Las incógnitas, el silencio y la amenaza de recursos no retirados sobrevuelan Madrid Central en el inicio del curso político

El curso político ha dado comienzo esta semana, también en Madrid. En materia de movilidad, tras un cambio de manos del bastón de mando del Ayuntamiento, se vive una tregua tras unos meses intensos de polémica, reproches, manipulación y decisiones judiciales en torno a la zona de bajas emisiones del centro de la capital, Madrid Central. Dos jueces suspendieron cautelarmente la moratoria de multas que impuso la nueva corporación municipal, al entender que la protección de la salud y el medioambiente estaba por encima de lo demás. A la vuelta de las vacaciones, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que no recurriría la suspensión. Pero aún queda el fondo.

Prácticamente descartada la supresión completa de la medida por las presiones de la Comisión Europea, está por ver cómo el Gobierno municipal reforma Madrid Central. Es decir, si la descafeína  hasta la irrelevancia –algo difícil, dado el ojo avizor de Bruselas– o si quita restricciones a cambio de ampliar su área de acción, algo que podría casar el rechazo neoliberal a las prohibiciones a los vehículos, símbolos de la libertad individual, con la protección del medioambiente. Algo así sugirió el alcalde el pasado jueves, en un corrillo con la prensa, al asegurar que su intención es hacer "algo más grande".

La oposición, tanto la política como la de la sociedad civil, está alerta tras un agosto de calma chicha. En septiembre, el Ayuntamiento presentará el nuevo Madrid Central, aunque no ha detallado cuándo. El equipo de Gobierno se niega, consultado por infoLibre, a dar alguna pista sobre la fecha, más allá de "las próximas semanas" o sobre el contenido de la reforma, ni en fondo ni en forma. La Plataforma en Defensa de Madrid Central lamenta que no ha habido ningún tipo de interlocución con ellos, ni con ninguna asociación interesada en el tema, para diseñar la nueva zona de bajas emisiones.

"Hasta ahora no tenemos ninguna información. No se ha puesto en marcha ningún mecanismo de participación de la mesa de movilidad (...) Y cualquier cosa que se haga de manera apresurada, y que no le ponga muchas restricciones al coche, puede ser ineficaz y hasta chapucero", critica el coordinador de la plataforma y miembro de Ecologistas en Acción Paco Segura. En julio, explica, se convocó una reunión de la mesa de seguimiento de Madrid Central (prevista por la ley), en la que fueron todos los grupos críticos con la moratoria y favorables a mantener tal cual está (o endurecer, incluso) la zona de bajas emisiones. "Se dijo que era 'para recoger ideas'. Y ahí se quedó", explica el activista. En contraste, el llamado Plan A, elaborado por el Gobierno municipal de Ahora Madrid, se hizo en base a conversaciones y feedback continuo de la sociedad civil y fue abierto a consulta pública.

"En la comisión de Medio Ambiente y Movilidad llevé varias iniciativas, pregunté… y por entonces estaban muy perdidos, y creo que siguen muy perdidos, que ni el alcalde sabe por dónde tirar", afirma el portavoz de Medio Ambiente y Movilidad del grupo municipal socialista, Alfredo González. "A día de hoy lo que más o menos podemos saber es que no tienen nada decidido, que han empezado tarde. No tienen cerrado, ni mucho menos, las líneas básicas", asegura el político, que al igual que Segura descarta que el Ayuntamiento esté buscando algún tipo de consenso mínimo a la hora de abordar la reforma.

El PSOE, además, advierte: Madrid Central era una medida más de un plan de calidad del aire con carácter de ordenanza. Así que no basta, simplemente, con sacar un nuevo plan: hay que modificar la ordenanza. "Y eso son, como mínimo, seis meses", afirma González. 

Madrid Central se diferencia esencialmente de la mayoría de las zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades europeas en dos conceptos: su tamaño y la severidad de sus restricciones. Urbes como Londres, Ámsterdam o París cuentan con áreas mucho más grandes, pero ninguna prohíbe la entrada a la práctica totalidad de los coches con un solo motor de combustión como la española. En el caso de que Madrid Central se ampliara quitando prohibiciones, se parecería más a sus vecinas: en el caso de que se volviera más laxa sin cambiar de tamaño, se convertiría en una de las ZBE menos relevantes del continente. Es otra de las opciones que se barajan, según González: permitir la circulación en fines de semana o en calles determinadas, como la Gran Vía.

La hipotética medida de ampliar Madrid Central a otras zonas tiene sentido atendiendo a los datos de contaminación de la ciudad. Desde que las multas –que quería quitar Almeida– entraron en vigor, la contaminación bajó de manera drástica en la almendra central, hasta niveles nunca vistos. Sin embargo, se mantuvo similar o solo registró una pequeña bajada en las zonas anexas. Hay auténticos epicentros de polución que siguen incólumes, como la Plaza Elíptica. Sin embargo, la experiencia de ciudades como Berlín muestra que, por muy grandes que sean las zonas afectadas por las medidas, si las restricciones no son lo suficientemente duras, los efectos sobre los niveles de contaminación son mínimos.

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Decisiones judiciales pendientes

En todo caso, más allá de unas crípticas palabras del alcalde, aún no hay ninguna pista sobre lo que piensa hacer el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Lo que prácticamente se descarta es que Bruselas permita desmantelar por completo la zona y el propio equipo de Gobierno ya ha confirmado que enviará sus nuevos planes a la Comisión Europea. Lo "paradójico", según afirma Segura, es que tanto el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento (que ahora gobierna) como el anterior Gobierno de la Comunidad de Madrid (en el que siguen los conservadores, ahora con la presencia de Cs) pusieron seis recursos contra Madrid Central.

Todos ellos pidieron la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones, aunque no se concedieron. Aunque aún queda resolver el fondo del asunto. Y como los recursos pidieron anular Madrid Central, si se estiman, tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid podrían enfrentarse a una decisión judicial en teoría contraria a sus intereses. Eso si no retiran el recurso, claro. Por ahora no lo han hecho. "Nosotros estamos personados en los seis, y pensamos que van a perder los seis", apunta el portavoz de la plataforma. Pero podría darse una sorpresa que cambiara, de manera radical, el futuro del área anticontaminación más ambiciosa del país.