La situación en los pasillos y en la sala de prensa del Congreso de los Diputados se ha vuelto insostenible. Agitadores de pseudomedios, con acreditación dada por la Cámara Baja, han traspasado todas las líneas rojas del comportamiento entre profesionales, con incluso amenazas y señalamientos a periodistas y situaciones de agresividad verbal contra políticos del bloque progresista.
El pasado martes se vivió una situación de máxima tensión durante la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, cuando el agitador ultra Bertrand Ndongo boicoteó el acto con gritos y sin dejar hablar a periodistas a pesar de que él no tenía el turno de palabra. Una trifulca sin precedentes en tono agresivo que provocó que la mayoría de informadores abandonaran la sala en señal de protesta y tampoco acudieran al resto de comparecencias durante ese día.
Supone otro incidente más que ha vuelto a denunciar la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que hace semanas congregó a decenas de informadores en las escalinatas del Congreso después de las amenazas a otra periodista por parte de Vito Quiles (EDA TV). La asociación volvió a mostrar su “contundente” rechazo al “comportamiento de algunas personas acreditadas en el Congreso, que continúan alterando o impidiendo el funcionamiento normal de las ruedas de prensa”.
Se activa la tramitación
Este incidente ha hecho que se acelere la tramitación de la proposición para reformar el reglamento del Congreso para poder imponer sanciones por este tipo de comportamientos a través de un texto apoyado por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, BNG, Podemos, PNV y Coalición Canaria. Esta propuesta pasará previsiblemente su primer corte este martes con la votación de su admisión a trámite.
Vox se ha mostrado radicalmente en contra de esta propuesta, que puede afectar a agitadores que apoyan abiertamente a la ultraderecha. Y en el Congreso se mira especialmente al Partido Popular, que no ha querido revelar su voto final, pero que ya ha dejado clara su intención de no apoyar el texto, que cuenta con el visto bueno de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
El portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, ha señalado estos días, y tras el incidente, que su partido no va a “colaborar” para “censurar a ningún medio de comunicación”. Según el parlamentario, es “tremendamente peligroso” que los políticos quieran “acallar” a “determinados periodistas” y “controlar medios de comunicación”. “Desde luego que no van a contar con la colaboración del Partido Popular”, señaló. En ningún momento los diputados populares han criticado las actitudes de los pseudomedios en el Congreso de los Diputados.
El PP de Madrid sí ha hecho, en cambio, una defensa cerrada a favor de estos agitadores. Incluso en la cuenta oficial del partido se grabó un vídeo, al estilo de Camera Café, en el que charlan los populares Alfonso Serrano e Ismael Quesada con Quiles dentro de la propia sede, en el número 13 de la calle Génova (en el mismo edificio donde está el despacho de Alberto Núñez Feijóo). Serrano acaba de ser nombrado este mismo viernes organizador del congreso que celebrará el Partido Popular en julio en Madrid en el que se debatirá el ideario del propio partido.
En qué cosiste la reforma
La reforma presentada pretende modificar el artículo 98 del reglamento del Congreso (las asociaciones de periodistas lo han pedido también al Senado pero no se ha movido ficha por parte de la institución controlada con mayoría absoluta por el Partido Popular). La exposición de motivos indica: “Durante la presente legislatura las personas que se dedican al periodismo parlamentario están viendo perturbado gravemente el ejercicio de su derecho a la información por otras que, pese a estar acreditadas por la Cámara como profesionales de la comunicación, se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas que defienden que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento”.
“A consecuencia de esta situación, diferentes colectivos de periodistas han solicitado que el Congreso adopte las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”, detalla la propuesta, que pasa este martes su primer filtro en el Pleno.
El texto deja en manos de la Mesa del Congreso (el órgano de gobierno) regular “el procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medio" y fijar “los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".
Los periodistas del Congreso se plantan tras un nuevo ataque de un pseudomedio acreditado
Si sale adelante, el reglamento incluirá también infracciones leves, graves y muy graves, que incluyen desde la grabación de audios y vídeos en zonas no permitidas, la entrada en los despachos de los diputados no autorizadas, las faltas de respeto y contra la cortesía parlamentaria y hasta proferir insultos, entre otros actos.
Además, se establece un régimen sancionador. Las infracciones leves conllevarán un apercibimiento y, en su caso, una suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles. Las graves supondrán la retirada de la credencial entre diez días y tres meses. Y las muy graves conllevarán quitar la credencial entre tres meses y cinco años (incluso de manera definitiva).
La sanción se impondrá al representante del medio de comunicación que hubiera llevado a cabo la infracción. En el caso de las graves y de las muy graves, el medio de comunicación no podrá sustituirlo por otro durante el tiempo que dure la suspensión de la credencial. No obstante, si la infracción se refleja en una publicación en un medio de comunicación que no indica la autoría, se suspenderán todas las credenciales vinculadas a dicho medio de comunicación por un tiempo de entre seis meses a tres años.
La situación en los pasillos y en la sala de prensa del Congreso de los Diputados se ha vuelto insostenible. Agitadores de pseudomedios, con acreditación dada por la Cámara Baja, han traspasado todas las líneas rojas del comportamiento entre profesionales, con incluso amenazas y señalamientos a periodistas y situaciones de agresividad verbal contra políticos del bloque progresista.