En sus escasas alocuciones públicas, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha alentado entre jueces y magistrados la oposición a la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal que prepara el Gobierno. Lo que no está dispuesta a admitir es que ese descontento –que ella comprende– de gran parte de la carrera, la más escorada a la derecha, justifique la convocatoria de una huelga. Por eso, frente a los paros convocados para los próximos 1, 2 y 3 de julio, Perelló ha defendido en los últimos días un acuerdo que rechace el reconocimiento del derecho de huelga a los jueces y magistrados al no estar regulado, según fuentes del órgano. En esa misma línea, la presidenta propone que la institución que preside tenga por no presentada la convocatoria y no regule los servicios mínimos, como pidieron las tres asociaciones conservadoras en el preaviso que enviaron al Consejo la semana pasada.
Perelló ha convocado este jueves un pleno extraordinario para abordar la convocatoria de huelga y decidir qué se hace. El conflicto con el Gobierno se inició en un grupo de WhatsApp que ha pasado a llamarse Unión de Fiscales y Jueces. Sus reinvindicaciones —que el Ejecutivo retire su reforma sobre el sistema de acceso a ambas carreras y la del Estatuto de la Fiscalía que refuerza su autonomía del Gobierno- han atropellado a las asociaciones de derechas— Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FdV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- que han decidido sumarse a la protesta y canalizarla al ver que más de 1.800 jueces y fiscales la secundaban a sus espaldas. El Consejo, con los votos a favor de los ocho vocales conservadores de la APM (que apoya la huelga) ha avalado el grueso de ambos proyectos del Ejecutivo, aunque ha solicitado algunos cambios.
Los sectores progresista y conservador, empatados a 10 vocales, negociaron durante toda la tarde del miércoles una resolución de consenso que pueda ser aprobada este jueves por unanimidad. Las posiciones de ambos grupos eran distantes. Nueve de los 10 vocales a propuesta del PSOE y Sumar sostienen, como Perelló, que la huelga no es legal y que, por tanto, el Consejo carece de competencias para establecer servicios mínimos. Entre sus argumentos está que se trata de una protesta política que afectaría a la separación de poderes, ya que los huelguistas pretenden que el Ejecutivo retire sus reformas. Los progresistas sostienen, además que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ni el Estatuto Básico del Empleado Público avalan para los jueces el ejercicio de ese derecho fundamental que sí tienen trabajadores y otros funcionarios. La LOPJ, que recoge el estatuto orgánico de jueces y magistrados, sí lo prevé para los funcionarios judiciales y los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales), pero no para los miembros de la judicatura.
Los conservadores consideran que la ley no veta los paros
Frente a los vocales de izquierdas, los propuestos por el PP oponen que, pese a la falta de regulación del derecho de huelga de los jueces, lo cierto es que se han realizado cinco paros desde 2009 (el convocado sería el sexto) sin que haya ocurrido nada, lo que demostraría que ese derecho existe. Los conservadores consideran, además, que el hecho de que la huelga no esté regulada para estos cuerpos no significa que no tengan derecho a hacerla, ya que la ley lo veta de manera expresa para otros cuerpos, como militares y policías. Como los progresistas, consideran que ni el CGPJ ni el Gobierno están habilitados para fijar sus servicios mínimos y avisan que el Ministerio de Justicia, el organismo que paga sus nóminas, no puede restarles lo correspondiente a los días no trabajados.
Así lo estableció un juzgado central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tras la última huelga de 2018. El órgano decidió que el secretario de Estado de Justicia no era competente para "la detracción de haberes", la resta del sueldo de un huelguista del dinero correspondiente a los días no trabajados, algo que cualquier empleado o funcionario tiene que afrontar. Fue una prueba más de cómo los jueces utilizaron su poder para eliminar las consecuencias más adversas de una huelga para cualquier trabajador. El Ministerio de Justicia optó por devolver a todos los que siguieron la movilización el dinero que les había sustraído, algo que ningún empleado -público o privado- hubiera conseguido jamás tras secundar un paro.
El Consejo ya se pronunció en 2009
El CGPJ ya se pronunció en febrero de 2009 sobre esta cuestión. Y rechazó que los jueces pudieran organizar una movilización de este tipo "porque el ejercicio de ese posible derecho carece, en el momento actual, de soporte normativo". El Consejo, mantuvo el Pleno ese año, "no puede acceder a las peticiones que se formulan y consiguientemente, no puede proceder a la fijación de servicios mínimos, ni tener por tales aquellos que pudieran señalar quienes suscriben los escritos", es decir, las juntas de jueces y asociaciones judiciales que convocaron la movilización. Pese al rechazo, los vocales aprobaron en el mismo acto una declaración institucional que se solidarizaba con los fines de los convocantes en solidaridad con el juez sevillano responsable del error judicial que llevó al asesinato de la niña Mari Luz Cortés en Huelva. Su asesino, Santiago del Valle, estaba en libertad pese a contar con una sentencia firme a penas de cárcel por abusar de su hija.
Fuentes del sector progresista se muestran contrarias a que, en este caso, pueda aprobarse una declaración de solidaridad semejante. El objetivo de la huelga convocada es que los proyectos de reforma del Gobierno se retiren, lo que, sostienen, supondría una injerencia del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Al contrario, algunos de los vocales de este grupo consideran que el Consejo no solo debería mostrar una posición contraria a la huelga, sino que tendría que reservarse la posibilidad de actuar en caso de que el servicio público resultara perjudicado por una protesta que consideran ilegal.
En sus escasas alocuciones públicas, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha alentado entre jueces y magistrados la oposición a la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal que prepara el Gobierno. Lo que no está dispuesta a admitir es que ese descontento –que ella comprende– de gran parte de la carrera, la más escorada a la derecha, justifique la convocatoria de una huelga. Por eso, frente a los paros convocados para los próximos 1, 2 y 3 de julio, Perelló ha defendido en los últimos días un acuerdo que rechace el reconocimiento del derecho de huelga a los jueces y magistrados al no estar regulado, según fuentes del órgano. En esa misma línea, la presidenta propone que la institución que preside tenga por no presentada la convocatoria y no regule los servicios mínimos, como pidieron las tres asociaciones conservadoras en el preaviso que enviaron al Consejo la semana pasada.