Administración pública

Los interinos también salen a la calle

Imagen de archivo de una concentración de interinos docentes.

Los interinos tienen una cita este sábado en Madrid. La capital será el epicentro donde se manifestarán los trabajadores temporales de la Administración Pública, arropados por el respaldo de más de 75 asociaciones, plataformas y sindicatos. Las cifras no son exactas, pero calculan que 800.000 personas están afectadas por el abuso de la temporalidad que echa raíces en la Administración Pública. De Cibeles a Sol, los trabajadores están llamados a ocupar las principales arterias de la ciudad a partir de las 11.30 horas.

El problema que ponen de manifiesto no es nuevo. "Lo que está ocurriendo es que en todas las Administraciones, desde hace mucho tiempo, no se han estado convocando todas las oposiciones anualmente, como dice el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)". Habla Manuel Santano, secretario de la Asociación de Traballadoras Temporais e Indefinidas do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar (Asociatem). El Estatuto obliga a organizar procesos selectivos todos los años, incluyendo todas las plazas vacantes servidas por funcionarios interinos. La dinámica en los últimos años, sin embargo, ha sido la de no convocarlas o hacerlo sin incluir todas las plazas, impidiendo que estos empleados públicos temporales puedan ser fijos.

La no convocatoria de ofertas públicas ha derivado en que "la bolsa de interinos y empleados temporales haya ido creciendo", nutriéndose especialmente de personal con una "antigüedad muy alta". Una situación que choca con la directiva comunitaria 1999/70/CE, relativa al trabajo temporal. El texto proclama la no discriminación y la prohibición del abuso en la temporalidad sucesiva, pero esta norma comunitaria no se aplica en España al personal público. "En la empresa privada, si un trabajador concatena contratos temporales y pasa un lapso de tiempo, se convierte automáticamente en indefinido. Esto en la Administración Pública no ocurre", lamenta Santano.

También Jorge Azón, portavoz de la Plataforma de Interinos de La Rioja, subraya que "el problema es muy largo y todos los gobiernos o partidos políticos" tienen responsabilidad. En todos estos años "no se han creado ni sacado a oposición nuevas plazas", por lo que han ido quedando "como interinos o temporales" incluso trabajadores que llevaban "más de quince, veinte o treinta años". España, recuerda Azón, "tendría que haber adaptado la directiva europea" hace prácticamente dos décadas, pero en su lugar se ha ceñido a una "semiadaptación que deja en tres años el plazo máximo de temporalidad". Pese a ello, denuncia, "nos encontramos con plazas que están en fraude de ley". "El Estado abusó y no ha hecho lo que tenía que hacer", lamenta.

Siorella Gómez, secretaria de la Asociación para la Defensa del Empleo en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo), comenta al otro lado del teléfono que la situación de su entorno es diversa: "Además de interinos somos personas en fraude de ley, otras están en situación indefinida no fija por decisión judicial" y ella misma lleva "trece años con un contrato de obra y servicio". Lo que llevan años demandando, reitera, es la conversión de sus contratos en fijos y "consolidar los derechos" que han ido adquiriendo con el paso del tiempo. "El que menos antigüedad tiene es de ocho o diez años", subraya. En la Junta de Andalucía, lamenta, se han ido "aprovechando de la situación para no sacar plazas públicas".

El acuerdo con los sindicatos

A finales de marzo de 2017, la situación de la temporalidad se pone sobre la mesa como urgencia. Los sindicatos mayoritarios –CCOO, UGT y CSIF– alcanzan un acuerdo con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para convocar oposiciones y que las personas en situación de interinidad pudieran pasar a fijos. "Como esas tasas de temporalidad eran tan grandes, los sindicatos y Montoro firmaron un acuerdo después de que la UE les diera un toque de atención", explica Santano. Muchos de los trabajadores lo llamaron el "acuerdazo". Lo que prevé el pacto, denuncia Santano, es el requisito de superar un procedimiento de oposición que los trabajadores rechazan encarar. "Un interino que entró en la Administración hace 20 años habría podido prepararlo, pero no en las condiciones actuales", lamenta. Además, recuerda, muchos de ellos "ya superaron una oposición en su momento, a la que se accedió sin plaza y quedando en lista". Los que no lo hicieron mediante este procedimiento, aterrizaron en la Administración Pública mediante "bolsas de trabajo, a través de un sistema equiparable a un concurso de méritos y entrando en lista".

El acuerdo que cumple ahora tres años, continúa el interino, no favorece a los trabajadores. "Los que llevamos ocupando quince años una plaza consideramos que ya hemos demostrado el mérito y la capacidad para ocuparla", lanza. Coincide Gómez, quien recuerda que la Administración "se ha ido nutriendo de personal temporal" para después "echarlo en la calle" porque los trabajadores "difícilmente se podrían poner a estudiar una oposición" actualmente. Azón llega a la misma conclusión: "Esas plazas las quieren sacar a oposición para dejarnos en la calle, lo que sería un despido libre y gratuito".

En el marco de la batalla, Santano recuerda que sus reivindicaciones suponen un coste cero para las arcas públicas. "Hablamos de personal con el que ya se cuenta, que tiene una experiencia y que simplemente tendría que regular", recalca. En cambio, si se opta por la vía de la oposición y los interinos "se van a la calle reclamarán una indemnización por el incumplimiento de la normativa europea", lo que sí tendría un impacto económico. Al final, valoran los trabajadores consultados, se trata de una cuestión estrictamente de voluntad política.

El acuerdo de 2017 también derivó en una cadena de reproches hacia los sindicatos por parte de los trabajadores. "Nos sentimos totalmente traicionados", reconoce Santano. Coinciden con él Gómez y Azón, este último carga contra las agrupaciones sindicales de manera contundente: "Los sindicatos en España miran por los intereses de la empresa, los trabajadores sólo somos sus clientes". Sí salvan, no obstante, a organizaciones "más pequeñas y no subvencionadas, cuyos intereses se alinean con el de los trabajadores". Santano menciona a la CNT y la CUT (Central Unitaria de Traballadoras), precisamente dos de los que apoyan la movilización de este sábado.

El dictamen europeo

El 19 de marzo se prevé que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre los casos de tres trabajadores interinos y temporales del Servicio Madrileño de Salud que suman entre doce y dieciocho años en esa situación. En caso de que la sentencia sea favorable, la Administración Pública podría verse obligada a hacer indefinidos a la mayoría de los interinos que así lo reclamen en los tribunales.

Por el momento, los trabajadores tienen las expectativas altas. En octubre, la abogada general del TJUE emitió un informe que "vino a argumentar varias cuestiones bastante beneficiosas para el colectivo", coinciden los afectados. El tribunal desliza que "la fijeza automática sería viable", aunque en caso de no proceder por ese camino, indica que "las oposiciones no podrían ser libres, sino restringidas y específicas para el personal temporal en fraude o en abuso". El informe, que reprocha a España haber incumplido sistemáticamente las normas comunitarias, marcará previsiblemente las líneas del dictamen que se emitirá en un mes.

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