La lucha de la familia de la víctima del kamikaze de la AP-7 logra anular un indulto por segunda vez en España

El Tribunal Supremo ha anulado el indulto concedido a Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze que acabó con la vida de un jóven de 25 años en la AP-7 en diciembre de 2003. El alto tribunal ha aceptado el recurso presentado por la familia del fallecido solicitando la retirada de la medida de gracia. Desde que en enero de 2013 el Ministerio de Justicia concediese el indulto, los familiares de la víctima iniciaron una campaña para revocar la decisión del Gobierno. La resolución del Supremo supone un precedente en España, donde sólo se ha revocado un indulto a lo largo de su historia reciente.

"Estamos muy contentos con la decisión del Tribunal", ha declarado a infoLibre el abogado de la familia del fallecido, Agustín Ferrer. "La sentencia anula el indulto. En el momento que el Supremo estima nuestro recurso la medida de gracia se suspende", ha explicado el letrado.  "Después de 10 años de lucha la familia está muy contenta con el fallo. La decisión del Gobierno de conceder el indulto al kamikaze fue un mazazo para los familiares de la víctima", ha expresado. Ferrer ha declarado sentirse "satisfecho" con el resultado del proceso legal, "ahora sólo queda que el Gobierno acate la sentencia y que el culpable ingrese en prisión en los próximos tres meses". 

La hermana del fallecido, Loreto Dolz, declaró sentirse indignada ante la concesión de la medida de gracia a Ríos Salgado. “El poder ejecutivo vuelve a ponerse por encima del judicial: esto es una burla a los jueces y fiscales de este país”, denunció en declaraciones al diario El País el pasado mes de enero. “Queremos que se revoque el indulto. Nunca se ha revocado ninguno, pero alguna vez debe ser la primera”, declaró. Once meses después, la familia ha conseguido una resolución histórica que anula la decisión del Consejo de Ministros. 

"A lo largo de la historia de España sólo se ha anulado el trámite una vez", ha explicado Eva Belmonte, miembro de CIVIO, organización que ha recopilado información sobre los indultos concedidos en España desde 1996 para crear el "Indultómetro". El Tribunal Supremo anuló el indulto que el Gobierno del PSOE concedió a Alfredo Saenz, ya que el Ejecutivo no sólo canceló su pena sino que también borró sus antecedentes, lo que es ilegal en España. "Se trata de la única vez que se ha quitado un indulto –ha recalcado Belmonte– y de llevarse la decisión del Supremo hasta sus últimas consecuencias sería un acontecimiento histórico".

Sin embargo, pese a la anulación del decreto de indulto, la ejecución de la sentencia que será publicada en breve aunque quedará en suspenso durante tres meses. Este es el plazo que el Supremo ha concedido al Gobierno para subsanar los "defectos" que motivaron su decisión, según explica una nota de prensa del alto tribunal. Por lo tanto, "si se trata de una anulación del indulto por un defecto de forma, el Gobierno puede subsanar los errores del trámite y volver a conceder la medida de gracia", ha explicado Eva Belmonte. "El Tribunal no ha suspendido el indulto por considerarlo injusto, sino por un error en los trámites", ha afirmado.

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Desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) "aplauden" la decisión del Supremo. "Estamos satisfechos de que se haya anulado el indulto. Este tipo de concesiones se otorgan sin sentido, es un proceso anacrónico. No debería ser así, aún menos cuando hay un delito de sangre y el responsable no ha mostrado estar arrepentido en ningún momento", ha expresado Francisco Canes, presidente de DIA. Sin embargo, Canes ha señalado la posibilidad de que el Gobierno "subsane los requisitos que no se cumplieron para dar el indulto" y "vuelva a concederlo". Ante esta posibilidad el portavoz de DIA ha señalado que "no deben concederse ningún tipo de indulto" para evitar que se produzcan este tipo de situaciones.

Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes, también ha mostrado su "satisfacción" ante el fallo del Tribunal. "Ahora le pelota vuelve a estar en el tejado de los Ministros", ha señalado Novella. Al igual que Canes, la presidenta de Stop Accidentes ha señalado que la resolución del Supremo denuncia un "defecto de forma". Desde ambas asociaciones han condenado la decisión del Gobierno de conceder el inculto al conductor kamikaze que fue condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción con grave desprecio a la vida de los demás y homicidio, junto con una falta de lesiones. La medida de gracia en este caso es una "aberración para los ciudadanos y las familias de las víctimas. Es un robo al derecho de justicia", ha declarado Francisco Canes. 

El indulto concedido al conductor kamikaze conmutó su pena por el pago de 4.000 euros y diez meses de cárcel. La concesión de esta medida estuvo rodeada de polémica al hacerse público que el hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trabajaba en Uría y Menéndez, el  despacho de abogados encargado de defender al kamikaze. A su vez, el abogado encargado de llevar el proceso, Esteban Astarloa, era el hermano del diputado conservador, Ignacio Astarloa. La familia de la víctima denunció la opacidad del proceso. Desde entonces Loreto Dolz emprendió una lucha para conseguir la nulidad del perdón concedido por el Ejecutivo. Dolz ha conseguido reunir 62.000 firmas para pedir ante la Delegación Territorial del Ministerio de Justicia en Valencia la cancelación del indulto. La decisión tomada este jueves por el Tribunal Supremo es una victoria para la familia en su lucha para que el responsable de la muerte de José Alfredo Dolz cumpla su condena.