El escenario fue el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La IV Jornada por el Estado de derecho, organizada por la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) –que sostiene ser apolítica, pese a que amplios sectores de la judicatura, del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y gran parte del Congreso y el Senado la consideran conservadora– se dedicó en su edición de este año, celebrada el pasado viernes, al Tribunal Constitucional. Uno de los invitados estrella fue el exmagistrado del órgano de garantías a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y actual miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo –la que controla la legalidad de los actos del Gobierno–, Antonio Narváez, que no dudó en cargar contra sus excompañeros del órgano de garantías a los que acusó de actuar "por afiliaciones políticas".
Narváez no es el único magistrado en activo que carga contra el Constitucional sin que el Poder Judicial haga ninguna llamada de atención o abra una investigación disciplinaria. Pero su caso es especialmente relevante por su paso por el tribunal de garantías durante nueve años (entre 2014 y 2023), donde llegó en la tanda de nombramientos más directamente ligada a los partidos, la correspondiente al Gobierno, que en ese momento ocupaba el PP.
Durante su etapa en ese tribunal, Narváez fue recusado en febrero de 2021 para que no pudiera participar en la deliberación de los recursos contra las condenas del juicio del procés porque, durante una conferencia en Granada, había comparado la deriva independentista del nacionalismo catalán con el golpe de Estado del 23-F, manteniendo que el proceso soberanista era más grave que el asalto de Tejero al Congreso pistola en mano.
La ponente de los recursos de amparo de los dirigentes independentistas condenados, Encarnación Roca, redactó una ponencia en la que aceptaba la recusación, planteada por el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Varios de sus compañeros en el máximo intérprete de la Constitución consideraban que, con sus palabras, habría puesto en riesgo todo el proceso seguido sucesivamente en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y finalmente el Constitucional, en caso de que, contra la decisión de este último, se presentara un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Antes de que su salida fuera votada por sus colegas de tribunal, Narváez decidió abstenerse motu proprio.
El magistrado conservador –nombrado, como el entonces presidente del TC, Pedro González-Trevijano, directamente por el partido en el Gobierno (el PP)– tuvo otra actuación muy polémica al final de su mandato, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez presentó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que intentaba desbloquear la renovación de ambos miembros del órgano, ambos con el mandato caducado. El Gobierno recusó a los dos porque la reforma afectaba, precisamente, a su propia permanencia en el Constitucional. Sin embargo, tanto Narváez como González-Trevijano no se abstuvieron pese a estar directamente interesados en el asunto. Los dos, el presidente y Narváez, fueron clave para que el órgano tomara una decisión insólita en democracia: paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma. Tras su salida del Constitucional, fue elegido magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 23 de julio.
Desde su nuevo puesto en el tribunal que juzga los recursos que se presentan contra los actos administrativos del Gobierno, hizo Narváez sus declaraciones en la jornada organizada por FJI el vienes pasado. En su alocución, recogida por el diario Abc, el magistrado conservador del Supremo afirmó que las funciones de los magistrados del Constitucional "necesitan ser reafirmadas en los tiempos actuales" y que la labor de los miembros del órgano de garantías, en ese contexto, exige "una dedicación como servidor público por encima de afiliaciones políticas". Narváez, fiscal de carrera, manifestó también su "incomprensión" ante ciertas sentencias del órgano del que formó parte hasta 2023. "Hay cosas que no entiendo en la actual doctrina del Constitucional", dijo, según recogió en su crónica Confilegal. "Por ejemplo, con la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de eutanasia, la personalidad jurídica del Mar Menor o la polémica que se está generando para poner trabas a las cuestiones prejudiciales", dijo. También criticó la "extralimitación" del TC al anular sentencias del TS como en el caso de los ERE. En definitiva, desgranó el discurso clásico del PP y la derecha judicial.
El artículo 395.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Dentro del régimen disciplinario, esa misma ley recoge en su artículo 418.3 como falta grave sancionable hasta con 6.000 euros de multa la conducta de dirigir esas felicitaciones o censuras "invocando la condición de juez, o sirviéndose de esa condición". La conferencia tuvo lugar en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Fuentes del CGPJ aseguran que no se ha abierto ninguna investigación interna contra el magistrado al no haberse registrado hasta el momento queja alguna. La presidenta, Isabel Perelló, tampoco ha reclamado públicamente que cesen las descalificaciones desde la judicatura al máximo intérprete de la Constitución, algo que sí ha hecho reiteradamente cuando son los jueces los que reciben críticas. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, pidió respeto para su institución. La máxima autoridad del órgano de garantías afirmó durante una entrevista en Radio Nacional de España que "muchas veces se exige un gran respeto al Poder Judicial, pero hay una especie de barra libre para criticar al Tribunal Constitucional". También subrayó que a ningún magistrado del Constitucional "sea progresista o conservador" se le ocurre criticar públicamente al Tribunal Supremo.
Otro magistrado de la Sala de lo Contencioso de Tribunal Supremo también ha lanzado ataques contra el Constitucional estos últimos días. Se trata de José Luis Requero, exvocal del CGPJ a propuesta del PP entre 2001 y 2008 y columnista habitual del diario La Razón. En su último artículo, titulado Aborto y relato, Requero escribió el pasado 14 de octubre en relación al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo: "En España contemplamos no sólo la aberración de que el Tribunal Constitucional, erigido en dependencia gubernamental, «constitucionalice» esa muerte como derecho, sino que hoy, ahora, asistimos a lo más bajo de nuestra política". Fuentes del TC consideran que, con esas palabras, el magistrado del Supremo les estaba llamando asesinos.
Pero quizá la invectiva más dura se produjo también en esas jornadas sobre el TC organizadas por la asociación que se reclama como apolítica –pero que es considerada conservadora en amplios sectores de la judicatura, en parte del CGPJ así como por el Gobierno– FJI. La pronunció el magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Jaime Lozano Ibáñez, que llegó a asegurar, según la crónica de Abc, que el órgano de garantías, último defensor de los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del recurso de amparo, es "una amenaza para la libertad" y "un peligro para los derechos de los españoles". Refiriéndose a la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la ley de amnistía y que avaló la norma casi al 100%, afirmó que el Estado "ha dado la razón a quienes dieron un golpe de Estado". "Si esta ley la hubiera hecho otro partido se habría declarado inconstitucional", concluyó.
Lozano pertenece a la derechista Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) que envió formularios a través del correo corporativo del CGPJ a todos los jueces de España para indicarles cómo recurrir ante el TC o ante el Tribunal de Justicia de la UE la norma que recoge esa medida de gracia en caso de que les tocara aplicarla. De ese colectivo presidido por el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner también forma parte el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, investigado reiteradamente por insultar al presidente del Gobierno –le llamó "psicópata sin límites éticos" y "golpista"– y a otras autoridades del Estado a través de su perfil de X.
El escenario fue el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La IV Jornada por el Estado de derecho, organizada por la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) –que sostiene ser apolítica, pese a que amplios sectores de la judicatura, del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y gran parte del Congreso y el Senado la consideran conservadora– se dedicó en su edición de este año, celebrada el pasado viernes, al Tribunal Constitucional. Uno de los invitados estrella fue el exmagistrado del órgano de garantías a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y actual miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo –la que controla la legalidad de los actos del Gobierno–, Antonio Narváez, que no dudó en cargar contra sus excompañeros del órgano de garantías a los que acusó de actuar "por afiliaciones políticas".