Los jubilados se movilizan este sábado y denuncian el debate sobre la subida de las pensiones máximas

Desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Extremadura, País Vasco y Madrid. Pensionistas de toda España han viajado hasta la capital este sábado para exigir la revalorización de las pensiones respecto al incremento del IPC acumulado anual y una pensión mínima del 60% del salario medio. Una reivindicación que apoyan asociaciones como la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (Asjubi40) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

A juicio de Luki Gómez, uno de los portavoces del movimiento en defensa de las pensiones en Bilbao, sus reivindicaciones "siguen sin cubrirse desde que salimos el 15 de enero de 2018 a la calle pidiendo un sistema público garantizado y unas pensiones dignas", apunta en conversación con infoLibre. "Seguimos reivindicando el IPC real, es decir, lo que sube el coste de la vida en el año. Por ejemplo, el año pasado perdimos cerca de un 3% y este año podemos perder un 2%, porque el cálculo se hace en noviembre y según las estimaciones este año subirá a más del 10%, pero a nosotros nos subirán un 8.5%", expone. Gómez lamenta que "algunos" se "escandalicen" porque les suben las pensiones. "Es de justicia. Desde el colectivo de pensionistas ejercemos la economía circular, es decir, vamos a consumir más y a ayudar económicamente a nuestros familiares", apunta.

Este pensionista de 68 años lamenta que el Congreso no haya realizado la auditoría a la Seguridad Social a la que se comprometió. "Sospechamos que es porque van a salir cosas muy preocupantes para este país como, por ejemplo, adónde fue el dinero de la caja de las pensiones para motivos que no tenían nada que ver", subraya. Esa será una de las reivindicaciones de la manifestación.

Otra de ellas es la pensión mínima de 1.084 euros, "como dice la Carta Social Europea", apunta Gómez, y el 100% de la pensión de viudedad para aquellas mujeres que no han trabajado fuera de casa. "Se están dando casos en los que se muere la mujer y el marido cobra la misma pensión, pero se muere el marido y la mujer cobra el 60%. No nos parece justo porque a las mujeres de los militares sí que se les aplica", prosigue. Los pensionistas también reclaman que las residencias de mayores estén controladas por las instituciones públicas y que se termine con la "brecha digital" que hay en la Seguridad Social a la hora de pedir las citas a la atención primaria y especializada.

¿Revisar el Pacto de Toledo?

Esta manifestación será el primer paso de una movilización general que los convocantes tienen previsto realizar en noviembre en diferentes territorios. Y coincide con el debate que se ha generado esta semana en el Congreso, con algunas formaciones como Ciudadanos oponiéndose a la subida lineal de las pensiones y otras como el PP instaladas en la indefinición. El Pacto de Toledo nació en 1995 para impedir que las pensiones se utilizasen como arma electoral, una tentación en la que siguen cayendo los partidos y sus líderes, conscientes de que los pensionistas suponen un caladero importante a nivel electoral. Las pensiones han acaparado el 75% del gasto social (19.547 millones) en los Presupuestos Generales del Estado pactados la semana pasada en el seno del Ejecutivo y que se van a destinar tanto a la revalorización con el IPC como a las prestaciones de los nuevos pensionistas.

Se trata de un incremento del 8,5%, que cumple con la revalorización de las pensiones pactada el pasado año por los agentes sociales y recomendada en el Pacto de Toledo. Un pacto actualizado en 2020 y que fue avalado por 262 votos a favor. Pese a que Ciudadanos fue uno de los partidos que dio su ‘sí’ a esas recomendaciones, ahora se opone al aumento. Su líder, Inés Arrimadas, acusó la semana pasada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “reventar” el sistema y “aumentar la brecha entre diferentes generaciones” con esa medida.

Un rechazo que volvió a escenificar esta misma semana en la Cámara Baja, donde Arrimadas incidió de nuevo en su rechazo a la subida lineal de las pensiones. A juicio de la dirigente de Cs, este incremento aumenta la desigualdad entre jubilados y jóvenes. "La pensión media en España ha subido un 40% y, sin embargo, el sueldo de los jóvenes no ha subido ni un 6%", afirmó, incidiendo especialmente en las pensiones más altas. Con la revalorización, la pensión máxima subirá hasta los 42.829 euros anuales.

La derecha abre la puerta a la privatización del sistema

A juicio del catedrático de Economía de la Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, esta argumentación no se sostiene. “El sistema no se va a quebrar”, afirma en declaraciones a infoLibre.  “El argumento de que el gasto se está disparando es falaz porque hay que tener en cuenta los ingresos. Si los ingresos superan a los gastos, tal y como apuntan las previsiones del Gobierno, el sistema es viable”, asegura. Respecto al tope a las pensiones máximas, Ruesga asegura que esos pensionistas “cobran en función de lo que han cotizado”: “Tendría más lógica proponer que no haya tope a la base máxima de cotización”, puntualiza.

Es más, Ruesga recuerda que cuando se actualizó el Pacto de Toledo en 2020 ningún partido añadió ninguna “salvaguarda” para impedir esa subida lineal atendiendo a la inflación. Un hecho que también le afeó el propio Sánchez a Arrimadas, a lo que ésta le respondió solicitando una nueva convocatoria de la mesa del Pacto de Toledo para “hablar de mecanismos de sostenibilidad”.

Para el Partido Popular se trata de un debate incómodo. Su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de evitar esta cuestión hasta el punto de haber eludido durante meses aclarar si el PP va a apoyar o no la revalorización de las rentas de los pensionistas de acuerdo con el IPC. A un año de la cita con las urnas, el PP ha resuelto el dilema diciendo que “la ley debe cumplirse”. Sin embargo, esta decisión solo se explica en un contexto electoral. Porque el PP sigue defendiendo el modelo de Mariano Rajoy, que incluía una cláusula que permitía reducir las prestaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Es más, algunos dirigentes del PP han llegado a plantear, al igual que Ciudadanos, un pacto de rentas en el que las pensiones más altas suban menos que el IPC. Esto, en la práctica, significaría que las prestaciones más elevadas no subieran un 8,5%, sino en una horquilla aproximada entre un 4,5% y un 7%. Una cifra que se tendría que pactar también con los agentes sociales y el PSOE. Ruesga critica que las formaciones que defienden esta subida limitada a las rentas más altas son las mismas que "están en contra del impuesto de patrimonio": "Si no tiene lógica grabar el patrimonio, ¿por qué sí la tiene recortar las pensiones máximas?", plantea.

Por lo que respecta a Vox, sus dirigentes apenas hablan de pensiones. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó hace unos meses que "cualquier persona nacida a partir de los años 70 en España" debe "suscribir un fondo de pensiones privado" si desea cobrar una pensión cuando llegue a la jubilación. "Si no queremos que haya recortes en el futuro tendremos que recortar por otro lado porque este sistema no se sostiene, es imposible", afirmó.

En este tema la posición de Feijóo no difiere mucho de la de su antecesor. Pablo Casado defendía prolongar la vida laboral e incluso alababa los sistemas de capitalización mixta –pensiones privadas– o de reparto –el español lo es– en que las prestaciones se adecúen a los ingresos; es decir, con mecanismos de recorte como ocurría con Rajoy.

A juicio de Santos Ruesga, esta defensa de los planes de pensiones privados esconde una "publicidad encubierta": "Supongo que les están financiando las aseguradoras para que lo hagan", alega. "Si yo fuera joven, lo que menos haría es un fondo de pensiones, esos sí que están en la ruina porque han caído muchísimo con la pandemia", continúa. "Explícale a una persona joven que con su sueldo precario tiene que pagar un fondo de pensiones. La media de aportación es de 200 euros al año y ya me dirás si aportando 200 euros al año, de aquí a 20 o 30 años vas a tener una pensión decente. Si entonces no hay pensiones públicas, esto va a ser la jungla", vaticina.

Los sistemas de pensiones en otros países

¿Y cómo funcionan los sistemas en otros países? En el mundo occidental incluyen tres tipos de prestaciones: las mínimas o sociales, para evitar las situaciones de extrema pobreza en la vejez; las públicas, normalmente basadas en sistemas de reparto –financiadas con las cuotas de empresas y trabajadores–, y las privadas, que además pueden capitalizarse, invertirse para obtener un rendimiento. Pero cada país ha configurado estos tres pilares de forma distinta.

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Francia, España, Portugal y Grecia cuentan con sistemas de reparto clásicos, mientras que Italia ha seguido los pasos de Suecia, Noruega, Polonia y Letonia y ha optado por las llamadas cuentas nocionales, unas cuentas virtuales en las que cada trabajador va acumulando sus cotizaciones. En Alemania utilizan un sistema de puntos que se adquieren según se cotiza, y al tiempo poseen un sistema muy desarrollado de planes de empleo, ofrecidos por las empresas. En Chile, el sistema público de pensiones desapareció en 1981, por lo que los ciudadanos sólo cuentan con sistemas privados.

No obstante, una característica común a todos es el progresivo retraso de la edad de jubilación, que no suele bajar de los 65 años y se encamina, cuando no se sitúa ya en muchos países, en los 67 años. Es el caso de España. También aumentará gradualmente el número de años para calcular la cuantía de la pensión, de forma que en 2022 se utilizarán los últimos 25 años de carrera laboral. Lo mismo ocurrirá con el número de años cotizados para obtener el 100% de la pensión, que será de 38 años en 2027. 

Otra diferencia entre los distintos países es el sistema para actualizar las pensiones. En España se aplicaba un índice que tenía en cuenta el PIB y el déficit o superávit de la Seguridad Social. En el resto de los países de la OCDE se utilizan bien la inflación –Francia, Italia, Letonia–, bien los salarios –Dinamarca, Noruega–, bien el PIB y la esperanza de vida o una combinación de estos factores –Alemania, Portugal, Suecia–, informa Begoña P. Ramírez.