Por qué perdura la corrupción: vigilar y castigar no basta

Los casos de corrupción se suceden con una regularidad casi previsible. Cambian los nombres, pero no la lógica que los sostiene. A menudo se presentan como simples episodios de avaricia o fallos éticos individuales. Sin embargo, esta explicación es incompleta si no tenemos en cuenta los contextos institucionales que facilitan estas conductas. La corrupción adopta múltiples formas, erosiona la confianza en las instituciones, influye en la desigualdad y obstaculiza el desarrollo social.

Durante mucho tiempo, la corrupción se ha explicado como un problema de control (modelo principal–agente). Los ciudadanos o el Estado delegan poder en funcionarios o políticos, que pueden aprovecharse de esa posición. La solución, según este enfoque, consiste en controlar y sancionar con mayor dureza.

Esta explicación no basta para entender por qué la corrupción persiste y se normaliza, incluso cuando no responde a necesidades económicas. El modelo asume decisiones racionales e ignora cómo influyen los sesgos, las normas sociales y el contexto institucional. Para entender y reducir la corrupción debemos también atender a lo que se ha venido a llamar la arquitectura de las decisiones: cómo se estructuran y diseñan los entornos e instituciones en los que las personas actúan.

Cómo el entorno moldea nuestras decisiones

La economía de la conducta muestra que nuestras decisiones están influidas por la complejidad del entorno, sesgos cognitivos y por limitaciones de atención y memoria. En muchas situaciones no decidimos tras un análisis cuidadoso, sino mediante atajos mentales propios de una racionalidad acotada. El entorno y la forma en que se presentan las opciones influyen de manera decisiva.

Desde esta perspectiva, las conductas corruptas no son solo inmorales y están relacionadas con la avaricia, sino que también pueden aparecer cuando los incentivos, las normas sociales y el diseño de los procedimientos las facilitan. Esto no significa que no haya responsabilidad moral o legal, sino que es importante reconocer que existen entornos que hacen que comportarse de forma indebida resulte más fácil, más tentador o incluso esperable.

Cuando la corrupción se vuelve normal

Muchos estudios muestran que tendemos a imitar lo que hacen los demás. Cuando la corrupción parece habitual, aumenta la disposición a aceptarla. Si “todo el mundo lo hace”, nadie quiere ser el tonto honesto que se queda fuera. Así se crea una trampa social que se reproduce y se normaliza.

Además, vigilar y castigar no siempre reduce la corrupción y, en algunos contextos, puede incluso incrementarla al transformar la decisión en un cálculo estratégico de riesgos. Cuando las personas saben que existen inspecciones o castigos, pueden dejar de evaluar la conducta en términos morales y pasar a hacerlo en términos de un juego probabilístico: “¿Me descubrirán o no?”.

En la corrupción política, las respuestas habituales suelen fallar. Más castigo penal llega tarde, más leyes no resuelven el problema y apelar a la ética individual no basta si el sistema empuja en la dirección contraria. Por eso, las soluciones más prometedoras pasan por reducir la discrecionalidad, aumentar la trazabilidad y rediseñar los procesos de decisión para que la corrupción sea más difícil, más visible y más costosa.

Además, es crucial evitar que la corrupción se perciba como algo habitual, ya que, como hemos visto, cuando se ve como frecuente aumenta la probabilidad de que ocurra.

Cambiar el contexto para cambiar conductas

Para explicar por qué el contexto importa, el economista y politólogo estadounidense Herbert Simon recurrió a la imagen de una hormiga en la playa. Si miramos solo a la hormiga, no entendemos su comportamiento. Para comprenderlo, debemos observar la playa, los montículos de arena y los obstáculos que debe sortear. Del mismo modo, nuestras decisiones solo se entienden si atendemos al entorno en el que actuamos. Como diría Simon, nuestras decisiones se parecen a unas tijeras, cuyas hojas inseparables son nuestras capacidades y el entorno.

Como las reformas legales y los controles no han logrado reducir de forma sostenida la corrupción, resulta clave rediseñar los contextos de decisión. Esto incluye medidas organizativas –como la rotación de personal, la reducción de intermediarios o la limitación de interacciones discrecionales– y el uso de políticas públicas conductuales como nudges: pequeños cambios en los procedimientos que aumentan la transparencia, introducen fricciones al comportamiento corrupto y facilitan denunciar y actuar de forma honesta.

Algunos ejemplos ilustran este enfoque:

La corrupción contra la democracia (III): ¿Cuánto nos cuesta la corrupción?

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No se trata de sustituir a las leyes, sino de reforzarlas modificando los contextos en los que se toman las decisiones. Si queremos dejar de sorprendernos ante cada nuevo escándalo, quizá convenga mirar menos a las “manzanas podridas” y más al cesto que las contiene: combatir la corrupción exige repensar el diseño de nuestras instituciones y los comportamientos que estas facilitan.

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Alejandro Hortal es visiting assistant professor en la Wake Forest University; University of North Carolina – Greensboro. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Los casos de corrupción se suceden con una regularidad casi previsible. Cambian los nombres, pero no la lógica que los sostiene. A menudo se presentan como simples episodios de avaricia o fallos éticos individuales. Sin embargo, esta explicación es incompleta si no tenemos en cuenta los contextos institucionales que facilitan estas conductas. La corrupción adopta múltiples formas, erosiona la confianza en las instituciones, influye en la desigualdad y obstaculiza el desarrollo social.