Peinado se agarra a un mensaje al que la Fiscalía quita peso para insistir en el rescate de Air Europa
El magistrado Juan Carlos Peinado no está dispuesto a dejar fuera de su causa estrella el rescate estatal de Air Europa en plena pandemia. Y ni los informes de la Guardia Civil en este procedimiento ni las líneas rojas marcadas por la Audiencia de Madrid, que hasta en dos ocasiones ha dicho que esa línea de investigación debe abandonarse por falta de indicios, parecen haberle hecho cambiar de opinión. En un auto de este martes, el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid sostiene que existen "nuevos datos" que no se conocían cuando sus superiores le ordenaron aparcar esa parte de las pesquisas. Se apoya en uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso Koldo, en el que figura, en relación al rescate, un mensaje en el que se menciona a "Begoña". WhatsApp al que, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción resta importancia.
La causa que persigue desde hace un año a Begoña Gómez arrancó a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato ultra Manos Limpias. Basada en recortes de prensa, ponía bajo sospecha dos operaciones en las que, supuestamente, habría influido la mujer del presidente del Gobierno: los contratos a la empresa Innova Next y el rescate a Air Europa. Tras abrir diligencias de investigación, Peinado encargó a la UCO que realizara un análisis de los hechos. Sin embargo, los investigadores no encontraron nada raro en ninguno de los dos frentes. Para la Guardia Civil no había nada que permitiese vincular a Gómez con la "decisión ministerial" de la ayuda a la aerolínea.
La Audiencia de Madrid, sin embargo, permitió al instructor seguir con la causa. Eso sí, dejando fuera la parte relativa a Air Europa al entender que la vinculación de la mujer del presidente con el rescate era "una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales". Pero Peinado decidió hacer oídos sordos y continuó encargando diligencias. Y la Audiencia volvió a insistir en el veto "en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada": "Llevan razón los recurrentes cuando consideran que el bloque quedó fuera de nuestra anterior validación del inicio de la investigación".
El instructor, de nuevo, hizo caso omiso, y pidió a la UCO que le informara sobre cuándo tenía previsto entregar el informe monográfico sobre el rescate de Air Europa. Peinado, ante un primer recurso del fiscal, alegó que si estaba pidiendo ese análisis era para saber si había "hechos nuevos". Pero el Ministerio Público volvió a recurrir: "El criterio de razonamiento esbozado causa sorpresa. No hay hechos que revistan caracteres delictivos. No hay indicios que justifiquen una investigación criminal. Pero como parece que se ha decidido apriorísticamente que sí hay delito subyacente, se decide ir en búsqueda de estos 'hechos nuevos', que ya de antemano se apunta a que serán delictivos".
Es a ese recurso, y a otro similar de la defensa de Gómez, al que dio respuesta este martes el magistrado. En su auto, Peinado ya no habla de una búsqueda de novedades. Dice que ya existen esos "hechos nuevos" que reclamaba en su día la Audiencia de Madrid. Y, para ello, se apoya en el informe que la Unidad Central Operativa aportó a comienzos de abril al caso Koldo. En él, los investigadores profundizan en la supuesta influencia del exministro José Luis Ábalos en el rescate de la aerolínea. Y lo hacen en base al tráfico de mensajes intercambiados en aquellos meses por los integrantes de la trama, que se encuentra bajo investigación en el Tribunal Supremo.
"Ya ha desaparecido ese carácter de mera conjetura –como dijo en su momento la Audiencia de Madrid–, siendo desde luego un indicio delictivo que afecta directamente, en cuanto a la participación en los mismos [hechos], de la investigada Begoña Gómez", apunta el magistrado. En el informe de los investigadores del caso Koldo tan solo aparecía una vez el nombre de "Begoña" en relación con el rescate. Figura en un mensaje que, ante la aparente falta de acuerdo sobre el rescate, el empresario Víctor de Aldama remitió a Koldo García. "Está muy jodido el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", escribió el primero el 3 de septiembre de 2020. El WhatsApp, según los investigadores, se refería a Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia.
"Si después de tener constancia de lo expuesto más arriba se sigue insistiendo en la idea de que no hay hechos nuevos que permitan afirmar que no se colma la exigencia de la Audiencia Provincial en cuanto a que no procede la investigación [...] es tanto como pretender utilizar la denominada 'Técnica del avestruz', en sentido de no querer contemplar una realidad objetiva", escribe Peinado. Lo hace tras recoger íntegramente una pieza de El Mundo sobre el informe de la UCO. Un diario del que, sostiene, "no se puede afirmar que tenga una concreta afinidad ideológica a ningún específico partido político" y, por tanto, "susceptible de ser merecedor de credibilidad objetiva".
El mensaje incluido en el informe generó un esperado terremoto político. Pero no ha tenido, por el momento, implicación alguna en la causa que se sigue en el Supremo. Es más, la Fiscalía Anticorrupción restó desde el primer momento importancia a lo que consideraba un "comentario incidental de referencia" que, en principio, no daba "para más". Al fin y al cabo, ni constaba acreditado que esa llamada finalmente se produjese –al final, eran terceros quienes hacían referencia a la misma– ni existían, por el momento, más indicios que situaran a la mujer del presidente detrás del rescate. De ahí que descartaran llamarla a declarar. Postura que, confirman fuentes fiscales, se mantiene en la actualidad.
Peinado se muestra, en su resolución, especialmente duro con el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero. Le acusa de adoptar una "postura procesal" en la que pone especial énfasis "en que no se investigue". Y dice que "parece no querer estar en el mundo en el que vivimos todos los españoles" cuando señalaba que no había nada nuevo sobre el rescate de Air Europa. "Es notorio y público. Por todos los medios de comunicación de todo tipo se ha informado a la opinión pública del resultado de los avances realizados en la investigación llevada a cabo por la UCO", recrimina el magistrado. Lo que no dice, sin embargo, es que el recurso del fiscal es previo al informe de los investigadores del caso Koldo. Aunque se haya resuelto ahora, es del 27 de marzo. Y el atestado de la Guardia Civil tiene fecha del 8 de abril.
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Ante la insistencia del instructor, la Guardia Civil informó a mediados de marzo que se encontraba ultimando ya el informe relativo al análisis del expediente aportado por la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) sobre el rescate de Air Europa, que costó 475 millones y que fue avalado en su día por el Tribunal de Cuentas. "Se encuentra en un estado muy avanzado, teniendo prevista la entrega del mismo en las próximas semanas", se recoge en un oficio del Instituto Armado. A comienzos de esta semana, todavía no constaba como incorporado al sumario informe alguno de la Unidad Central Operativa sobre la ayuda a la aerolínea.
Sí que consta, por ejemplo, la que es una consecuencia directa de la forma de instruir del magistrado. A comienzos de año, la Audiencia de Madrid anuló el registro de las oficinas y el domicilio de Juan Carlos Barrabés, el empresario que se hizo con los contratos bajo sospecha que iniciaron el caso Begoña, al no encontrar debidamente justificada la urgencia alegada por el instructor para realizar las entradas mientras el investigado estaba en el hospital. "No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad", le llegaron a reprochar. Un derrumbe de los registros que llevó aparejada la nulidad del análisis de los dispositivos electrónicos incautados al empresario.
La Guardia Civil se vio obligada a borrar cuatro discos duros, con una capacidad total de siete terabytes, que contenían copia de trabajo de toda la información copiada, volcada o descargada. La eliminación, realizada a través del software forense Paladin, comenzó el 13 de febrero. Y culminó cuatro días más tarde. "El proceso realizado consiste en la limpieza total de cualquier contenido previo de los soportes sometidos al mismo, consiguiendo la eliminación completa mediante sobre-escritura en toda la capacidad de contenido estéril (ceros)", se recoge en el acta de destrucción.
