La oposición y el movimiento feminista celebran haber logrado los 200 millones prometidos contra la violencia machista

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se aprobó en septiembre de 2017 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios –y la abstención de Unidos Podemos, quien sostenía que no se ajustaba a las demandas feministas–. El documento de 214 medidas tomó entonces forma de realidad material y se presentó como los cimientos sobre los que construir la lucha contra la violencia de género. Como viga maestra, un compromiso: la dotación presupuestaria de 200 millones de euros anuales durante cinco años.

El propio texto así lo establece: "Los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios" y  "a las comunidades autónomas un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos cinco años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas" en el pacto. Es decir, 120 millones destinados a comunidades y ayuntamientos, más otros 80 millones para la administración central. La rúbrica del acuerdo, no obstante, no supuso el cumplimiento inmediato de los compromisos pactados. El camino ha estado plagado de obstáculos que oposición y movimiento feminista han conseguido sortear, no sin esfuerzo.

En abril del presente año el Gobierno detalló en su proyecto presupuestario que incrementaría en 80 millones de euros las partidas destinadas a poner en marcha el pacto. Sin embargo, los 120 millones restantes serían asumidos por las comunidades autónomas y los ayuntamientos con su propia financiación y no a través de una partida específica y directa, tal y como establecía el Pacto de Estado. "Las comunidades autónomas y corporaciones locales deberán incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros respectivamente para financiar medidas de este pacto", resumía el Ejecutivo.

Las quejas de la oposición y las multitudinarias protestas del movimiento feminista obligaron al Gobierno a recular. PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro pactaron el pasado viernes, durante el debate en Comisión de los Presupuestos Generales del Estado, una enmienda transaccional para incluir otros 50 millones de euros a la cuantía estatal destinada a actuaciones de prevención contra violencia machista. Pero ni rastro de la financiación a comunidades y ayuntamientos.

Fue precisamente en dicha Comisión cuando el PSOE intenta por vez primera impulsar otra enmienda transaccional para que el compromiso se ajustara a los 200 millones prometidos. "No lo conseguimos in situ porque algunos grupos se lo tenían que pensar", relata la diputada socialista Ángeles Álvarez en conversación con este diario. A partir de entonces, el partido comienza a diseñar sus movimientos para "tratar de promover una enmienda entre todos los grupos". El fin de semana, la diputada Ana Oramas (Coalición Canaria) les transmite su intención de apoyar la transaccional en el sentido en que la planteaban los socialistas, de modo que con su voto conseguían un empate. "Perseguimos entonces el voto de Pedro Quevedo (Nueva Canarias), que desempataba gracias a la mitad más uno", explica Álvarez.

Comienzan las conversaciones y los socialistas se vuelcan en preparar el documento. El lunes, Ana Oramas hace pública su posición. "Teníamos ya la posibilidad de ganar esa propuesta y empezamos a negociar uno a uno", agrega la diputada socialista, quien señala que con Pedro Quevedo se produjo una "conversación muy larga porque había firmado el acuerdo previo de los 50 millones, igual que Ana Oramas". Los socialistas insisten en que dicha enmienda, timoneada por el PP, únicamente consistía en ceder más dinero a la Administración General del Estado, manteniendo a cero a los ayuntamiento y comunidades. "Entonces él lo vio clarísimo y manifestó que nos apoyaría", asevera Álvarez.

Tanto Quevedo como Oramas comunican sus posiciones al Gobierno, al tiempo que el PSOE cuenta ya con las firmas necesarias y los documentos pertinentes para sacar la enmienda adelante. Álvarez se reúne entonces con el portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos y éste le traslada su aceptación. "Cuando el PP nos llamó, PNV y Ciudadanos se estaban pensando qué hacían", pero con la consecución de esa mitad más uno "todos los grupos eran conscientes" de que debían sumarse, así que "se movieron todos rápido".

Fondos finalistas

Finalmente, este martes el Pleno del Congreso aprobó la enmienda socialista para que el presupuesto contra la violencia machista ascienda a los 200 millones anuales prometidos en el pacto. Álvarez entiende que no se trata únicamente de lograr los 200 millones por parte de la Administración General del Estado, sino que el acuerdo se debe cumplir en base a dos ideas: la cantidad mínima pactada y la premisa de que eran "fondos finalistas para transferencias a comunidades y ayuntamientos".

El Gobierno, por tanto, "tiene que convocar, de manera diligente y con urgencia, la Conferencia Sectorial de Igualdad para cuadrar los criterios de reparto de los fondos según una batería de indicadores que ellos mismos tendrán que estipular" para que las comunidades "se puedan poner a trabajar sobre las medidas que hayan fijado en cada caso".

La diputada recuerda, en este sentido, las diferencias territoriales respecto a la lucha contra la violencia machista. La realidad demuestra que los recursos y los ritmos difieren en cada comunidad. "Hay comunidades como Andalucía con servicios de atención a las agresiones sexuales, por ejemplo, y otras que tendrán que poner en funcionamiento esos servicios", de forma que la aplicación del presupuesto queda en manos de la "planificación estratégica de las comunidades". Los presupuestos, por tanto, deberán ser "finalistas y condicionados" además de atender "a la necesidad de que exista un control de los fondos". 

Presión feminista

Cabe pensar que la incorporación de una partida destinada a comunidades y entidades locales para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no habría sido posible sin la presión del movimiento feminista. Ya en noviembre de 2015 activistas y organizaciones salían a las calles de Madrid para teñirlas de morado en lo que años después se recordaría como la primera gran marcha estatal contra la violencia de género y el preludio de un mandato que comenzaba entonces a tomar forma: la necesidad de un pacto contra la violencia machista, que se hizo realidad casi dos años después. 

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Con ese pacto ya sobre la mesa, las organizaciones feministas de todo el país se han convertido en agentes fundamentales a la hora de sugerir las medidas y las condiciones del acuerdo, carentes de sentido sin un compromiso presupuestario. El pasado 16 de mayo cientos de entidades, organizadas en torno a la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas, convocaron manifestaciones en más de 40 ciudades españolas para recordar que compromiso es, precisamente, sinónimo de presupuesto.

¿Cuál ha sido la importancia de las organizaciones y de las activistas a la hora de lograr el presupuesto fijado? "Toda", responde Ángeles Álvarez. La parlamentaria explica que la idea de presentar una enmienda fue compartida en todo momento con las organizaciones feministas con las que tenía contacto. "Estuvieron informadas al minuto", relata la diputada, quien celebra haber mantenido "ese vínculo vivo".

Henar Sastre, activista en la Plataforma 7N, advierte de la necesidad por parte de las organizaciones feministas de estar expectantes para que lo acordado se cumpla. Si bien entiende como logro del movimiento feminista que los 200 millones hayan sido finalmente incluidos en los Presupuestos Generales, cree necesario estar vigilante para que esta y otras medidas se ejecuten. Por otro lado, la activista reconoce tener una herida abierta respecto a la participación del movimiento feminista en lo que atañe al acuerdo estatal. Tanto el Convenio de Estambul como la Cedaw –Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer– llama a que las organizaciones participen y elaboren un informe sombra. "Queríamos que el pacto recogiera esta posibilidad, pero no ha sido posible porque el pacto ni nos nombra", lamenta Sastre. En todo caso, remata, "intentaremos hacer valer todo el trabajo que estamos haciendo" aunque en el pacto "no haya un reconocimiento tácito ni instrumental" de su valor.