IU insta a Gallardón a atender la petición de Pedraz sobre el ‘caso Couso’

El portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha emplazado al Gobierno a atender la petición del juez Santiago Pedraz de instar a Estados Unidos a que extradite a los militares acusados de la muerte en 2003 del periodista José Couso en la Guerra de Irak –el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson–, así como a que se tome declaración como testigo a la sargento Adrienne Kinne.

"¿Qué medidas piensa adoptar ante la solicitud presentada por el juez Santiago Pedraz para que el Gobierno tome las medidas oportunas ante el incumplimiento por parte de las autoridades estadounidenses del Tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, en relación con el caso Couso?", reza la pregunta registrada en el Congreso por Llamazares.

De esta forma, el diputado convierte en iniciativa parlamentaria la reclamación realizada por el juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación de la muerte del cámara de televisión José Couso durante la invasión de Irak en el año 2003. El pasado 3 de enero, el juez Pedraz reclamó al Ejecutivo –a través del Ministerio de Justicia– que "adopte las medidas oportunas" con respecto a lo que considera un "incumplimiento de las disposiciones previstas en el Tratado bilateral de extradición" existente entre España y Estados Unidos.

En su iniciativa, Llamazares recuerda que el auto del magistrado "es consecuencia de la petición realizada por la Fiscalía, después de que la acusación particular en esta causa solicitara a principios del pasado mes de diciembre al titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que imputara por un delito de encubrimiento a las autoridades estadounidenses y españolas "al no haber cooperado las mismas de conformidad a los tratados bilaterales firmados entre ambos países".

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Falta de colaboración

En su auto, el magistrado confirma la argumentación del Ministerio Fiscal y da por constatada "la falta de colaboración de las Autoridades competentes de los Estados Unidos de América", que habrían imposibilitado "el agotamiento y la conclusión" de la instrucción.

Pedraz coincide con la Fiscalía en que existe esta falta de colaboración, pero rechaza emprender acciones legales en este sentido porque asegura que "el encubrimiento que se denuncia no encaja en los supuestos enumerados en la Ley Orgánica del Poder Judicial", así como que la responsabilidad de que se cumplan los tratados bilaterales es del Gobierno, no de la Justicia. Sin embargo, el juez sí que dispone comunicar al Ministerio de Justicia "la falta de colaboración de las Autoridades competentes de los Estados Unidos de América y, en consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Tratado bilateral de extradición" con el fin de que "el Gobierno de España adopte las medidas oportunas".