La evaluación de las políticas públicas es una herramienta clave para mejorar la eficacia y la eficiencia de la acción del Estado. Su valor radica en que permite analizar de manera rigurosa si una política, programa o intervención pública está cumpliendo con los objetivos para los que fue diseñada, y si lo hace con un uso adecuado de los recursos disponibles. Esta evaluación, basada en evidencia empírica, no solo ayuda a identificar aciertos y errores, sino que también proporciona criterios objetivos para tomar decisiones informadas sobre el rediseño, la ampliación o la eliminación de determinadas medidas.
Con ese objetivo, el Gobierno promovió, y el Congreso aprobó en 2022, una Ley de Evaluación de Políticas Públicas llamada a mejorar la rendición de cuentas ante la ciudadanía, fortalecer la transparencia institucional y fomentar una cultura de aprendizaje continuo en las administraciones públicas. Una ley que planteaba la resurrección de la agencia independiente eliminada por el Gobierno de Mariano Rajoy, encargada de desarrollar esta tarea, imprescindible para evitar el despilfarro de recursos, detectar efectos no deseados y orientar las políticas hacia un mayor impacto social.
Pero la aprobación del estatuto que debe regular esa agencia, y su creación misma —que debía tener lugar en el plazo máximo de seis meses—, sigue en el limbo. Han pasado tres años y el Gobierno ha sido incapaz de hacer realidad su promesa.
Cambio de ministerio
Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por infoLibre atribuyen el retraso a la necesidad de reformar aquella ley para que la nueva agencia, en vez de depender del ministerio de Óscar López, el responsable en materia de función pública, pase a formar parte de la estructura de Economía, cuyo titular es Carlos Cuerpo, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Eso exige un cambio legal y, para llevarlo a cabo, el Gobierno ha optado por recurrir al grupo socialista en el Congreso e introducirlo vía enmienda en la reforma de la ley de Función Pública que está en trámite en la Cámara Baja, y que fue presentada en febrero. Mediada la legislatura, lo cierto es que no hay plazos ni un horizonte que permita prever cuándo la agencia podrá comenzar a funcionar.
En paralelo, señalan las mismas fuentes, Economía ha ido avanzando en una propuesta de estatuto con el objetivo de agilizar los tiempos una vez se apruebe la reforma legal. El departamento que dirige el ministro Cuerpo ya ha pedido informes a los demás ministerios con el objetivo de tener todo preparado para el momento en que la reforma se apruebe en el Congreso (después quedarían todavía trámites como el preceptivo informe del Consejo de Estado). Si el Congreso no lo consigue en lo que resta de legislatura, la reforma decaerá y habrá que volver a empezar.
La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, si algún día logra constituirse, se encargará de coordinar y supervisar el sistema evaluador, diseñar herramientas digitales (portal temático, servicio web común) y acompañar a ministerios.
Un instrumento imprescindible
Se trata no solo de hacer, sino de averiguar si lo hecho ha servido para algo. La evaluación de las políticas públicas, un instrumento que todo el mundo considera imprescindible para mejorar la eficacia de la administración, hace muchos años que forma parte de la vida cotidiana de las instituciones de países como el Reino Unido y los nórdicos —en particular Finlandia—, o de democracias en las que rara vez nos miramos, como la chilena.
En España, después de algunos intentos fallidos, y empujados por las reformas administrativas que exige la Unión Europea para seguir teniendo acceso a los fondos Next Generation, el Congreso dio luz verde a la ley que la regula y que, desde 2022, permanece en un cajón.
Durante años, los expertos han denunciado el problema estructural que sufre la evaluación de políticas públicas en España: la falta de “institucionalización” de la evaluación. Es decir, no está sistematizada, sigue sujeta a vaivenes políticos, no hay mecanismos para exigir su realización ni para incorporar sus recomendaciones.
El primer intento serio tuvo una vida efímera. Una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios ejecutó alrededor de 40 evaluaciones de programas y servicios públicos entre 2007 y 2011, antes de ser vaciada de contenido y recursos a partir de 2012. Fue disuelta finalmente en 2017, pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
¿Quién controla que las políticas sirven de algo? La falta de evaluación dispara el riesgo de una reconstrucción a ciegas
Y eso que el informe de la OCDE Public Governance Reviews, de 2016, recomendaba “fortalecer el estatus de la Aeval” emitiendo declaraciones oficiales sobre sus informes, fuera “aceptando sus recomendaciones o explicando por qué la administración pública no las seguirá”. Esa era la forma, según la OCDE, de integrar unas políticas de evaluación “fragmentadas y dispersas”.
Políticas afectadas
La ley que resucita la Agencia, pero que lleva tres años detenida en el tiempo, propone analizar y evidenciar el impacto de las políticas públicas en cuestiones como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la extensión de los derechos sociales o la despoblación y el reto demográfico. Pero también el crecimiento económico, el empleo digno, estable y de calidad, la solidaridad intergeneracional, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y a las directrices europeas, o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Si consiguiese su objetivo, los gobiernos —y los ciudadanos— tendrían a su disposición un modo eficaz de saber si las políticas aplicadas a todos estos asuntos han funcionado. Es fácil imaginar el impacto que semejante herramienta tendría en la salud democrática del país.
El estatuto que elabora Economía y que debe regular la agencia resultará clave. ¿Será de verdad independiente del Gobierno? ¿Tendrá acceso a los datos que necesita para hacer sus evaluaciones? ¿Dispondrá de los medios para cumplir su cometido? ¿Gozará de la flexibilidad necesaria para pedir el auxilio de especialistas, sobre todo del mundo universitario? La ley no lo precisa y queda a expensas de lo que disponga ese estatuto.
La evaluación de las políticas públicas es una herramienta clave para mejorar la eficacia y la eficiencia de la acción del Estado. Su valor radica en que permite analizar de manera rigurosa si una política, programa o intervención pública está cumpliendo con los objetivos para los que fue diseñada, y si lo hace con un uso adecuado de los recursos disponibles. Esta evaluación, basada en evidencia empírica, no solo ayuda a identificar aciertos y errores, sino que también proporciona criterios objetivos para tomar decisiones informadas sobre el rediseño, la ampliación o la eliminación de determinadas medidas.