Elecciones catalanas 27-S

¿Qué mayoría se considera suficiente para lograr la independencia?

Artur Mas, durante su comparecencia en el Palau de la Generalitat tras la convocatoria del 27-S, este 4 de agosto de 2015.

68 diputados. La mayoría absoluta del Parlament. Esa será, para Artur Mas, la barrera que fijará la victoria del independentismo en las elecciones catalanas del 27-S. O sea, la mitad más uno de los 135 miembros de la Cámara, sin importar que no alcance el 50% de los votos. 

En las últimas semanas, el umbral necesario para comenzar el camino hacia la secesión de Cataluña había quedado en el aire. En el acuerdo firmado por CDC, ERC y las entidades soberanistas [aquí en PDF], agrupados en la candidatura unitaria Junts pel Sí, liderada por el exeurodiputado de ICV Raül Romeva, se hablaba de que si "una mayoría de diputados a favor de la independencia" resultaba escogida el 27-S, entonces arrancaría el proceso. Pero este martes, el president, horas después de la firma solemne del decreto de disolución del Parlament y de convocatoria de elecciones [el texto en el BOE aquí en PDF], precisó el terreno de juego. Subrayó que en el recuento "plebiscitario" de los comicios, se tendrá en cuenta la mayoría obtenida en escaños y no en votos, al no ser un referéndum "en condiciones normales". 

En la Cámara emergida de las elecciones de 2012, las fuerzas soberanistas sumaron 74 diputados: 50 de CiU, 21 de ERC y 3 de la CUP. Ahora concurren juntas CDC –divorciada ya de Unió– y los republicanos, con Romeva como cabeza de lista y Artur Mas y Oriol Junqueras en los puestos 4 y 5 de la candidatura de Junts pel Sí. La CUP acude en solitario con el periodista Antonio Baños de número uno. 

Mas defendió durante su comparecencia en el Palau de la Generalitat que si la consulta por la independencia se hubiera podido celebrar el año pasado "en condiciones normales, es decir, acordadas con el Gobierno, es evidente que el resultado sería contar con votos". Pero como el instrumento que se usa ahora son unas elecciones, estas se computan "por diputados", así que "el 51%" de estos, "68 diputados" es la cifra mínima a partir de la cual se podrá hablar de triunfo del soberanismo. El president calificó de "poco inconsistente o incoherente" frenar la secesión porque lo pide un 49%. No obstante, reconoció, "cuanto más porcentaje, más legitimidad y más fuerza, mejor", ya que él mismo reclama "amplias mayorías" para sacar adelante el proceso. 

La CUP difiere

El criterio de Mas es el mismo que el de Junqueras: para avanzar hacia la escisión hace falta la mayoría absoluta de las fuerzas independentistas. Sin embargo, el diputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez consideró este martes "imparable, impecable" y con "legitimidad absoluta" la independencia de Cataluña si la candidatura de Junts pel Sí y la de Baños superan el 55% de los votos, aunque fijó en el 50,01% el mínimo necesario. 

La Ley Electoral de 1985 –la norma estatal, puesto que Cataluña no dispone de una regulación propia– y el sistema D'Hondt por el que se adjudican los escaños hacen posibles las mayorías absolutas en el Parlament sin tener más del 50% de las papeletas. Y se produce porque resultan beneficiadas en diputados las provincias menos pobladas. Barcelona reparte 85 asientos, por los 17 de Girona, los 15 de Lleida y los 18 de Tarragona. La historia corrobora esta afirmación. Jordi Pujol logró tres mayorías absolutas y en ninguna alcanzó el 50%. En 1984, CiU conquistó el 46,80% de los sufragios, y se llevó 72 escaños. En 1988, su 45,72% se tradujo en 69 actas. Y en 1992 se hizo con el 46,19% de las papeletas y 70 miembros de la Cámara.

En 1999, los socialistas ganaron a los convergentes en votos (1.183.299 frente a 1.178.420), pero se quedaron 4 escaños por debajo (56-52). Y en 2012, CiU, ERC y CUP acapararon el 47,89% de los votos y 74 actas entre las tres formaciones. En 2015, habría que tener en cuenta la posible pérdida de apoyos en el flanco soberanista por la fractura con Unió, que hace bandera por el derecho a decidir, no por la secesión, y se presenta por separado, con el exconseller Ramon Espadaler como candidato. También defiende la consulta, por la banda izquierda, Catalunya Sí que es Pot (Podemos, ICV-EUiA y Equo). El constitucionalismo se halla disgregado entre PSC, Ciudadanos y PP, aunque comparten su rechazo al carácter plebiscitario a estas elecciones. 

Pero, ¿qué mayoría se considera necesaria para proclamar la independencia en otros países? Podemos echar mano de cuatro ejemplos recientes: Escocia, Montenegro, Quebec e Irlanda del Norte. Cuatro casos distintos que pueden ayudar a poner la barrera. 

01. ESCOCIA

Es el espejo en el que se miraba Cataluña. Un referéndum pactado entre Londres y Edimburgo, con una pregunta clara –"¿Debería ser Escocia un país independiente?"– y un resultado vinculante para las partes. Ganó el no por un 55,3% de los votos (el sí se quedó en el 44,7%). La participación escaló hasta el 84,6%. Emitieron su voto 1,6 millones de electores, de los dos llamados a las urnas [todos los resultados, aquí en PDF]. 

Entre las condiciones acordadas por el Gobierno británico y el escocés, se estipuló que no importaría la participación. No se impuso ningún umbral. La independencia sería efectiva si más de la mitad de los votantes apostaba por el sí [puedes consultar los aspectos técnicos del plebiscito en un documento en PDF aquí, en inglés]. 

Y, tras la victoria del no, ¿cuándo habrá un nuevo referéndum? El pacto entre los dos Ejecutivos no contemplaba ninguna otra fecha en el futuro. No obstante, el Gobierno nacionalista de Escocia, dirigido entonces por Alex Salmond, aseguraba que una consulta secesionista es una oportunidad que se presenta con cada generación. De ahí que desplegase una intensa campaña por el sí, consciente de que una victoria del unionismo enterraría durante años las ambiciones independentistas. 

02. MONTENEGRO

Hay que echar la vista atrás hasta finales de 2005. Los principales partidos gobernantes y de la oposición del pequeño enclave de Montenegro, bajo el impulso del presidente, Filip Vujanovic, aceptaron negociar el tránsito hacia la independencia de Serbia bajo la mediación de la Unión Europea. Y esta impuso las condiciones en febrero de 2006. Planteó una fórmula para que el referéndum secesionista se celebrara en la república de una forma justa, transparente y legítima: que el sí a la independencia lograra más del 55% de los votos emitidos y que la participación en las urnas superase la mitad del censo electoral. El 2 de marzo el Parlamento montenegrino dio el visto bueno a las cláusulas de la UE y fijó la fecha del plebiscito: 21 de mayo de ese mismo año, 2006. 

Montenegro superó ambos los dos listones fijados por la UE. De los 484.718 electores, acudieron a votar 419.236. El 86,49%. Una participación amplísima. La segunda condición se cumplió, aunque de forma más justa: apostaron por el sí 230.711, el 55,50% [puedes consultar los resultados aquí en PDF, según un informe de la OSCE en inglés]. Por el mantenimiento de los lazos con Serbia, 184.950 ciudadanos, el 44,50%. La pregunta, sencilla: "¿Desea que la República de Montenegro sea un Estado independiente con plena legitimidad conforme al Derecho Internacional?". El 3 de junio, el Parlamento proclamó oficialmente la secesión de Montenegro y, el 28 del mismo mes, se convirtió en el Estado miembro número 192º de la ONU. 

¿Y Kosovo? El caso no es semejante. No hubo referéndum de por medio. El 17 de febrero de 2008, el Parlamento de Kosovo, que entonces era una provincia autónoma serbia de mayoría albanesa, proclamó unilateralmente su independencia. Fue respaldada por los 109 diputados presentes en la Cámara. El primer ministro, Hashim Thaçi, un exlíder guerrillero, cumplió el sueño de los cerca de dos millones de albanokosovares. La declaración fue apoyada por la mayoría de los países de la UE y EEUU, pero no por Rusia, China o España. Tampoco está entre los países miembros de la ONU, como Montenegro o el último en sumarse a la lista, Sudán del Sur. 

Esta vía, la de la proclamación unilateral, es a la que están dispuestos a llegar los independentistas en Cataluña. Lo quiera el Estado o no, según figura en el acuerdo de Junts pel Sí. Sin embargo, el Gobierno central podría activar distintas vías para frenar la secesión. Incluso poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, que posibilita la suspensión de la autonomía. 

03. QUEBEC

La provincia francófona de Quebec ya ha vivido dos intentonas fallidas para independizarse de Canadá. En 1980 y en 1995. Y, desde entonces, no lo ha vuelto a intentar. 

En el primer referéndum, convocado por el líder histórico del nacionalismo quebequés, René Lévesque, para el del 20 de mayo de 1980, la victoria del no a la secesión fue nítida. 2.187.991 papeletas válidas con el no, el 59,56%no . La participación fue altísima, del 85,61% [los resultados oficiales, aquí].

En la consulta del 30 de octubre 1995, promovida por el entonces primer ministro, Jacques Parizeau, también del Partido Quebequés (PQ), la ventaja de los federalistas fue mucho más estrecha. 2.362.648 noes (el 50,58%) y 2.308.360 síes (49,42%). Sólo 54.228 votos decidieron la permanencia de Quebec en Canadá. La movilización fue más elevada aún que la registrada 15 años antes, del 93,52%. 

Pero el problema de aquella consulta, para los separatistas, no sólo fue el resultado tan apretado, sino la pregunta. Muy enrevesada: "¿Acepta que Quebec deba ser soberano tras hacer una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política, en el marco del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y el acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?". Tras la derrota, el PQ se comprometió a celebrar un nuevo referendo independentista tan pronto como se dieran las "condiciones ganadoras", ante la previsión de que una tercera bofetada hundiera para siempre la ambición secesionista. 

El obstáculo de la Ley de la Claridad

Las condiciones no se dieron en los años en los que el PQ se mantuvo en el poder, hasta 2003. Le relevó el Partido Liberal de Quebec (PLQ), federalista. Luego retornó al Gobierno, en 2012, y lo volvió a ceder a favor del PLQ 19 meses más tarde, en 2014. Los separatistas han llegado a defender una vía rápida de acceso a la independencia de la provincia: el ex primer ministro Parizeau apuntó que sería suficiente una victoria del PQ para proclamar la soberanía, sin necesidad de un referéndum. Era necesario, señalaba, abandonar la estrategia del "paso a paso" de Lévesque, para adoptar una nueva táctica: acudir a los comicios provinciales con un claro programa independentista, de forma que su triunfo, aunque sin alcanzar el 50% de los votos, tendría la misma fuerza que un plebiscito. Pero el PQ se estrelló en sus últimas elecciones. 

Pero la diferencia respecto a 1995 no es sólo que los nacionalistas no están en el poder. Es también la Ley de la Claridad que el Parlamento de Ottawa aprobó en 2000 [aquí la norma, en francés], texto motivado por el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Canadá. La ley establece que la Cámara federal debatirá, 30 días antes del referéndum, si la pregunta que el Gobierno de Quebec formula a sus ciudadanos establece con nitidez que el objetivo del plebiscito es la secesión. La norma otorga también al Parlamento nacional la facultad de decidir si los votos obtenidos por los independentistas (en caso de que ganen) son suficientes para indicar que la mayoría de la población de la provincia se quiere segregar. O sea, que la mayoría simple no basta. El texto, sin embargo, no fija cuál es esa mayoría "suficiente" que se requiere para considerar válido el referéndum. Sí que tendrá en cuenta, entre otros factores, la participación y el volumen de síes a la independencia

04. IRLANDA DEL NORTE

En 1998 se firmó el histórico Acuerdo de Viernes Santo (Good Friday Agreement o Belfast Agreement). Histórico porque supuso abrir el camino de la paz y la resolución del conflicto en Irlanda del Norte, y que rubricaron todos los partidos del territorio –excepto el Democrático Unionista (DUP) del reverendo Ian Paisley–. 

El acuerdo [aquí en PDF] reconocía el derecho a la autodeterminación (o derecho a decidir) de los norirlandeses. Asumía a la vez tanto que una parte "sustancial" de la población del Ulster, y la mayoría de los habitantes de la isla de Irlanda, quería ver una Irlanda unida, como que el deseo de la "mayoría" de los norirlandeses era seguir dentro del Reino Unido

El texto señala que el ministro británico para Irlanda del Norte es el que puede convocar un referéndum "si en un momento determinado considera él probable que una mayoría de los votantes pudiera expresar su deseo de que Irlanda del Norte deje de ser parte del Reino Unido para formar parte de una Irlanda unida". El Acuerdo de Viernes Santo permite que se repitan periódicamente este tipo de consultas. Con una condición: que no se celebre una antes de que hayan pasado siete años desde la anterior. La separación de Londres se produciría si así lo quisiera "una mayoría" de los electores. Sin más precisiones. 

La trayectoria del Ulster desde el Acuerdo de Viernes Santo ha contado con numerosos sobresaltos. El principal, la suspensión de la autonomía durante cinco años. Los nacionalistas han pedido la celebración de un referéndum por la unificación de Irlanda. Pero, de momento, ese plebiscito no ha llegado. 

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