La herencia del PP

Una jueza investiga si un fondo buitre coaccionó a la portavoz de los afectados

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, Arancha Mejías.

Una jueza de Madrid investigará la querella por coacciones presentada por la familia de Arancha Mejías, la joven portavoz de los afectados por la venta de 1.860 pisos públicos la capital al fondo buitre Blackstone durante el mandato de Ana Botella. La querella, que se dirige contra el representante legal de Fidere, una de las filiales de Blackstone a las que el equipo de Ana Botella vendió esas 18 promociones de vivienda pública en 2013, ha sido admitida por el juzgado 39 de Madrid. Y ha llegado a manos de la jueza dos meses después de que Blackstone comunicara a la familia Mejías que bajo ninguna condición le renovaría el contrato de alquiler.

Los hechos relatados en la querella -dice la jueza en su auto- "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de coacciones".

La portavoz de los afectados no alberga la menor duda de que la orden de expulsión de su familia constituye una "venganza" por su papel protagonista en la batalla contra aquella oscura operación. Los agujeros negros de la venta a Blackstone han quedado reflejados tanto en un informe unánime de la Cámara de Cuentas de Madrid, donde los consejeros elegidos a propuesta del PP suman mayoría, como en las conclusiones de la comisión de investigación municipal impulsada por el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena.

Por esa operación, los inquilinos afectados formularon una querella que involucraba a los anteriores gestores de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). La querella fue archivada en 2015, antes de que el citado informe de la Cámara de Cuentas madrileña y la comisión de investigación municipal destaparan las múltiples irregularidades del proceso. El Tribunal de Cuentas ya ha decidido emprender una investigación administrativa. Y la propia EMVS ha pedido la reapertura de la causa penal que provisionalmente fue sobreseída hace dos años.

El querellado declarará el 3 de enero

Elaborada por el abogado José Mariano Benítez de Lugo, la querella de los Mejías se dirige contra Miguel Oñate, que fue quien en nombre de Fidere -una de las filiales de Blackstone que se hicieron con las 1.860 viviendas- envió en septiembre un burofax a la familia con el que les conminaba a abandonar su domicilio. La jueza cita a Oñate a declarar el próximo 3 de enero en calidad de querellado. 

Fue Oñate, relata la querella, quien adoptó "la más inimaginable y maléfica decisión: no renovar el contrato de arrendamiento" que los Mejías firmaron hace diez años. Todos los demás que vencían en plazo similar han sido reeditados, subraya Benítez de Lugo. Expulsar a los Mejías -añade el letrado- constituye "una auténtica represalia". 

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