El Servicio de Minas del Principado de Asturias llevó a cabo una actuación instructora "insuficiente e inadecuada" a la hora de acreditar la capacidad y solvencia de Combayl y Blue Solving, las dos empresas del mismo entramado familiar que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo, en la que el 31 de marzo del pasado año fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú.
También mantuvo "inactividad administrativa" en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores, la protección del medioambiente y su restauración, y se caracterizó por la "ausencia de apertura, tramitación y finalización" de procedimientos relacionados con las solicitudes o documentación relativas a estas empresas.
Así se recoge en el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, órgano encargado de velar por el buen funcionamiento de la administración autonómica, sobre el funcionamiento del Servicio de Minas que encargó el Gobierno asturiano a raíz del accidente de Cerredo.
El informe, hecho público este lunes, destaca también que Minas tampoco tuvo en cuenta el hecho de que Combayl, que traspasó los derechos de explotación a Blue Solving —ambas forman parte del entramado societario del empresario leones conocido como Chus Mirantes—, estuviera entonces inmersa en dos procedimientos sancionadores, "uno de ellos por actividad clandestina en la misma explotación".
Asimismo, concluye que "no se ha conseguido conocer de forma clara y expresa" la calificación y el alcance de las actividades que ambas empresas podían realizar en la explotación, porque Minas no hizo ni un informe técnico relativo a las mismas ni pidió aclaraciones a las memorias presentadas en cuanto a las toneladas de carbón, pese a que había discrepancias.
Actividad extractiva
De "especialmente grave" tacha el hecho de que Blue Solving, a los dos días de hacerse con la titularidad de la mina, pidiese la conformidad de la administración asturiana al contrato de prestación de servicios que había suscrito con la anterior propietaria "para la realización por parte de esta última de todo tipo de trabajos de explotación/extracción de carbón en Cerredo".
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Recepcionada dicha solicitud por parte de Minas, esta no mostró "oposición o disconformidad a la legalidad de dicha contratación, en la que se evidencia la intención e inminencia de actividad extractiva" y sin que se hiciese inspección alguna a la mina hasta diez meses después.
Por este motivo, la Inspección ha enviado a la Fiscalía su informe y ha recomendado a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo que realice las actuaciones necesarias para "determinar responsabilidades" relacionadas con la "ausencia, tanto de tramitación procedimental como de actuación inspectora".
No obstante, el consejero Borja Sánchez ha señalado durante la presentación del informe que no es el momento de hablar de responsabilidades políticas, sino de asumir y llevar adelante las once recomendaciones que ha planteado la Inspección General en su informe.
El Servicio de Minas del Principado de Asturias llevó a cabo una actuación instructora "insuficiente e inadecuada" a la hora de acreditar la capacidad y solvencia de Combayl y Blue Solving, las dos empresas del mismo entramado familiar que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo, en la que el 31 de marzo del pasado año fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú.