Podemos sigue sin publicar sus propuestas para reformar el 'sí es sí' y ve improbable el acuerdo

La ley que nació con el objetivo de acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual tras la polémica sentencia de La Manada, se va a reformar sin el apoyo del ministerio que la impulsó, el de Igualdad. La votación para modificar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, se celebrará este martes en vísperas de una fecha tan simbólica para el movimiento feminista como el 8 de marzo. La iniciativa de los socialistas—redactada por el Ministerio de Justicia— fue registrada el 6 de febrero en el Congreso. ¿Su objetivo? Aumentar las condenas y acotar las horquillas de penas con el fin de evitar, así, los "efectos indeseados" que ha provocado la actual norma tras el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales.

El departamento dirigido por Irene Montero, en un primer momento reticente a introducir cambios, acató el mandato y se abrió a modificar la norma a fin de evitar lo que, previsiblemente, sucederá en pocas horas: que su norma estrella cambie gracias a los votos del Partido Popular. Eso sí, Igualdad marcó algunas líneas rojas: la principal, mantener vivo el "corazón del consentimiento". Un mes después, las posiciones no se han movido ni un ápice.

Desde el ministerio aseguran haber puesto siete alternativas sobre la mesa, pero no han hecho públicos esos documentos amparándose en la "discreción" de las negociaciones. Una discreción que continuará pese a que desde la dirección del partido ven casi imposible un acuerdo, tanto en las próximas horas como en las próximas semanas. Según trasladan fuentes de Igualdad a infoLibre, su objetivo era dar a conocer el documento que surgiera del acuerdo con los socialistas y otros aliados habituales del Ejecutivo. Nada más.

La presión del ala socialista del Ejecutivo no ha surtido efecto. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó a sus socios de gobierno a publicaran estos documentos hace dos semanas: "La del PSOE es conocida por todo el mundo, la de Unidas Podemos no. Sería interesante saber cuáles son", señaló en una conversación con periodistas en el vuelo rumbo a Viena. Una petición que también han realizado ministras como María Jesús Montero o Pilar Alegría. En privado, los socialistas sostienen que estas propuestas apenas variaban en su contenido: "Cambiaban una coma por un punto y coma", ironizan.

Tanto Igualdad como Podemos lo niegan. "En el PSOE saben perfectamente que ha habido posibilidad de acuerdo con muchas de estas propuestas, que hemos estado cerca pero que han elegido sacar adelante la reforma con PP y Vox", señalan fuentes cercanas a Irene Montero. Con todo, hay voces de la dirección morada que sí consideran que Igualdad debería hacer públicas estas propuestas para contrarrestar el discurso del PSOE tras la votación. En el mismo sentido, fuentes del grupo confederal consideran que deberían tratar de llegar a un acuerdo en el trámite parlamentario, una posibilidad que a priori se antoja complicada.

Desde Igualdad recalcan que la prensa ha podido conocer sus planteamientos a través de las declaraciones de Montero, de su número dos, Ángela Rodríguez Pam o de la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell. La principal propuesta que han defendido las portavoces del ministerio se basa en retocar las penas mínimas para los supuestos más graves, pero conservando el destierre definitivo de la violencia e intimidación y manteniendo intacto el consentimiento.

La violencia y la intimidación... ¿en el centro?

Para entender la ley del solo sí es sí es necesario retrotraerse hasta la primavera de 2018, cuando la Audiencia Provincial de Navarra decidió condenar por abuso –y no por agresión– a los cinco miembros de La Manada. Aunque el acto sexual no había sido consentido, los magistrados se decantaron por este tipo penal al entender que no se habían producido las circunstancias de violencia o intimidación que determinaban la calificación de violación, una interpretación que posteriormente sería corregida por el Supremo. Con estos hechos en mente, se planteó la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que acababa con esta distinción, estableciendo que cualquier acto sin consentimiento sería considerado agresión sexual.

La reforma planteada por el PSOE no trae de vuelta el doble tipo penal a efectos terminológicos: todo continuará calificándose como agresión sexual. Ni tampoco cambia en nada la definición del consentimiento que se recoge en la norma: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Ahora bien, a efectos prácticos sí introduce una escala dentro de las agresiones: las que se han producido de forma violenta o intimidatoria y aquellas en las que no han mediado ninguno de estos dos elementos. En las filas moradas consideran que la propuesta del PSOE "pone en duda" el modelo del consentimiento al situar la violencia y la intimidación en el centro.

"Si vuelves a meter la violencia e intimidación en el esquema, vuelves al viejo sistema: lo primero que te van a preguntar es... ¿Te resististe? ¿Qué violencia sufriste? Y, si no puedes demostrarlo, te preguntan por qué. Al final estás diciéndole a la mujer: cuánta más herida, más víctima", explica Rosell en entrevista con infoLibre. En ese sentido, cree que en lugar de introducir esta violencia e intimidación como un subtipo penal debería introducirse mediante un agravante. Sin embargo, a juicio de Justicia, esto "dispararía" las penas.

El PSOE y Unidas Podemos asumen que las rebajas continuarán

El principio de irretroactividad de las disposiciones penales desfavorables hace que un simple cambio en la ley del sólo sí es sí no solucione directamente el problema, aunque incluya, como la propuesta de los socialistas, la ya famosa disposición transitoria. ¿Por qué? Porque aunque haya una modificación que vuelva a endurecer el marco normativo, seguiría siendo más beneficiosa la actual ley.

La Constitución Española prohíbe expresamente en su artículo 9.3 la "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales". Y en base a esto, el Código Penal establece expresamente en su artículo 2.2 que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena".

Tanto el PSOE como Unidas Podemos asumen que las penas que ya se han revisado —un total de 721 reducciones de condena y al menos 74 excarcelaciones, según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial— se van a mantener y que esta rebaja continuará hasta que la modificación se apruebe. Según los cálculos del ala socialista del Ejecutivo, la norma podría estar lista en dos meses, antes del inicio de la campaña electoral. Lo que se vota este martes es la toma en consideración de la ley, es decir, el primer paso para iniciar el trámite parlamentario, que continuará en la comisión de Igualdad y después deberá ser ratificada ante el pleno del Congreso y del Senado.

A menos de 48 horas de que se celebre manifestación del 8M, en Podemos están convencidos de que al PSOE le pasará factura el hecho de sacar adelante la reforma gracias a los votos de la derecha, mientras que los socialistas están dispuestos a asumirlo y señalan que lo urgente es acabar con la "alarma social" generada tras el goteo de rebajas.