El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid y el número 2 de Collado Villalba han citado a declarar la próxima semana en calidad de imputados a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en dos causas donde se analiza si existió un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a los mayores enfermos que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia. El origen de estos procedimientos está en las actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron durante aquella primera ola.
Los altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del conocido como 'Protocolo de la Vergüenza' que impidió el traslado a hospitales públicos de miles de residentes enfermos y que era, en marzo de 2020, director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del 'Protocolo de la Vergüenza' y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.
El martes 9 de diciembre, los tres están citados a declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas. En dicho Juzgado se analiza la querella interpuesta por una familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.
El miércoles 10 de diciembre, Mur, Peromingo y Ostalaza, deberán prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas. En este caso, la querella fue presentada por una familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones.
En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.
Intentos fallidos
En dos ocasiones anteriores, los tres ex altos cargos de Ayuso estaban citados como imputados, pero no prestaron declaración. Desde Marea de Residencias, confían ahora en que esos ex altos cargos "declaren finalmente ante la Justicia por la discriminación infligida" a quienes vivía en las residencias madileñas durante la pandemia.
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El pasado 26 de mayo, debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.
Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los tres ex altos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”. El abogado de Martínez Peromingo es quien había solicitado la inhibición.
La decisión sobre cuál es el Juzgado competente para decidir sobre decenas de causas judiciales está pendiente de lo que decida la Audiencia Provincial de Madrid. El Juzgado 3 de Madrid no aceptó acumular las causas. Además, mientras Peromingo solicita que todos los procedimientos se acumulen en el Juzgado 3 de Madrid, Mur pide lo contrario y defiende que cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima. En diversos procedimientos se han presentado recursos sobre las decisiones judiciales adoptadas, que son los que deberá resolver la Audiencia Provincial de Madrid.
El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid y el número 2 de Collado Villalba han citado a declarar la próxima semana en calidad de imputados a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en dos causas donde se analiza si existió un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a los mayores enfermos que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia. El origen de estos procedimientos está en las actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron durante aquella primera ola.