Homofobia

Imputados los responsables del colegio que no admitió al hijo de un matrimonio gay

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El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla ha imputado al director general del colegio privado Yago School de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y a la directora de admisión al considerar que existen "motivos suficientes" para atribuir a éstos un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas en la Constitución española, por supuestamente negarse a escolarizar al hijo de un matrimonio homosexual.

Según el auto, recogido por Europa Press, el juez Carlos Mahón ha dispuesto continuar con el trámite de procedimiento abreviado contra los imputados "por su participación en un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas". Los hechos se remontan a febrero de 2012, cuando el matrimonio intentó inscribir a su hijo, que tenía entonces tres años, en el citado centro, algo que tanto la responsable de Admisión y como el director de las instalaciones rechazaron, alegando la ausencia de plazas. Sin embargo, ante la supuesta matrícula con posterioridad a ese rechazo, algo para lo que la acusación aporta documentación de la entidad bancaria pertinente, se procede a la denuncia del centro.

De este modo, considera que existen "motivos suficientes para atribuir la perpetración de los hechos a los imputados", mencionando sus declaraciones, la documentación aportada por una entidad financiera y por el expediente administrativo incoado por la Consejería de Educación, elementos ante los que "se deduce, aunque sea de manera indiciaria, que ambos rechazaron la solicitud del menor debido a que pertenecía a una familia homoparental". 

En este marco, la resolución ha sido notificada a los imputados, al Ministerio Fiscal y a la acusación para que en el plazo de diez días pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Contra esta resolución, que no es firme, recuerda que cabe un recurso a presentar en un plazo de tres días.

Por su parte, la Federación Andaluza Colegandalus –un colectivo que agrupa a varias asociaciones por la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales– ha celebrado la imputación y han mostrado su deseo de que se condene al colegio y sus responsables al considerar la exclusión del niño "un delito que atenta contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Carta Magna de nuestro país, además de constituir un clarísimo ejemplo de trato discriminatorio que no se debería permitir en los centros educativos, ya sean públicos o privados", según ha señalado Antonio Ferre, presidente regional de Colegas.

Además, Ferre ha pedido al Gobierno andaluz un plan integral contra la discriminación y el acoso en los centros educativos de forma que se creen protocolos de actuación para los centros y los docentes y evitar cualquier tipo de discriminación y acoso. "Es necesario y fundamental que la Administración trabaje en este camino de pedagogía social en el tema LGBT, ya que las leyes progresistas aprobadas hace unos años y que ha puesto a España como ejemplo de libertades deben ir acompañadas por instrumentos de pedagogía social que calen en la sociedad andaluza", ha comentado el responsable.

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