La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este viernes que la administración regional no va a crear el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y ha dejado la decisión en manos de los tribunales, informa EFE.
"En la Comunidad de Madrid, creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican abortos", ha dicho la consejera en declaraciones a los medios de comunicación.
"Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie y, desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población", ha indicado Matute.
La consejera realizó estas declaraciones el mismo día en que vencía el plazo de un mes establecido por el Ministerio de Sanidad para que Aragón, Madrid y Baleares elaboraran el registro de médicos objetores a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos. Aragón y Baleares, también gobernadas por el PP, sí han accedido a poner en marcha la base de datos tras el requerimiento del Gobierno central.
Durante este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha intentado recordar la fecha límite al gobierno madrileño a través de sus redes sociales: “Esta noche a las 00:00 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo”.
Registro de objetores de conciencia como herramienta
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado su negativa en desarrollar una "lista negra" de médicos objetores. Sin embargo, la obligatoriedad de dicho registro forma parte del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, tal y como establece la Ley del Aborto de 2023. Los profesionales pueden acogerse a este derecho por motivos religiosos, deontológicos o bioéticos, aunque no deben revelarlos. Se trata de una herramienta interna de gestión para las comunidades autónomas que, precisamente, organiza y garantiza la protección del derecho a objetar.
La finalidad del registro es facilitar la planificación de recursos humanos para asegurar la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es un instrumento de uso autonómico y no tiene carácter público: los datos están catalogados como "categorías especiales", por lo que están "especialmente protegidos"
El procedimiento para incluir a un sanitario en el registro es muy sencillo. El profesional solicitará su inscripción a través de la sede electrónica de la comunidad que corresponda, que a su vez le emitirá un documento que acredite su inclusión o no. El solicitante podrá modificar o revocar la declaración en cualquier momento y mediante el mismo procedimiento.
"Que se vayan a otro lado a abortar"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya reiteró en octubre que se negaba a hacer una "lista negra" de médicos objetores y pidió a la izquierda que se fueran "a otro lado a abortar".
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"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón", respondió Ayuso ante la pregunta formulada por Más Madrid sobre cómo se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública madrileña. Para la presidenta, tales datos son un "fracaso" porque en la "mayoría de los casos se podría evitar" y está en "la mano" de los políticos hacerlo.
La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, respondió a Ayuso que "aquí todo el mundo aborta", también las mujeres de derechas, y le preguntó Ayuso si solo querían que lo hicieran las que tienen el "privilegio" de poder pagarse un viaje a Londres.
Cabe recordar que el 80% de los abortos financiados por el sistema público se practican en centros privados, con enormes disparidades entre comunidades. Mientras Cantabria realiza más del 88% de las interrupciones en centros públicos, regiones como Ceuta, Melilla y Extremadura derivan el 100% a la sanidad privada.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este viernes que la administración regional no va a crear el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y ha dejado la decisión en manos de los tribunales, informa EFE.