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Iglesias plantea que sus cargos en la Administración no cobren más que los empleados públicos

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Que los cargos públicos de Podemos no puedan cobrar más que los empleados sujetos a convenio. Es la propuesta que, a iniciativa del Círculo de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía, ha incluido este martes el equipo promotor de la formación –capitaneado por Pablo Iglesias– en el documento ético que presentó el pasado día 22 en el marco del congreso fundacional del partido.

La modificación de la propuesta ética de Iglesias –el documento que, de salir elegido en la votación que se llevará a cabo entre los días 20 y 26 de octubre, deberán firmar todos los afiliados para integrarse en Podemos– se produce tan sólo un día después de que el equipo promotor –formado, además de por el líder del partido, por Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre– aceptase incluir mecanismos para facilitar la convocatoria de consultas vinculantes en su propuesta organizativa. Por su parte, el nuevo añadido viene a establecer las limitaciones salariales a las que tendrían que someterse los cargos designados por Podemos en Admnistraciones y empresas públicas.

En este sentido, a los diez puntos que planteaba la propuesta ética inicial del equipo promotor –entre los que se encuentran la prohibición de financiarse a través de préstamos bancarios o la obligación de celebrar primarias para elegir a los candidatos electorales, así como de renunciar a cualquier cargo tras una eventual imputación– se une ahora un epígrafe número once dedicado a la gestión del dinero público que pudiesen ejercer cargos designados por Podemos, unos responsables que estarían obligados a "renunciar en las Administraciones y Empresas Públicas a percibir un salario superior a los recogidos en el convenio colectivo o en el régimen retributivo del resto de personas empleadas sin percepción de complementos o conceptos retributivos diferentes".

"No habrá privilegios de ningún tipo, solamente los derechos derivados el Convenio Colectivo que les será íntegramente de aplicación", señala el borrador, que también prohibiría a los cargos de Podemos cobrar por pertenecer al consejo de administración de un organismo público en el caso de que el desempeño de este cargo viniese "derivado del ejercicio de sus funciones públicas". Y no son las únicas restricciones a nivel económico: los miembros del partido designados para ocupar puestos públicos deberán renunciar a cualquier fondo o plan de pensiones del que no puedan disfrutar los empleados de la Administración.

Los cargos de Podemos también estarán obligados a "no percibir ninguna remuneración, ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación" en el puesto. "Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público serán repuestos con carácter definitivo en el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de trabajo", señala el nuevo documento.

Rechazo a los coches oficiales

De igual manera, también se contemplan limitaciones para algunas de las derechos más polémicos de los que disfrutan algunos cargos públicos, como la posibilidad de utilizar coches oficiales. En este aspecto, la nueva propuesta del equipo promotor es clara: los altos cargos de Podemos "renunciarán a la asignación de vehículo oficial de carácter permanente excepto cuando los cuerpos de seguridad del Estado así lo recomienden expresamente por razones de protección personal". "En cualquier otro caso", matiza el documento, "el uso de vehículos oficiales sólo podrá hacerse cuando sea imprescindible para el servicio público [...] y en ningún caso se utilizarán para desplazarse al domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados con lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas".

Los cargos del partido tampoco podrán recibir, si se aprueba finalmente esta propuesta, ayudas para el alquiler de una vivienda si disfrutan de "residencia continuada –bien por alquiler o compra– en la localidad o alrededores donde se encuentre la sede en la que ejerzan sus funciones públicas". En caso contrario, los representantes de Podemos sí podrían percibir esta subvención y el documento no pone coto a la cifra, más allá de que se trate de un montante "justificado" que permita al cargo público costearse una vivienda "digna y adecuada a las necesidades de su familia".

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