El ministro del Interior evita defender a los dos comisarios acusados de “chantaje”

Esta semana comenzó con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acusando públicamente de "chantaje" a dos relevantes comisarios de Policía en relación con la investigación policial que se realizó en torno al ático de lujo adquirido por el político en Estepona (Málaga). Uno de esos comisarios, José Manuel Villarejo, reaccionó de forma inmediata presentando una denuncia judicial contra González. Una actitud que choca con la que mantiene el Ministerio del Interior, que ni abre expediente a los comisarios ni sale en su defensa.

Esa fue la actitud mantenida por el titular de Interior, Jorge Fernández, al ser preguntado por el tema en la reunión celebrada este viernes tras el Consejo de Ministros. En primer lugar, recordó que la reunión de González con los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño se produjo el 29 de noviembre de 2011, "cuando no estaba al frente del Gobierno el Partido PopularPartido Popular. Así que en todo caso tendrán que responder quienes entonces gobernaban aunque fuese en funciones".

Ignacio González ha defendido siempre que alquiló el ático de lujo en 2008 a una sociedad del testaferro profesional Rudy Valner y que finalmente se la compró en 2012. Las investigaciones policiales estaban encaminadas a saber si en realidad González y su mujer, Lourdes Cavero, son los dueños del inmueble desde 2008 y a conocer el origen del dinero para la adquisición del ático. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) terminó presentando una denuncia judicial, que está investigando el Juzagado 5 de Estepona.

"Cautela y prudencia"

Tras asegurar que su obligación es "abordar este asunto con cautela y prudencia porque está judicializado", recordó que se ha producido "un cruce de denuncias" en relación con los presuntos chantajes y extorsiones. "Lo tendrán que dilucidar los jueces", insistió.

Efectivamente, el presidente de la Comunidad de Madrid presentó una denuncia por la "investigación policial ilegal" realizada. Dicha denuncia está siendo instruida por el Juzgado 47 de Madrid y se centra en el entonces comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, que dirigió la investigación sobre el terreno por orden del entonces director adjunto operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido en enero de 2012. Hermes de Dios fue expedientado y trasladado. Por su parte, el comisario Villarejo denunció esta semana a González ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por los presuntos delitos de acusación y denuncia falsa, amenazas y coacciones, así como injurias y calumnias, estas dos últimas agravadas por la publicidad con la que se han llevado a cabo.

El ministro Jorge Fernández afirmó en la rueda de prensa que el titular del Juzgado 47 había pedido copia autentificada del expediente disciplinario abierto al comisario Hermes de Dios, el 27 de marzo de 2013, y que la Policía le envió en su día dicha copia. En dicho expediente figuraba un documento que hacía referencia a la reunión entre González y los dos comisarios, de la que informó El Mundo este lunes.

También la vicepresidenta del Gobierno fue presuntada por la situación de Ignacio González. En concreto, Sáenz de Santamaría tuvo que responder sobre si, como miembro del Partido Popular, estaría dispuesta a hacer campaña junto al presidente de la Comunidad en Madrid. La mano derecha de Rajoy en el Gobierno esquivó la pregunta asegurando que sobre eso decide el partido y que todavía no están decididos los candidatos en Madrid. Tanpoco quiso pronunciarse sobre la candidatura de Francisco Javier Léon de la Riva, que tiene que rendir cuentas ante el juez, al Ayuntamiento de Valladolid.

'Caso Gürtel'

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Una vez iniciada la apertura de juicio oral de una de las fases del caso Gürtel, el PSOE ha solicitado la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno. Preguntada al respecto, Santamaría señaló que se trata de un asunto que corresponde a la Junta de Portavoces. Y que Rajoy "ha comparecido en reiteradas ocasiones sobre ese asunto". Incluso "en plenos monográficos".

Además, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra varios preceptos de la Ley de Cataluña de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, invocando el artículo 161.2 de la Constitución para la suspensión de los preceptos impugnados.

"El Gobierno recuerda que el artículo 149.1.3ª de la Constitución Española reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales y, aunque el Tribunal Constitucional avala las relaciones de la Generalidad con la Unión Europea y su acción exterior, como recoge la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo hace siempre que respeten la competencia que la Constitución Española reconoce al Estado", reza la referencia del Consejo de Ministros.