La crisis política catalana

Los límites impuestos por el TC al Govern y al Parlament: si cuestionan al rey o la unidad de España habrá consecuencias

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, comparece en el Parlament.

Fernando Varela

Son las líneas rojas que marcarán la diferencia en Cataluña: si el Govern de Quim Torra o el Parlament se las saltan, la Fiscalía podrá iniciar acciones legales contra los miembros del ejecutivo catalán o de la Mesa de la Camara autonómica que estampen sus firmas en cualquier acuerdo o resolución que, por acción o por omisión, ignore o eluda los límites fijados por el Tribunal Constitucional a través de cinco resoluciones dictadas en los últimos días a petición del Gobierno de Pedro Sánchez. Con la particularidad de que, para traspasar esos límites, no hace falta siquiera que el Govern o el Parlament aprueben nada: basta con que inicien su tramitación o la permitan.

El primer linde, que afecta por igual a los miembros de la Mesa del Parlament y a los del Govern, se basa en la sentencia 259/2015, que declaró inconstitucional la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015. Y establece que ambas instituciones deben abstenerse de promover cualquier iniciativa que defienda el objetivo de la independencia de Cataluña o el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

La sentencia en la que se basa el TC para fijar esta prohibición declaró hace cuatro años inconstitucional el proceso puesto en marcha por el Parlament para la “creación de un Estado catalán independiente en forma de república”, que incluía la apertura de “un proceso constituyente” e ignorar la autoridad de “las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”. Todo ello para conseguir “la desconexión del Estado español”.

El TC también apoya esta prohibición en otra sentencia, la 136/2018, que anuló una moción del Parlament que ratificaba su “firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña” y reividicaba la validez de la resolución de la Cámara que dio origen al procés —anulada por el Constitucional— en nombre del referéndum del 1 de octubre de 2017, que el tribunal arbitral también declaró ilegal.

Aquel documento, aprobado por el Parlament, insistía en defender el derecho a decidir y la autodeterminación, reafirmaba su voluntad de conseguir que Cataluña pudiese ejercerlo y declaraba que la Cámara es “depositaria de la soberanía del pueblo de Cataluña”, tres pronunciamientos anulados expresamente por el TC.

La responsabilidad de cumplir las instrucciones del Constitucional, en todo caso, es personal, y así se lo trasladó el tribunal a cada uno de los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern. De un lado, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, el secretario general, Xavier Muro, y los miembros de la Mesa Josep Costa, Joan García, Eusebi Campdepadrós, David Pérez, Laura Vílchez y Adriana Delgado. Del otro, el president Quim Torra, el vicepresidente Pere Aragonès y los consellers Meritxell Budó, Alfred Bosch, Miquel Buch, Josep Bargalló, Alba Vergés, Damià Calvet, Mariàngela Vilallonga, Ester Capella, Chakir El Homrani, Àngels Chacón, Jordi Puigneró y Teresa Jordà.

El límite de la monarquía

El TC también ha impuesto, en este caso sólo a la Mesa del Parlament, la obligación de impedir que se vuelva a tramitar o aprobar cualquier iniciativa que cuestione al rey o a la monarquía después de que la Cámara autonómica decidiese reprobar a Felipe de Borbón. Para ello, el tribunal arbitral se basa en la sentencia 98/2019, que el pasado julio ya declaró inconstitucional una resolución del Parlament que criticaba al rey por su discurso del 3 de octubre de 2017 y pedía la abolición de la monarquía.

En este contexto, cobra especial relevancia el compromiso del president Torra de “volver a ejercer el derecho a la autodeterminación” compromisoy validar la independencia antes de que concluya la actual legislatura catalana, algo que si no hay elecciones anticipadas ocurrirá en diciembre de 2021.

Torra, que en cualquier caso se enfrenta a un juicio el próximo 18 de noviembre que puede acabar en su inhabilitación y cese como president, aprovechó una comparecencia en el Parlament para, sin el consenso de Esquerra, proponer a partidos y entidades trabajar para “concretar las vías para ejercer el derecho a la autodeterminación en el plazo más breve posible” y plantear, en la primavera de 2020, un debate constituyente.

Fuentes próximas a Torra citadas por Europa Press precisaron que cuando el president habla del ejercicio de la autodeterminación tiene en mente tres posibilidades: un referéndum pactado con el Estado, uno no acordado y la celebración de “elecciones plebiscitarias”, aunque dan por hecho que en realidad no entra en sus planes convocar un nuevo 1 de octubre sin el consentimiento del Estado. En cualquier caso, esta es la propuesta personal del president y no de Esquerra. Ni siquiera de una parte de Junts, que recela de cualquier inicaitiva que suponga un nuevo desafío al Estado.

¿El anuncio de Torra de sus planes para que Cataluña ejerza el derecho a la autodeterminación antes de dos años traspasa los límites fijados por el Constitucional?

A juzgar por la respuesta del ministro del Interior y juez en excedencia, Fernando Grande-Marlaska, todavía no. Se trata sólo de “declaraciones”, subrayó en una rueda de prensa en la que hizo balance de los disturbios de estos días en Cataluña. Para tomar medidas contra él hacen falta “hechos que sean indiscutibles y no admitan interpretación”.

En todo caso, y para que no quedase duda, Marlaska fue muy expresivo. Torra ya sabe cómo actúa el Estado de Derecho cuando se violan las leyes, señaló en referencia a la reciente sentencia del procés. “En un Estado de Derecho con división de poderes real y efectiva, dentro de la ley cabe todo, fuera de la ley creo que ya tiene un conocimiento expreso de lo que acontece”, remató.

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