El Congreso da el primer paso para reformar el reglamento de la Cámara Baja con una mayoría de 176 votos a favor y 170 en contra, los del Partido Popular y Vox, que se han quedado solos. La reforma busca, entre otras cuestiones, poner coto a los pseudomedios que han protagonizado múltiples incidentes en los últimos años y que han alterado por completo el funcionamiento de las ruedas de prensa. El texto, firmado por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, BNG, Podemos, PNV y Coalición Canaria, habilita imponer sanciones ante las faltas de respeto e intimidaciones que “dificultan sistemáticamente" la labor de los profesionales de la información, según se recoge en la exposición de motivos de la iniciativa.
Es el caso de EdaTV, Periodista Digital o la extinta 7NN y sus empleados, que han aprovechado la falta de regulación en el Congreso respecto a los deberes y los límites para acreditarse en la Cámara Baja—con la autorización del departamento de prensa— desde donde amenazan, insultan y señalan a quienes no piensan como ellos, a los que denominan "palmeros", pese a que estos agitadores nunca preguntan a la derecha y tampoco siguen el día a día de la actividad parlamentaria. Su único objetivo es viralizarse a sí mismos. Este mismo martes el agitador Vito Quiles ha reventado la rueda de prensa del portavoz socialista, Patxi López, tras la Junta de Portavoces.
Tanto Vox como el PP se han mostrado radicalmente en contra de esta propuesta durante su turno de intervención en la Cámara Baja. El diputado ultraderechista Andrés Rodríguez lo calificó de “censura previa” con la que se “pretende restringir” la libertad de expresión y de prensa. Así, tachó de “extralimitación” del Congreso por querer “dar y quitar” carnet de periodistas. Desde la iniciativa, sin embargo, se recalca que el objetivo es evitar "comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía.
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Un argumento similar al esgrimido por la diputada del PP, Macarena Montesinos, que también apeló a la “libertad de expresión” para defender la continuidad de los agitadores. “Nuestro grupo no justifica ningún insulto ni comportamiento inadecuado, pero no le corresponde a este reglamento decidir quién es periodista y quién no”, argumentó, para renglón seguido tachar de “reglamento inquisidor” la propuesta reforma. “Lo que pretenden es un despropósito”, zanjó, incidiendo en la negativa de su grupo a apoyarlo.
Antes de la intervención de ambos grupos, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya anticipó sus argumentos y trató de desmontarlos. “Ustedes, señorías del PP y Vox, venderán que se expulsa a periodistas libres y valientes que hacen preguntas incómodas que la izquierda no quiere responder”, afirmó, preguntando a renglón seguido por qué estos supuestos periodistas incómodos no fueron tras el presidente valenciano, Carlos Mazón, tras la dana ni tras el murciano Fernando López Miras tras el caso de las discotecas sin licencia. “¿Qué noticia hay de que paseemos con nuestros hijos por la calle? ¿Eso es periodismo? ¿Eso es periodismo valiente e incómodo? ¿De verdad que lo es?”, espetó a la bancada de la derecha.
También se mostró muy duro el portavoz socialista, que acusó al PP de “defender” y “proteger” a los agitadores ultraderechistas al financiarlos “con grandes subvenciones desde los gobiernos a su cargo”. “La inmensa mayoría existen y hacen negocio gracias a ustedes”, sostuvo. “Habrá quien les defienda, pero nada de esto es periodismo. Pueden tener el carnet de periodista, pero hacen fascismo de libro”, zanjó López.
El Congreso da el primer paso para reformar el reglamento de la Cámara Baja con una mayoría de 176 votos a favor y 170 en contra, los del Partido Popular y Vox, que se han quedado solos. La reforma busca, entre otras cuestiones, poner coto a los pseudomedios que han protagonizado múltiples incidentes en los últimos años y que han alterado por completo el funcionamiento de las ruedas de prensa. El texto, firmado por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, BNG, Podemos, PNV y Coalición Canaria, habilita imponer sanciones ante las faltas de respeto e intimidaciones que “dificultan sistemáticamente" la labor de los profesionales de la información, según se recoge en la exposición de motivos de la iniciativa.