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Los ministerios deberán ser paritarios entre sus órganos directivos y altos cargos con la nueva ley

Las ministras de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (i); de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera, Nadia Calviño (c), y de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (d), asisten a la manifestación organizada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, este miércoles en Madrid.

El Gobierno prevé un paso histórico con la nueva ley de paridad. Y se obligará a que este equilibrio rija en el propio Consejo de Ministros, pero no se quedará ahí solamente. La norma incluirá también que en los propios departamentos ministeriales sean obligatorios estos porcentajes entre sus órganos directivos y altos cargos.

Esto figurará en la ley, según fuentes gubernamentales consultadas por infoLibre, con la idea de que la paridad sea obligatoria también por ley entre los altos cargos de cada Ministerio, con el porcentaje estipulado del 60 y del 40 (para el sexo menos representado).

El Consejo de Ministros dio el martes su primer visto bueno a esta norma, anunciada el sábado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto con motivo del 8M. Se hace con el fin de que la igualdad deba cumplirse en listas electorales, el sector público estatal, sociedades cotizadas, grandes empresas y colegios profesionales.

Responde la ley a la filosofía de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que busca garantizar las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres y desde la firme convicción de un Gobierno feminista. Pero se quiere trasladar esta paridad a la ley para garantizarla esté quien esté en La Moncloa.

La ley, coordinada por el Ministerio de Presidencia

La norma está coordinada por el Ministerio de Presidencia, ya que supone modificar varias leyes (la LOREG, la de Gobierno, la de colegios profesionales y la de sociedades). La orden dada por el presidente al equipo que la trabaja es que debe haber igualdad en los lugares en los que se toman decisiones.

La legislación electoral se verá modificada para obligar a los partidos a que haya listas cremallera (candidaturas ordenadas de forma alternativa en cada puesto por sexo), afectando a los comicios para el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, los ayuntamientos, las asambleas autonómicas y los consejos y los cabildos insulares.

La futura ley, que debe pasar ahora por los órganos consultivos y volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, también supondrá la obligatoriedad de la paridad en los consejos de administración de las empresas cotizadas y de las entidades de interés públicos que tengan más de 250 trabajadores, una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones de euros. En el caso de las sociedades cotizadas se considera infracción grave incumplir estos porcentajes el 60-40%.

Una vez aprobada la futura ley, esta medida tendrá que ser aplicada por las sociedades cotizadas a partir del 1 de julio de 2024 y de manera gradual en la designación de los miembros de los consejos de administración de las entidades de interés público afectadas a partir del 30 de junio de 2026.

Según los cálculos del Gobierno, actualmente la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220). Y se queda en un 19,6% en el número de mujeres en alta dirección. El jefe del Ejecutivo quiso este 8M reunirse en el palacio de La Moncloa, acompañado de su esposa, Begoña Gómez, con mujeres directivas para abordar la futura ley y los avances en derechos y políticas de igualdad.

Colegios profesionales y premios públicos

Además, según ya avanzó el propio Sánchez, la reforma legal conllevará garantizar la paridad (con un mínimo del 40% para el sexo menos representado) en los puestos de las juntas de gobierno de los colegios profesionales: se aplicará de forma gradual para que esté en pleno funcionamiento a partir del 30 de junio de 2026.

Esta futura ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión incluye la exigencia de paridad en la composición de tribunales, jurados u órganos colegiados que se constituyan para otorgar premios o condecoraciones financiados o concedidos por organismos del sector público o en los que el tribunal sea presidido por un representante público. 

Esta ley está coordinada por Presidencia y están participando los ministerios afectados, pero no hay presencia de Unidas Podemos. Según fuentes de La Moncloa, el Ministerio de Igualdad no está implicado porque no hay ninguna competencia que le corresponda por las normas a modificar.

La gran promesa de Moncloa para el 8M

La nueva ley ha sido la gran promesa hecha por el Gobierno en la semana del 8M, en una dura semana para la coalición por el choque por la reforma del ‘sólo sí es sí’. El PSOE sacó adelante la toma en consideración de su proposición de ley con el apoyo principalmente de las derechas, en tanto que UP se posicionó en contra, junto con los socios de investidura.

Esta reforma ha marcado políticamente este 8M, con los socialistas impulsando un cambio en la ley de Igualdad, con el fin de agravar las penas con los atenuantes de intimidación y violencia, tras comprobarse los “efectos indeseados” con la rebaja de penas por parte de los tribunales de 721 agresores sexuales, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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Desde Unidas Podemos se ha tildado la votación como la “foto de la vergüenza” del PSOE junto a las derechas y se ha acusado a los socialistas de volver al Código Penal de La Manada porque, en su opinión, se toca el eje central de la ley: el consentimiento. Además, la proposición socialista sólo servirá para los casos que se produzcan a partir de su aprobación y no afectará a las revisiones actuales.

El choque entre el PSOE y Unidas Podemos está siendo aprovechado por las derechas. El Partido Popular se presenta ahora como un partido feminista y exige la dimisión de las ministras de Unidas Podemos o su cese por parte de Pedro Sánchez. A pesar del enfrentamiento, el Ejecutivo intenta frenar ese discurso de los populares. Tanto fuentes socialistas como moradas subrayan que creen que los populares no se harán con esa bandera de las mujeres y recuerdan que han mantenido durante 13 años su recurso contra la ley del aborto.

Además, durante estos días Sánchez está defendiendo el compromiso feminista con la nueva ley de paridad y con los efectos sobre las mujeres de otras medidas, como la subida del SMI a 1080 euros (que afecta principalmente a mujeres y jóvenes) y la revalorización de las pensiones.

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