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Caso Nóos

El PP instruye a sus dirigentes para cargar al juez el patinazo

El juez Castro y el fiscal Horrach en la Jefatura de Policía de Palma.

El PP intentó salir el martes al paso de la chapuza que ha dejado al descubierto la imputación por error de la venta de 13 propiedades por parte de la infanta Cristina de Borbón. Consciente de que el tema iba a ser objeto de preguntas a sus cargos públicos, el partido presidido por Mariano Rajoy elaboró y difundió un argumentario interno al respecto.

En el texto, de dos páginas de extensión, y al que ha tenido acceso infoLibre, los conservadores cargan todo el peso del episodio sobre el juez instructor del caso Nóos, José Castro. Así, mantienen que éste "no pidió un informe o investigación, pidió todos los datos desde 2002 que constaban en la Agencia Tributaria". Basta contrastar esta acusación del partido del Gobierno con el auto para comprobar que ocurrió justamente lo contrario.

Así, en un auto con fecha del 24 de mayo, el magistrado dispone, entre otros asuntos, "oficiar a la Dependencia Regional de la Agencia Tributaria de Catalunya al objeto de que se emita informe sobre las cuentas corrientes de las que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia sea titular o en las que aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular". Es decir que, en contra de lo que sostiene el PP, José Castro sí demandó ese "informe".

Esta petición del 24 de mayo fue complementada después en un auto del día 29 del mismo mes, en el que se demanda "librar de nuevo oficio" al mismo organismo "en el sentido de que el ámbito temporal de los datos que se interesan se extienda desde el año 2002 a la actualidad".

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Sobre los "datos prescritos"

Junto a esta conclusión, el argumentario de los conservadores insiste en que "se le envió todos y se le advirtió que algunos de estos datos provenían de terceros (registradores y notarios entre otros)". Y que "la Agencia Tributaria por ley no puede comprobar la veracidad de datos prescritos (cuatro años). Es decir, que en este caso la Agencia no podía comprobar los datos de 2002 a 2009".

Además, mantiene que "la Agencia Tributaria no puede hacer públicos datos del contribuyente en ningún caso. En el caso de Luis Bárcenas, fue el contribuyente quien renunció al derecho de secreto de la información y el Ministerio se limitó a desmentirlo".

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