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Un informe alerta de un "deterioro programado" de la sanidad madrileña para facilitar el avance de los fondos de inversión

Manifestación por la Sanidad Pública en Madrid.

Una sanidad pública maniatada, calada hasta el tuétano por intereses privados, sin apenas capacidad de actuación. Es el retrato del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid que ha realizado Audita Sanidad, el grupo de trabajo de auditoría ciudadana de la deuda, en un informe con la colaboración del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El estudio señala que la consejería dedicó en 2018 a "medios privados" más de 4.100 millones de euros, casi un 50% del total de su presupuesto, una cantidad que ha crecido un 15,6% desde 2015. El importe dedicado a colaboraciones público-privadas hospitalarias ha crecido un 8,4% entre 2015 y 2018, añade el estudio, que constata un creciente protagonismo de fondos de inversión. "De los siete hospitales modelo PFI [Private Finance Initiative], seis ya pertenecen a fondos de inversión", añade Audita Sanidad, que añade que los "recursos públicos transferidos" a Quironsalud/Fresenius en 2018 suponen el 5,6% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad. En cuanto al gasto farmacéutico, el informe alerta del crecimiento del 22,2% entre 2015 y 2018 y reclama una producción pública. Audita Sanidad advierte además del auge entre 2016 y 2018 de un 13,5% de la cuantía asignada a través de contratos menores. La denuncia de falta de transparencia recorre todo el documento.

Audita Sanidad señala "un deterioro programado de la sanidad pública, un incremento exponencial de la deuda y un progresivo crecimiento y consolidación del sector privado y del mercado relacionado con la industria de la salud" [ver aquí el informe]. ¿Quién gana? Entre otros agentes, farmacéuticas y fondos de inversión, señala el estudio. El informe concluye que "la industria privada" de la sanidad se ha convertido en un "agente privilegiado", con un estatus que viene fortaleciéndose desde la llegada del PP al poder, en 1995, y con un "crecimiento significativo de la cuantía económica" en el periodo analizado con mayor profundidad, 2015-2018.

Audita Sanidad denuncia además la consolidación de una dinámica de incremento continuo de la deuda, que se ha "multiplicado por ocho" en la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2018, un fenómeno que el informe vincula parcialmente con el despilfarro de una gestión sanitaria volcada en el beneficio privado. A su vez, los autores señalan cómo deuda sirve para dar cobertura a un discurso de contención de gasto en servicios públicos. Cathy Boirac, de Audita Sanidad, señaló que lo puesto de relieve por el informe servía como explicación de la fragilidad mostrada por la sanidad madrileña durante la pandemia.

infoLibre repasa los elementos más destacados del estudio.

"Medios ajenos privados"

Audita Sanidad elabora una tabla con catorce categorías que resumen el gasto liquidado de la Consejería de Sanidad "en medios ajenos privados". Ahí se incluyen productos farmacéuticos y recetas, trabajos realizados por empresas, convenios con instituciones sin fin de lucro, acuerdos para agilización de listas de espera o diálisis en centros privados, adquisición de instrumental, acuerdos hospitalarios de colaboración público-privada, empresas de proceso de datos, arrendamiento de tecnología, inversiones reales... El montante global liquidado de estas áreas en 2018 es, según el informe, de 4.131,25 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 15,6% con respecto a la cuantía de 2015.

Tabla del informe de Audita Sanidad con las diferentes partidas de gasto en recursos privados.

Esos más de 4.000 millones suponen el 49,4% del presupuesto de la Consejería de Sanidad, anota Audita Sanidad, que denuncia el proceso de "desposesión" de la Administración de su "capacidad de organizar, planificar y gestionar la sanidad pública", dado que sobre el gasto liquidado del presupuesto de 2018, "solamente el 50,6% es financiado y gestionado" directamente "por la Consejería de Sanidad". Si se resta lo dedicado a personal, el "gasto a gestionar" con margen de maniobra desde lo público se queda en 691,4 millones, lo cual supone un 8% del presupuesto liquidado de 2018, como detalló durante la presentación el economista Vicente Losada.

La "orientación conservadora y neoliberal" del PP de la Comunidad de Madrid se ha concretado, según el informe, en dos grandes tendencias en sanidad. De un lado, una política de gasto "orientada a la transferencia de recursos al sector privado, especialmente a la colaboración público-privada, al convenio singular con la Fundación Jiménez Díaz, a la compra de medicamentos a los laboratorios farmacéuticos, a la privatización de determinados servicios y a las derivaciones de pacientes y pruebas diagnósticas a las clínicas y hospitales privados". De otro lado, se ha producido –según Audita Sanidad– una decisión de "no financiar suficientemente ni dotar de los recursos humanos necesarios para la atención primaria, la salud pública y la salud mental", provocando un progresivo debilitamiento del propio servicio público.

Este periódico reguntó a los autores del informe, que lo presentaron este miércoles, por la inclusión en el cuadro de gasto en "medios ajenos privados" del gasto farmacéutico y las inversiones reales. La doctora Carmen San José, miembro de Audita Sanidad, señaló que "efectivamente" la construcción y mantenimiento de infraestructuras es necesaria, pero recalcó que es dinero de la consejería que va a parar no sólo a "constructoras", sino también a empresas que se encargan de todas las fases del proceso desde el diseño. En cuanto al gasto farmacéutico, San José afirmó que el gasto disparado en farmacia en la Comunidad de Madrid (un 22,2% más en 2015 y 2018) se debía a una planificación sin "racionalidad", a una débil penetración de los genéricos y a una falta de utilización de subastas. Audita Sanidad defiende la "introducción progresiva" de una industria farmacéutica pública.

Colaboración público-privada

El informe destaca las partidas dedicadas a los hospitales con el modelo Public Private Partnership (PPP), uno de los más extendidos dentro de las fórmulas de colaboración público-privada. Estas partidas han crecido de 293,7 millones en 2015 a 302,6 en 2018, un 3%, repartiéndose entre los hospitales Rey Juan Carlos I (Móstoles), Valdemoro, Torrejón y Villalba. El principio beneficiario es Quirón, propiedad de la alemana Fresenius. Las concesiones terminan entre 2037 y 2043, siempre según recoge el informe.

Tabla de hospitales con con el modelo public-private-partnership.

El segundo modelo de colaboración público-privada hospitalaria analizada es el PFI, es decir, el pago a empresas concesionarias de Private Finance Initiatives, que apareja un montante de 166,2 millones (la mayoría a través de un canon de 159,2 millones), lo que supone un incremento del 19,8% con respecto a 2015. Los centros beneficiados son los hospitales del Tajo (Aranjuez), del Sureste (Arganda), del Henares (Coslada), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) e Infanta Leonor (Vallecas, Madrid).

Tabla de hospitales con el modelo private-finance-initiatives.

Fondos de inversión

El informe alerta de un acaparamiento de protagonismo de los "fondos de inversión especulativos" en los hospitales PFI. "Desde 2013 se está produciendo un proceso permanente de compra de acciones a las empresas que inicialmente fueron adjudicatarias de la concesión de los hospitales modelo PFI por un periodo de 30 años por parte de diferentes fondos de capital riesgo", señala el informe, que anota la irrupción de Lloyd’s Bank European Infrastructure Partner, el fondo canadiense Brookfield, Aberdeen Infraestructure y Quaro Capital.

"De los siete hospitales modelo PFI existentes en la Comunidad de Madrid, seis [todos menos el Infanta Sofía] ya pertenecen a fondos de inversión", señala Audita Sanidad, que además subraya cómo "la compra por Fresenius de Quirón dio el puntillazo a las esperanzas de desarrollo de un sector sanitario privado español". Y añade: "En las licitaciones públicas hay una cláusula que preserva la aquiescencia del Sermas [Servicio Madrileño de Salud] en caso de venta de la concesión, pero esta cláusula queda en papel mojado en caso de adquisición o de cambio en el control de la empresa, pues el Sermas nunca les puso condiciones".

Tabla de evolución de las empresas propietarias de hospitales.

Quirón/Fresenius

"Es de manifiesta negligencia la ausencia de investigaciones por parte de los organismos competentes de la Consejería de Sanidad en donde se analice el proceso y las consecuencias de los modelos de colaboración público-privada introducidos desde hace más de diez años. La cuestión clave es la búsqueda deliberada de opacidad y la negativa [...] a la rendición de cuentas para así poder saquear lo público", dice el informe.

Audita Sanidad pone énfasis en el trato de la Administración madrileña a Quirón, que según explica en su trabajo gestiona la Fundación Jiménez Díaz, tres de los cuatro hospitales modelo PPP y los centros de especialidades de Quintana y Pontones. "Los recursos públicos transferidos a Quironsalud/Fresenius en 2018 por importe de 462.513.051 euros suponen el 5,6% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad en 2018", señala el informe, que añade que Sanidad ha acumulado una deuda entre 2015 y 2018 de 722,5 millones con diversos hospitales, de cuyo accionariado total Quirón es la principal propietaria.

Gasto farmacéutico

El informe incluye lo dedicado a productos farmacéuticos y recetas, que sumó en 2018 un gasto liquidado de 2.183,4 millones, lo que supone un 22,2% de crecimiento con respecto a 2015. El gasto farmacéutico –que integra el hospitalario y el de recetas y que desde luego no es exclusivo del sistema sanitario madrileño– constituye la mayor partida de las incluidas en el estudio. Es más, supone un 52,6% del total del presupuesto "gestionado con medios ajenos", señala el informe.

La siguiente partida por cuantía corresponde a la adquisición de instrumental, material de laboratorio, quirúrgico, asistencial y de curas: 600,5 millones en 2018, un 36,8% más que en 2015.

Las colaboraciones público-privadas suman 468,9 millones, un 8,4% más, y representan un 5,6% del presupuesto liquidado de la consejería, recoge el informe.

En cuanto a los conciertos con instituciones sanitarias, no crecen en asignación. Concretamente, han caído un 25,6% entre 2015 y 2018, hasta situarse en 336,6 millones. La Fundación Jiménez Díaz acapara 242,4 millones.

Los conciertos para listas de espera, diálisis y rehabilitación suman 144,4 millones, un 20,9% memos que en 2015. Los firmados con entidades privadas sin ánimo de lucro (como instituciones de cooperación al desarrollo, Cruz Roja o Asociación Española contra el Cáncer) se quedan en 2,6 millones, un 2% menos. Los conciertos y convenios suscritos con instituciones sanitarias privadas representan en conjunto un 5,9% del presupuesto de la consejería de 2018.

Cuestionamientos

Audita Sanidad pone en cuestión aspectos básicos del funcionamiento del gasto público en servicios que benefician a agentes privados. Por ejemplo, reclama una redefinición de la categoría de organizaciones "sin fin de lucro" en el ámbito sanitario, que debería tratarse –afirma– "con más exigencia", de forma que las entidades religiosas no puedan emplear fondos teóricamente destinados a sanidad a otras áreas de su actividad. En cuanto al arrendamiento de edificios y material sanitario, Audita solicita justificaciones detalladas de los motivos por los que son necesarios.

La adquisición de instrumental y material de laboratorio, que supone 600,5 millones en el presupuesto de 2018, carece de un suficiente detalle de todos los procedimientos de asignación, según el informe. "¿Cuantas se realizan por concurso publico y cuantas se adquieren mediante la utilización abusiva de la figura de los contratos menores?", pregunta Audita. La denuncia de falta de transparencia es una constante del informe.

Subcontratación informática

El estudio también critica la subcontratación del área de informática. "Es una cesión lamentable de capacidad estratégica del Sermas a una entidad ajena. El resultado es que el Sermas pierde casi todas sus posibilidades de ejercer la unidad de dirección sobre la sanidad publica madrileña. Esta situación se agrava con la cesión de datos de salud a compañías privadas. La única hipótesis que explica esta decisión dañina es la intencionalidad de ceder la gestión estratégica del sector sanitario a entidades privadas", anota Audita Sanidad.

Contratos menores

El informe denuncia "opacidad" y "abuso" en la utilización de la figura de los "contratos menores", que totalizaron 456.291 en 2018, sumando casi 794 millones, lo que supone un incremento en dinero del 13,5% desde 2016. El economista Vicente Losada, miembro de Audita Sanidad, detecta en 2019 y 2020 una tendencia creciente a la utilización de esta figura, que todavía no han cuantificado.

La transparencia deja mucho que desear y más todavía la necesaria y obligatoria evaluación del proceso y resultados de esta gestión presupuestaria", anota Audita Sanidad, que señala "manifiestas irregularidades en el cumplimiento de las Leyes de Contratación del Sector Publico vigentes durante el ano 2018 y en su control y seguimiento por parte de la Mesa de Contratación de la Consejería de Sanidad, la Intervención General de la Comunidad de Madrid, los órganos institucionales como la Asamblea de Madrid y los partidos políticos".

Audita Sanidad lanza finalmente una batería de propuestas, que incluyen "auditorías ciudadanas" de los procesos de privatización, la exigencia de memorias con indicadores de calidad, la puesta en marcha de "estrategias de desprivatización" y la derogación de la normativa que "permite la entrada del sector privado en la sanidad pública", citando el artículo 90 de la Ley General de Sanidad.

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