Economía

El incumplimiento del déficit pone en riesgo ayudas millonarias de la UE para empleo y desarrollo rural

El incumplimiento del déficit pone en riesgo ayudas millonarias de la UE para empleo y desarrollo rural

Cientos de millones de euros en ayudas al empleo, la inclusión social, las pymes, el desarrollo rural o la investigación corren peligro a causa del incumplimiento del objetivo de déficit por parte del Gobierno. Más allá de la multa que la Comisión Europea podría imponer a España –decidirá al respecto el próximo miércoles–, el Ejecutivo comunitario también tiene en el punto de mira la congelación de algunos de los fondos a los que el país tiene derecho, que para el año que viene ascienden a 14.497 millones de euros.

Bruselas lleva semanas planteándose sancionar a España por no haber cumplido su objetivo de déficit en 2015 por casi un punto –un 5,16% frente al 4,2% acordado–, un incumplimiento que viene siendo habitual en los últimos años. Pero el procedimiento de sanción, en el que también está implicado Portugal, no sólo puede acarrear una multa a España de hasta el 0,2% de su PIB –unos 2.000 millones de euros–, sino que además puede suponer que la Comisión Europea suspenda la entrega de algunas de las ayudas comunitarias hasta que el Gobierno entregue un plan de medidas para reducir el déficit que Bruselas apruebe.

El pasado mes de abril, El País informó de que la UE ya tiene congelados 1.122 millones de euros en ayudas a España por irregularidades en el control que realizan los organismos que gestionan la aplicación y la justificación de los proyectos. Y estas paralizaciones podrían ir a más, ya que el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, envió una carta al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, detallándole una relación de más de 60 programas de ayuda que "podrían estar sujetos a suspensión" a causa del déficit excesivo de España. La misiva la hizo pública Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV.

La Comisión Europea no tomará la decisión sobre estos fondos hasta después del verano, y según la normativa podría suspender hasta un 50% de los fondos para 2017 siempre que la cantidad congelada no exceda el equivalente al 0,5% del PIB de España, unos 5.000 millones de euros. Entre los programas que corren peligro se encuentran todos los referentes a desarrollo rural de las comunidades autónomas, así como los específicos para el empleo, las ayudas de pesca o las subvenciones para el cambio de modelo energético y la investigación.

Los programas de empleo, en riesgo

En este sentido, los programas específicos para reducir la tasa de desempleo suponen una inversión total por parte de la UE de 6.171 millones de euros en el periodo 2014-2020 –los presupuestos comunitarios se establecen por septenios–. Existe un plan para cada comunidad y ciudad autónoma, así como una pequeña partida presupuestaria destinada la asistencia técnica para poner en marcha estos programas y un proyecto, el más jugoso, a nivel estatal, que cuenta con una financiación europea de 2.115 millones de euros, de los cuáles 353 se entregarían en 2017.

Entre los objetivos de este programa estatal se encuentran los de "reducir las dificultades de colocación de los grupos vulnerables", "aumentar el empleo y la calidad del trabajo, así como eliminar los factores de desigualdad entre hombres y mujeres", "reducir el riesgo de pobreza" y "mejorar la educación y la formación y reducir el abandono escolar".

Con ligeras variaciones y concreciones, esas mismas son las metas de los programas autonómicos, entre los cuales destaca a nivel económico el destinado a Andalucía –con una aportación europea de 954,5 millones y un presupuesto de más de 152 en 2017–, Galicia –313 millones en total de fondos europeos, 47,3 el año que viene–, la Comunidad de Madrid –una inversión europea total de 334 millones, con un presupuesto de 55,4 millones en 2017– o Cataluña –un plan con 304 millones de fondos europeos, 52,8 el año que viene–.

El desarrollo rural y el i+D no se libran

También se ven amenazados los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas y el Estado, que suman una inversión total de 8.316 millones de euros procedentes de las arcas europeas para el septenio 2014-2020. En términos absolutos, de nuevo la comunidad que más se beneficia de estos fondos es Andalucía, que en total tiene acordado recibir 1.910 millones de fondos europeos, 272,2 durante el año que viene. El plan de desarrollo rural castellanomanchego también es especialmente cuantioso –1.147 millones en siete años, y casi 164 en 2017–, y algo menores son los de Castilla y León –989 millones–, Extremadura –890 millones– y Galicia –889 millones–.

Existe una tercera modalidad de ayudas europeas que se reparten a nivel autonómico y que también podrían verse afectadas por la congelación: los llamados programas de desarrollo regional, que se centran en ofrecer ayudas a sectores como el i+D, las industrias relacionadas con el medio ambiente o las pymes. En términos absolutos, de nuevo el territorio más beneficiado por este proyecto es Andalucía, que tiene derecho a percibir 2.908 millones de euros entre 2014 y 2020, de los cuales 422 le corresponderían en 2017.

En este sentido, zonas como Canarias, Galicia o Cataluña también podrían verse muy perjudicadas si la congelación de las ayudas afectase a los fondos destinados al desarrollo regional. En el caso del archipiélago, le corresponde recibir 997 millones de euros durante el septenio, y podría ver paralizados los 145 que ingresaría el año que viene. Galicia, por su parte, tiene acordado ingresar 883 millones, de los cuáles 128 serían en 2017, y a Cataluña le corresponden 808 millones de euros, 123,8 el próximo año.

La UE también apunta a los proyectos estatales

Algunos programas europeos a nivel estatal también corren el riesgo de ser congelados por la UE a causa del incumplimiento del objetivo de déficit. Tres de ellos son especialmente cuantiosos y suponen un importante pellizco para las arcas públicas: los destinados a las ayudas para la pesca (España recibirá un total de 1.161 millones de euros en este septenio), la inversión en i+D (con una cuantía total de 3.939 millones en siete años) y, especialmente, el cambio de modelo energético (la inversión europea en España es de 5.520 millones de euros).

Sólo por este último programa, al Estado le corresponde ingresar el año que viene 795,8 millones de euros en ayudas europeas que se utilizarían en programas de eficiencia energética, transporte sostenible o mejora de la calidad del agua. La inversión europea en i+D, focalizada especialmente en ayudas a las pymes, reportaría por su parte a España 594 millones en 2017, y las ayudas para la pesca que corresponden al Estado para el año que viene ascienden a unos 165 millones de euros.

La publicación de los programas que pueden ser suspendidos a causa del incumplimiento del déficit ya ha suscitado quejas. La mandataria andaluza, Susana Díaz –cuya comunidad sería a priori una de las más afectadas–, denunció en el parlamento regional que la eventual sanción supondría "un castigo al conjunto de la población" a causa de la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Es evidente que [la multa] iba a llegar, y llegó como un castigo a la población y a las comunidades que han cumplido el déficit, por el tacticismo o irresponsabilidad de Rajoy", criticó Díaz este jueves.

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