Se organizaron en cuanto la lucha de las víctimas logró rasgar el manto de silencio y olvido impuesto durante la Transición. Y avisaron de que harían todo lo posible para mantener intacto el mayor símbolo –y homenaje– de aquella sangrienta dictadura que robó casi cuatro décadas de libertad a los españoles. Lo han intentado de todas las maneras, con todo tipo de artimañas. Pero la ofensiva ultra no ha conseguido dinamitar la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Aunque han provocado algunos retrasos, lo cierto es que las múltiples maniobras de este tipo de colectivos en los tribunales no han conseguido tumbar, al menos por el momento, ni las exhumaciones ni los trabajos en el complejo monumental. Y las presiones a la jerarquía eclesiástica para intentar que ponga pie en pared han caído en saco roto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alzó esta semana la paralización cautelar de los trabajos previos a las obras de resignificación del complejo monumental, que contará con un centro de interpretación. "El mantenimiento de la medida podría generar perjuicios a los intereses generales", apuntan los magistrados, que recuerdan que la Ley de Memoria Democrática recoge "expresamente" entre sus "fines" este proceso de democratización del mausoleo. La suspensión fue acordada a mediados de junio a petición de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. En su auto, compraban por error el relato a los recurrentes y sostenían que "el elemento arquitectónico" sobre el que se realizaban los trabajos goza de la "máxima protección" al tratarse de Bien de Interés Cultural (BIC).
Pero lo cierto es que el complejo no ostenta dicha distinción. Y así se lo ha hecho ver la Abogacía del Estado a los magistrados, que aún deben resolver sobre el fondo–si estos primeros trabajos, cuyas máquinas han sido vandalizadas, cuentan con las autorizaciones precisas–. Los movimientos de los ultras en busca de la máxima protección para el mausoleo han sido todo un fracaso. En 2022, el Gobierno rechazó declarar Bien de Interés Cultural el complejo monumental porque sus "aportaciones arquitectónicas" no tenían "suficiente relevancia". Tras esto, los colectivos antimemoria tocaron la puerta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. De nuevo, sin éxito. "La cuestión queda totalmente al margen de mis competencias", respondió la presidenta madrileña. Meses antes, su Administración había declarado "patrimonio inmaterial" la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Las entidades ultras –Fundación Nacional Francisco Franco, Abogados Cristianos, Asociación en Defensa del Valle de los Caídos o Asociación por la Recuperación y la Verdad Histórica– llevan años manteniendo el pulso en los tribunales. Primero, con la salida de los restos del dictador, primera piedra en el largo proceso de resignificación de un complejo monumental convertido en punto de peregrinación fascista. "No es un lugar de homenajes políticos, ni de exaltación de nada, sino un lugar de culto religioso y su traslado", llegaba a decir una de estas asociaciones en un escrito de alegaciones al Tribunal Supremo, que pocos meses después daría el visto bueno definitivo a la exhumación de Francisco Franco.
Artimañas contra las familias
Tras esa primera derrota, la ofensiva se dirigió contra aquellas familias que trataban de recuperar los restos de sus seres queridos de las criptas de Cuelgamuros. A finales de 2022, un particular, representado por un abogado vinculado a la Fundación Franco y a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, interpuso una demanda contra la nieta y sobrina nieta de Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, los dos primeros represaliados por el franquismo cuya búsqueda y recuperación fue ordenada judicialmente. Se negaba a que los "restos mortales de sus antecesores", que se encontraban también allí enterrados, fueran manipulados. Y por ello pedía la paralización de las exhumaciones. El caso, al final, fue archivado por el fallecimiento del demandante. Una muerte que el abogado tardó siete meses en comunicar al juzgado.
Las máquinas de las obras para la resignificación del Valle de Cuelgamuros amanecen vandalizadas
No es el único caso en el que se han denunciado malas artes por parte de colectivos ultras. En diciembre de 2023, otra mujer, nieta de una persona inhumada en Cuelgamuros y representada por Abogados Cristianos, logró con su recurso que la Audiencia Nacional paralizase de manera cautelarísima las labores de exhumación. Una medida que, sin embargo, se levantó en cuanto el Gobierno informó a los magistrados que el lugar en el que se encontraban los restos de la abuela de la demandante era distinto a aquel en el que se estaban realizando los trabajos y de que no había "previsión" de ninguna "operación forense" en esa zona. En el auto de archivo, la Audiencia Nacional resaltó que al esconder esa información la mujer actuó con mala fe.
Ruptura con la jerarquía eclesiástica
Tampoco las llamadas de auxilio a la cúpula de la Iglesia han resultado del todo efectivas. La jerarquía eclesiástica no se opuso en su día a la exhumación de los restos del dictador de la Basílica de Cuelgamuros. Y no lo ha hecho ahora con la resignificación del complejo monumental. El acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano para democratizar el mausoleo se sustanció durante una reunión que mantuvieron en Roma en febrero de 2025 el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Y quedó sellado en un posterior encuentro con el cardenal José Cobo, quien trasladó por carta "el deseo de contribuir" en el proceso "con los valores del diálogo, el respeto, la cultura del encuentro, la convivencia y la paz".
Pese a su carácter descafeinado –no contempla ni la desacralización de la Basílica ni la expulsión de la comunidad benedictina, algo que defendió durante mucho tiempo el propio Gobierno–, lo cierto es que el acuerdo ha soliviantado a los sectores más ultras. Solo el hecho de la resignificación y del pacto no escrito para la salida de Santiago Cantera, el prior con pasado falangista que se opuso ferozmente a la exhumación de Franco, del complejo monumental es considerado una traición. Colectivos como Hazte Oír han organizado en los últimos meses concentraciones frente a la Conferencia Episcopal en las que se ha llegado a llamar "judas" y "profanadores" a los obispos. Protestas que también se trasladaron a las puertas de la Nunciatura Apostólica, embajada del Vaticano, durante la visita del papa León XIV a España.
Se organizaron en cuanto la lucha de las víctimas logró rasgar el manto de silencio y olvido impuesto durante la Transición. Y avisaron de que harían todo lo posible para mantener intacto el mayor símbolo –y homenaje– de aquella sangrienta dictadura que robó casi cuatro décadas de libertad a los españoles. Lo han intentado de todas las maneras, con todo tipo de artimañas. Pero la ofensiva ultra no ha conseguido dinamitar la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Aunque han provocado algunos retrasos, lo cierto es que las múltiples maniobras de este tipo de colectivos en los tribunales no han conseguido tumbar, al menos por el momento, ni las exhumaciones ni los trabajos en el complejo monumental. Y las presiones a la jerarquía eclesiástica para intentar que ponga pie en pared han caído en saco roto.