La Junta de Extremadura ha aprobado un decreto-ley, consensuado entre PP y Vox, para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa derivada de un gobierno regional en funciones.
Según ha informado el Ejecutivo extremeño, el Consejo de Gobierno ha aprobado en sesión extraordinaria este decreto con el objetivo de adaptar la situación de un gobierno en funciones a las necesidades reales de los ciudadanos.
Precisa que esta norma ha sido consensuada con el Grupo Parlamentario de Vox "dentro de una voluntad de entendimiento y de búsqueda de soluciones concretas para Extremadura por ambas partes".
El decreto-ley parte "de una idea sencilla", según remarca, que es que un gobierno en funciones debe actuar con prudencia y sin tomar decisiones que condicionen políticamente al futuro ejecutivo "pero eso no puede traducirse en una administración paralizada ni en problemas para atender a los ciudadanos".
Recuerda que la regulación vigente hasta ahora era excesivamente rígida, incluso más restrictiva que la legislación estatal y que muchas normas autonómicas, ya que en la práctica, la Ley 4/2015 imponía limitaciones "que iban más allá de lo razonable y dificultaban la gestión ordinaria de la administración".
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Según recoge el propio decreto-ley, esas limitaciones podían terminar afectando al funcionamiento normal de la Junta de Extremadura y, sobre todo, a la prestación de servicios públicos, especialmente cuando la situación de interinidad se prolonga en el tiempo.
La Junta de Extremadura asegura que la duración prolongada de un gobierno en funciones se suma a la circunstancia de que las elecciones autonómicas se celebraron en diciembre, coincidiendo el periodo de interinidad con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario, lo que "dificulta la puesta en marcha de muchas actuaciones propias del arranque del año".
Con este decreto-ley, la Junta facilita actuaciones como la firma de convenios, la tramitación de expedientes necesarios para la actividad administrativa, la canalización de fondos públicos o la gestión de procesos selectivos y de necesidades de personal ya comprometidas.
La Junta de Extremadura ha aprobado un decreto-ley, consensuado entre PP y Vox, para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa derivada de un gobierno regional en funciones.