El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abre una nueva pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Lo hace a raíz de un oficio remitido por la Fiscalía comunitaria, en el que se ponen de manifiesto sospechas en relación a la adjudicación de un contrato a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por la consultora KPMG e Innova, la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés. Una licitación que querían investigar por su cuenta las fiscales europeas pero que, sin embargo, la Audiencia Nacional ha ordenado que se remita al juzgado de instrucción.
En un providencia fechada este jueves, Peinado ha abierto una pieza separada con la documentación remitida "para la investigación de los hechos" y ha pedido a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si los mismos son o no delictivos. Sobre la mesa del juez se ha puesto, en concreto, el auto de la Audiencia Nacional dejando sin efecto la avocación de las fiscales europeas –es decir, la decisión de asumir directamente las pesquisas– y el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que hizo saltar todas las alarmas entre las representantes del Ministerio Público.
Según consta en un decreto de la Fiscalía Europea fechado el pasado 8 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre, aquel informe giraba en torno a las comunicaciones electrónicas intervenidas a 13 personas en lo relativo a la tramitación de dos expedientes de adjudicación de la entidad pública Red.es que en esos momentos estaban bajo la lupa. Sin embargo, el atestado mencionaba también otro expediente que no era en esos momentos objeto de investigación: el 044/20-ED, que tenía por objeto "Servicios de oficina Acelera Pyme-Servicios de apoyo y asesoramiento".
La Audiencia de Madrid tendrá la última palabra sobre la "irracional" instrucción de Peinado
En este expediente aparecería como UTE adjudicataria Innova Next y KPMG. Y la financiación correría a cargo de los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). "Del informe policial se desprende que en la adjudicación del 044/20 el informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria", explica la Fiscalía Europea en su decreto.
El informe policial resalta que al analizar los borradores de el informe de valoración intercambiado por los evaluadores se encontraron un comentario que aludía al hecho de que la unión temporal de empresas no hubiera incluido dicho "libro blanco": "Hecho que habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores".
Habrá que ver, no obstante, el alcance de esta línea de investigación. Si bien en el resto de licitaciones que en su día se pusieron bajo sospecha existían cartas firmadas por la propia Gómez que daban respaldo a las adjudicatarias, en este caso no constan –al menos por el momento– misivas similares, por lo que, en principio, todo giraría alrededor de Barrabés y Red.es.
El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abre una nueva pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Lo hace a raíz de un oficio remitido por la Fiscalía comunitaria, en el que se ponen de manifiesto sospechas en relación a la adjudicación de un contrato a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por la consultora KPMG e Innova, la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés. Una licitación que querían investigar por su cuenta las fiscales europeas pero que, sin embargo, la Audiencia Nacional ha ordenado que se remita al juzgado de instrucción.