Protestas sociales
Dos jóvenes piden amparo al Constitucional por una agresión policial tras una protesta en el Congreso
Marta y Ghanina no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados tras las agresiones policiales que, aseguran, sufrieron el 29 de septiembre de 2012 al término de una protesta en las inmediaciones del Congreso. Y por eso han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Según su testimonio, ambas fueron sacadas "a porrazos" de un bar en el que se habían refugiado tras verse acorraladas por agentes que estaban actuando en una de las calles adyacentes a la Cámara. Tras golpearlas "repetidamente con las defensas en cabeza y cuerpo" las dejaron marchar sin filiarlas ni detenerlas. Como consecuencia de estas agresiones ambas tuvieron heridas en el cuero cabelludo que necesitaron grapas para cerrarlas, un traumatismo craneoencefálico leve y policontusiones, según sendos partes de los servicios de Urgencias.
El caso ya ha sido visto por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid –que lo archivó sin efectuar las diligencias de investigación– y por la Audiencia Provincial, que también le dio carpetazo bajo el argumento de que las agredidas no fueron capaces de facilitar el número de identificación de los agentes implicados ni ningún otro elemento susceptible de identificarles. A juicio de las afectadas, los agentes portaban un chaleco antitrauma que tapaba el número de identificación profesional que todo funcionario de policía está obligado a portar de manera visible. Asimismo, aseguran que aportaron dos grabaciones de vídeo –una casera y otra de la cadena de televisión LaSexta– donde se pueden ver los números de tres furgonetas policiales, de las que solo se han identificado a los componentes de una de ellas.
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Pues bien, ahora, con la ayuda de los abogados de Legal Sol –que desde el 15 de mayo de 2011 prestan asesoramiento jurídico a detenidos en protestas– ambas han presentado un recurso de amparo ante el Constitucional con el objetivo de que este tribunal reconozca su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la integridad física y que declare nula la resolución de la Audiencia Provincial que archivó el caso. La defensa considera que no ha existido una investigación de lo denunciado que sea suficiente y efectiva.