misma podía "incentivar u ocasionar grandes bolsas de fraude".
Con la ansiada rebaja fiscal de 2014 ya encarrilada gracias a la mediación del despacho fundado por el exministro de Hacienda, el siguiente gran reto de las gasistas era el relativo al reglamento que desarrollaría la nueva ley tributaria que estaba en tramitación –en concreto, el Reglamento de los Impuestos Especiales–. Al fin y al cabo, en él se establecería el sistema de vigilancia con el que se comprobaría el cumplimiento de las exigencias fijadas en la ley para poder acogerse la bonificación del 85% en el Impuesto sobre la Electricidad.
La idea inicial pasaba por establecer severos requisitos de control. Es lo que se desprende del intercambio de correos electrónicos intervenidos en la causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus. Así, en un mail que salió el 26 de agosto de 2014 de la Agencia Tributaria con destino a la Dirección General de Tributos se incluyeron archivos con "observaciones técnicas favorables al mantenimiento y exigibilidad de un mayor detalle de la regulación de los requisitos de previo control del cumplimiento de las exigencias" legales para poder acogerse a la rebaja fiscal.
Es más, en las observaciones a uno de los artículos del citado reglamento incluidas en dicho correo, tal y como hace constar la Agencia Tributaria en un informe de 2023 incorporado a la causa, incluso se llegaba a plantear "el establecimiento de obligaciones de control periódicas", de forma que los contribuyentes –en este caso, las compañías gasistas– se vieran obligados a presentar cada cierto tiempo una declaración informativa haciendo constar la tarifa, el tipo de contrato o la facturación por energía consumida y peajes, entre otros detalles.
Una vez emitido informe favorable a la exigencia de severos requisitos de control que aseguraran el cumplimiento de los requisitos legales para el disfrute del beneficio fiscal, un correo interno fechado el 16 de octubre pone de manifiesto una redacción del articulado "coherente" con tales exigencias. En él se establecía que las empresas que quisieran acogerse a la rebaja fiscal por actividades industriales que consumieran electricidad debían aportar una memoria económica que acreditase que tal consumo suponía el 50% del coste del producto.
Pero todo empezó a cambiar once días después. En concreto, el 27 de octubre. Precisamente, el día en que la patronal de las gasistas –la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim)– y algunas de las empresas investigadas mantuvieron una reunión con el Subdirector General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, Pablo Renieblas. Un encuentro que, según los Mossos d'Esquadra, atendía "a la intención" de "poder influir" en la redacción de un reglamento que "solicitaba tener que cumplir con muchos requisitos" que les "complicaba poder acogerse a la reducción del impuesto".
La reunión estaba fijada para las 9.30 horas. En ella, según trasladó por correo electrónico unos días más tarde el secretario general de Afgim, Carlos Romero, las gasistas expusieron sus "puntos de vista", que fueron "formalmente presentados" mediante un escrito preparado por Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro al que acudieron estas compañías porque tenía "contacto directo con el ministro". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 673.500 euros la cantidad abonada desde 2014 a Equipo Económico por las siete firmas gasistas y la patronal bajo la lupa judicial.
Poco después, a las 15.58 horas, desde el Gabinete de Dirección de la Agencia Tributaria se remitieron a la Dirección General de Tributos y la Secretaría de Estado de Hacienda observaciones al texto del proyecto de reglamento. "Se propone la práctica eliminación de los requisitos de previo control", se recogen en los informes aportados a la causa. Así, por ejemplo, se planteaba que no se exigiera "memoria" alguna, "ni descriptiva del destino que dará a la electricidad, ni económica". "No se indicará tampoco cantidad alguna de electricidad que se vaya a beneficiar de la reducción", se recogía en el informe de alegaciones.
De un control severo a una "mera comunicación"
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Dichas observaciones, que llegaron al Gabinete de Dirección a primera hora de ese mismo día procedentes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, acabaron siendo finalmente acogidas. El 14 de noviembre se elevó el proyecto definitivo de reglamento a la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría General Técnica. Un texto del que se eliminó todo lo que tenía que ver con la memoria. En la nueva redacción, bastaba "una mera comunicación de cumplimiento de los requisitos exigibles para gozar del beneficio fiscal", sin aportar "justificantes acreditativos".
Un mes después, Jacobina Escamez, de la gasista Praxair, celebraba los cambios. "Gracias a dios, parece que ahora no vamos a tener que presentar memoria económica", dejaba escrito en un mail enviado a varios colegas del sector el 18 de diciembre, horas antes de la aprobación del reglamento en Consejo de Ministros. Y no es de extrañar la euforia, teniendo en cuenta los quebraderos de cabeza que podrían haber provocado los mecanismos estrictos de control a las compañías a la hora de acceder a las ansiadas ventajas fiscales, que llevaban meses peleando sin éxito y que solo consiguieron tras contratar a Equipo Económico.
En este sentido, la Agencia Tributaria recuerda la existencia de un informe interno individualizado de la consultora Ernst & Young de ese mismo año centrado en la compañía Carburos Metálicos "donde se reflejaría que 2-3 de sus 4 plantas no cumplen el requisito de superar el umbral legal del 50% para obtener el beneficio fiscal de referencia".
El Ministerio de Hacienda liderado por Cristóbal Montoro planteó, como exigían las gasistas, rebajar al máximo los controles para acogerse a los nuevos beneficios fiscales el mismo día que mantuvo una reunión al más alto nivel con las firmas de dicho sector salpicadas por el caso Montoro. Así se desprende de los informes y correos electrónicos incorporados a la causa, en los que se hace constar que dicha relajación chocaba con el criterio de los técnicos, quienes hicieron constar, incluso, que la misma podía "incentivar u ocasionar grandes bolsas de fraude".