¿Qué ha llevado a la huelga a los sanitarios gallegos?

La sanidad pública gallega está en pie de guerra. La disminución de efectivos, los recortes y copagos y la pérdida de derechos laborales están entre las razones que han llevado a las organizaciones CESM, O' Mega, CIG y CCOO a convocar las dos jornadas de paro –previstas para ayer y hoy– a la que ha sido llamados más de 33.000 profesionales del Servicio Galego de Saúde (Sergas). "Esta huelga también tiene un componente social: defendemos el sistema público ante las políticas de ajuste que pueden acabar por perjudicar la calidad asistencial", señala Ángel Cameselle, secretario general de la federación de Sanidad de CCOO en Galicia. El seguimiento del paro en su primera jornada fue del 70%, según los convocantes. La Xunta rebajó esta cifra a sólo uno de cada cuatro profesionales. 

Las organizaciones de representación del personal sanitario denuncian que las no renovaciones de interinos y eventuales, la restricción a la incorporación de nuevo personal, la precarización de las nuevas altas y la limitación al 10% de la tasa de reposición –es decir, que sólo se puedan cubrir 1 de cada 10 bajas del sistema– ponen en riesgo la prestación de un servicio "de calidad". Además, recuerdan que se suspendió el plan de mejora de atención primaria, que recogía un aumento de la plantilla de los centros de salud y puntos de atención continuada –"estaba prevista la incorporación de 1.049 profesionales que nunca se llegó a producir", dice María Xosé Abuín, secretaria general de CIG-Saúde– y se redujeron las sustituciones. "Sólo en el último año la plantilla sanitaria ha perdido 2.000 efectivos y la contratación es un tercio de lo que era hace tres años", añade Cameselle. Además, el presupuesto sanitario se ha reducido en 170 millones de euros desde 2010. 

Sin embargo, a prender la mecha de la movilización ha contribuido, y mucho, la implantación de las áreas de gestión clínica que plantea la Xunta. Se trata de la creación de departamentos integrados por médicos, enfermeros y administrativos voluntarios a través de los cuales la Consellería de Sanidade quiere reorganizar la asistencia sanitaria y recortar el gasto en hospitales y ambulatorios a cambio de incentivos salariales. Es decir, dispone primas para los profesionales de estos centros que logren reducir la factura sanitaria. "No estamos en contra de la gestión clínica llevada a cabo con criterios científicos, basada en el conocimiento y encaminada a dar más autonomía a cada área, pero sí de estas fórmulas que pretenden transferir a los profesionales la responsabilidad de los recortes y que están orientadas a potenciar la entrada del capital privado", se queja Abuín, que añade que, en Galicia, "no hay más margen para el ahorro". 

Flexibilización laboral 

Esta puerta de entrada a la privatización, sostienen los convocantes, llegaría por la vía de la flexibilización laboral y tiene su razón de ser en una modificación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud que el Gobierno introdujo con sigilo en el BOE en el pasado verano aprovechando la publicación de una ley sobre medicamentos y productos sanitarios. Este cambio permite que los profesionales de estos departamentos puedan dejar de ser estatutarios fijos, es decir, funcionarios, y pasen a ser personal laboral cuando estos departamentos dejen de ser 100% públicos.

La Xunta, que ultima el decreto que dará vía libre a la creación de las áreas de gestión clínica, niega cualquier atisbo de ánimo privatizador de la sanidad. Su objetivo, señalan, es la "modernización de las organizaciones sanitarias, promoviendo la incorporación de los profesionales en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos para una mejor asistencia". Y niegan que vayan a tener "personalidad jurídica propia" y que los profesionales que se adscriban a estos departamentos no perderán su plaza ni su vínculo estatutario. Sin embargo, los sindicatos no las tienen todas consigo y piden a la Conselleria de Sanidade que paralice su entrada en vigor hasta que haya negociación con los trabajadores. "Lo que pone en el decreto les ampara y su objetivo es privatizar el sistema poco a poco hasta acabar asfixiándolo", señala Abuín. 

El doctor Jesús Araújo, otorrino en el Hospital Xeral de Vigo, cree que la creación de estas áreas de gestión, además de una precarización de derechos laborales abrirá la puerta al "enchufismo" al frente de estas unidades. "Es posible que se creen parcelas de amiguismo porque los jefes de estos departamentos serán elegidos a dedo por la gerencia y no será necesario que tengan dedicación exclusiva", amplía. 

Según defiende el doctor Manuel Martín García, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el importante respaldo electoral del PP ha condicionado que esta comunidad "haya sido una de las pioneras en la aplicación de las políticas de privatización de la sanidad pública que la derecha y sus aliados llevan años intentando desarrollar en España". "El Real Decreto 15/97 de nuevas formas de gestión elaborado por Núñez Feijóo mientras era presidente del Insalud, y que contó con el respaldo del PSOE para su aprobación en Las Cortes, legalizó la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud mediante numerosas fórmulas, basadas en el modelo empresarial, destinadas a fraccionar el sistema sanitario en múltiples entidades, cada una con una modalidad de gestión diferenciada", señala. 

La experiencia del Medtec

¿Cómo se privatiza la sanidad?

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Piedra angular de la reforma sanitaria que, en los noventa, llevó a cabo en Galicia el que luego fue ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, fue la creación del Instituto Galego de Medicina Técnica (Medtec), una sociedad anónima de capital público creada para gestionar la alta tecnología desgajada de los hospitales públicos. Con el tiempo se descubrió que, a pesar de que tenía estatuto de empresa autónoma independiente de la sanidad pública, no pagaba por el uso de las instalaciones donde estaba ubicado, cobraba precios muy superiores a los del mercado y facturaba más del doble de lo que percibían las clínicas privadas por la misma asistencia para el Servicio Galego de Saude.

Galicia, recuerda el doctor Martín García, también fue la primera comunidad autónoma donde se pusieron en marcha hospitales a través de la fórmula de la fundación sanitaria. Se trata de sociedades mercantiles creadas por la Administración pública aunque tienen personalidad jurídica privada. No se rigen por Ley de Contratos del Estado, sus órganos rectores son patronatos, su personal está regulado por el Régimen Laboral y se financian por contratos programa. Este fue el caso de los centros creados en Verín, Cee, Barbanza y Salnés.

Los defensores de la sanidad pública en Galicia temen que ahora, tras el fracaso del plan privatizador de la sanidad madrileña, el PP experimente ahora en esta comunidad los modelos de gestión que se le están atragantado en Madrid. La Xunta insiste en que solo busca primar el beneficio del paciente y que no hay ningún plan privatizador encima de la mesa. Sin embargo, y ante lo que pueda venir, los profesionales del sector volverán este martes a la huelga. "Es mejor parar dos días que dejar que nos roben un sistema público asentado durante años", sentencia la secretaria general de CIG-Saúde.