Transparencia

Interior lidera la denegación de solicitudes de información en el portal de la transparencia

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

El Ministerio del Interior es el departamento del Gobierno que más denegaciones de solicitudes de información ha realizado desde la entrada en vigor del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, el 10 de diciembre de 2014.

Según datos del propio portal, analizados por infoLibre, en los últimos tres años se han denegado, al menos, 209 solicitudes de información. 53 de ellas, lo que supone el 25,8% del total, tienen su origen en el departamento liderado por Juan Ignacio Zoido.

En el listado, sigue al Ministerio del Interior el de Fomento, con 37 resoluciones denegatorias, el 17,2%. A continuación se ubican Industria (28), Economía (15), Defensa (14), Hacienda (14), Exteriores (12), Empleo (8), Justicia (6), Presidencia (6), Educación (6), Sanidad (6) y Agricultura (4).

Según la citada ley, hay doce causas que pueden dar lugar a la denegación del derecho de acceso.

Se entiende que son aquellas que puedan suponer un perjuicio para la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente.

Si se tienen en cuenta los motivos por los que los distintos ministerios rechazan dar respuesta a las preguntas planteadas, esencialmente se debe a "intereses económicos y comerciales" (42 expedientes) y a cuestiones relacionadas con la "seguridad pública" (28 expedientes). En 62 expedientes convergen varias causas de las doce citadas.

Casa del Rey: datos de carácter reservado

Algunos de los asuntos que Interior ha dejado sin responder tienen que ver con la Casa del Rey. Por ejemplo, se decidió denegar la información al ciudadano que preguntó por el "número de miembros de seguridad" al servicio de esta institución. Y también al que preguntó "lo que cuesta la casa real". Igualmente se rechazó facilitar los datos de la "partida presupuestaria para el servicio de la Casa del Rey".

En todas estas respuestas, desde Interior se subraya que "el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, otorga la clasificación de reservado, a los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos, así como a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma". 

También se añade que lo anterior "no es óbice para acceder a aquellos otros datos" de interés "publicados en los datos de la página web de la Casa de S.M. el Rey".

Renfe y los intereses económicos

Dentro de las denegaciones relacionadas con el Ministerio de Fomentose incluyen varias sobre el servicio de Renfe. Una de las solicitudes, fechada el 4 de julio de 2016, reclama, "para cada uno de los meses de los años 2014, 2015 y 2016" que se se precise "cuántos servicios/frecuencias de ancho métrico ha tenido que suspender/cancelar en cada uno de los núcleos de Cercanías declarados obligaciones de servicio público".

A la hora de justificar la no concesión de la información, Pablo Vázquez Vega, presidente de la entidad pública empresarial Renfe-Operadora, recuerda una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en la que se considera que "desvelar información a terceros sobre la calidad del servicio que se presta [...] sí puede considerarse [...] perjudicial para los intereses comerciales de la compañía que presta el servicio". 

Así, entiende que la Administración "no tiene la obligación de publicar" ese tipo de información que "podría hacer que los viajeros prefiriesen utilizar otra vía de transporte diferente, como el avión y el autobús y descendiera, con ello, la demanda esencial para mantener el necesario servicio de ferrocarril en condiciones óptimas de explotación".

Calcados argumentos se emplean para no facilitar cuántos trenes de cada uno de los núcleos de Cercanías fueron puntuales y cuántos tuvieron demoras en el periodo comprendido entre 2012 y 2015.

Como en los dos casos anteriores, Renfe-Operadora consideró perjudicial para sus intereses desvelar cuántos "maquinistas de mercancías" están adscritos a cada una de las bases. "Renfe Mercancías tiene una parte pública que está sometida al cumplimiento estricto de los requisitos de transparencia, pero desempeña su actividad en un entorno liberalizado cumpliendo las reglas establecidas por la dinámica competitiva". Por ello se entiende que facilitar esos datos relacionados "con su capacidad de competir dañaría sus intereses económicos y comerciales ya que supondría la puesta a disposición de los competidores de una información sensible que colocaría a Renfe Mercancías en una posición de desventaja que le impediría competir en igualdad de condiciones".

En cambio, de ese mismo expediente sí se concedieron los datos relativos a los maquinistas de Cercanías y regionales.

Protección del medio ambiente

El Portal de la Transparencia sólo da cuenta de una resolución denegatoria motivada por la "protección del medio ambiente". 

En el expediente se rechaza facilitar uno de los tres datos reclamados por un particular relacionados con la gestión medioambiental del Ministerio de Defensa. Concretamente, se solicitaba "una copia del Plan General de Medio Ambiente (2007-2021)".

En respuesta, la Dirección General de Infraestructura de la Secretaría de Estado de Defensa considera que la divulgación del citado plan "supondría un perjuicio" para el medio ambiente, "toda vez que es uno de los documentos que componen el Plan Director de Infraestructura 2007-2021" y se trata de "un documento de 'difusión limitada' cuya revelación va en contra de los intereses y la misión del Ministerio de Defensa".

¿Unos límites demasiado amplios?

En el momento de la redacción de la Ley de Transparencia y de puesta en marcha del Portal, los partidos políticos de la oposición y colectivos en defensa de la transparencia en la administración pública ya mostraron sus reservas al considerar demasiado amplios los límites para el acceso de la información.

Como norma general, las resoluciones dictadas son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de una reclamación ante el CTBG

Desde la puesta en marcha del Portal de la Transparencia hasta el 31 de agosto de 2017 –últimos datos que se facilitan– se han presentado un total de 844 reclamaciones antes el CTBG. De ellas, 453 fueron desestimadas o inadmitidas.

Algunas de estas quejas se saldan con el éxito de los demandantes y con una resolución judicial que obliga a las instituciones a quitar el velo de los datos demandados. Pero el Estado pelea en muchos de los casos para que la información siga guardada en un cajón, oculta a los ciudadanos. La base de datos del CTBG contabiliza 34 recursos de la Administración General del Estado contra sus resoluciones desde 2015.

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