Génova y el PP valenciano anteponen el blindaje político de Mazón a su propio código interno

Dieciséis meses después de comenzar la instrucción de la dana, la jueza que investiga la riada del el 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la exposición razonada para solicitar la imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La magistrada no solo apunta a errores administrativos, sino que describe una "inactividad negligente" en la gestión de la dana por parte de Mazón y concluye que "no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados" –es decir, a Salomé Pradas, exconsellera de Interior, ni a Emilio Argüeso–, exsecretario autonómico de Emergencias, la responsabilidad de lo ocurrido.

Una decisión que sitúa al Partido Popular contra las cuerdas. Los conservadores aseguran "respetar" las resoluciones judiciales, estén de acuerdo o no con ellas, y "actuar" en consecuencia. Sin embargo, la dirección encabezada por Alberto Núñez Feijóo nunca ha querido romper del todo con el expresidente valenciano, ni siquiera tras su dimisión. Y tampoco ahora. Las fuentes consultadas en Génova aseguran que solicitud de la jueza es solo "un primer paso" y abogan por esperar a la resolución del TSCJV. En todo caso, señalan que la decisión sobre si Mazón debe dejar su acta o no es "personal" y que no van a empujarlo a ello. Y circunscriben cualquier otro movimiento interno a la actual dirección del PP valenciano, encabezada por Juan Francisco Pérez Llorca.

Con todo, la tesis de Génova es que "nada hubiera cambiado" si el expresident hubiera estado antes en el Cecopi "del que no formaba parte". Un argumento que contradice la propia magistrada en su exposición razonada. En el escrito de 109 folios asegura que la "estructura jerárquica" de la Generalitat implica "que el superior podía y debía supervisar y controlar lo que hacía el inferior" y que, en el caso del entonces president de la Generalitat, "dicha responsabilidad se configura en un plano de mayor gravedad por las funciones y responsabilidad que la ley le atribuye, y el conocimiento que tenía del grave riesgo mortal".

El futuro de Mazón, en manos del TSJCV

En el transcurso de la investigación, Ruiz Tobarra no ha podido interrogar a Mazón, aunque le ha invitado en varias ocasiones a declarar voluntariamente por su condición de aforado. Él nunca ha aceptado. Tras su dimisión en noviembre del pasado año, mantuvo su acta en Les Corts y se aferró al aforamiento para evitar los tribunales. Pero el blindaje ha saltado por los aires y la jueza considera que los indicios de "homicidio imprudente con notoria gravedad" y "la omisión de la obligación de coordinar las diversas entes de la administración autonómica" son lo suficientemente sólidos como para que el TSJCV asuma la causa.

El futuro de Mazón pasa ahora, por tanto, por la decisión de la sala del TSJCV. En este escenario, hay varias posibilidades. Una de ellas es que la sala considere que no hay motivos para investigarlo por no apreciar indicios de delito; otra es que acepte la causa y el expresidente sea investigado, pero entonces el TSJCV tendría que asumir el conjunto de la instrucción, por lo que dejaría de estar en manos de Ruiz Tobarra. Pero existe una tercera opción, la más realista a ojos del PP, y es que la sala devuelva la instrucción a la jueza de Catarroja hasta que recabe más pruebas y testimonios antes de decidir si existen indicios suficientes para incriminar al expresident.

Al tiempo que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia decide sobre la imputación de Mazón, el entorno de este intenta contratacar cuestionando la imparcialidad de la jueza a raíz de unas filtraciones a Okdiario sobre la supuesta participación de su marido en los interrogatorios. Es el argumento esgrimido este martes por la propia exconsellera Salomé Pradas: "Parece que se confirma lo que denunciamos ante el Consejo General del Poder Judicial", escribía en su cuenta de X. Desde el inicio de la investigación tanto el PP como Vox han cuestionado la instrucción de Ruiz Tobarra, mientras asociaciones como Manos Limpias se querellaban contra ella por presuntos delitos de prevaricación judicial.

Pérez Llorca, contra su propia hemeroteca

A la espera de lo que se decida a nivel judicial, el foco político se desplaza de nuevo al Palau de la Generalitat. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Y ahora el sucesor de Mazón, Pérez Llorca, se enfrenta a su propia hemeroteca. El que fuera principal escudero y "fontanero" del partido en la Comunitat Valenciana aseguró tras acceder al cargo que si la justicia encontraba indicios penales contra Mazón, el partido actuaría con los estatutos del partido en la mano.

La jueza de la dana pide al TSJCV imputar a Mazón

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Así lo afirmó en una entrevista el pasado mes de diciembre, en la que dijo que si la jueza de la dana elevaba la causa al TSJCV, como ha ocurrido, sería el momento de actuar. "Veremos las conclusiones de la jueza y adoptaremos las medidas en base a los estatutos del partido", señaló ante los micrófonos de la Cadena Ser. "Hay que ser respetuosos con los tiempos y las formas". Los estatutos del PP contemplan el expediente disciplinario en su artículo 20 a un afiliado cuando "se tenga conocimiento de que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial".

Sin embargo, este martes señaló que Mazón ya "asumió responsabilidades" después de las asociaciones de víctimas comparecieran en la comisión de investigación de Les Corts y pidieran que el expresident dejara su acta de diputado o, en caso de negarse, que el PP lo expulsara. El jefe del Consell aseguró sentir "un profundo respeto por las víctimas" pero aseguró que no está en sus planes acceder a esa demanda. Así lo trasladan fuentes de su equipo a infoLibre, que aseguran que el president valenciano no va a exigirle a su antecesor que le entregue el acta y se muestran "prudentes" ante la investigación judicial. Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, apremió a no hablar "de futuribles" antes de tiempo.

Aunque de puertas para afuera el actual president asegura que Mazón ya ha cumplido, internamente el PP valenciano está en ebullición: nno son pocos lo que creen que el alicantino debería entregar su acta de diputado autonómico para "no seguir haciendo daño" al partido, a pesar de los intentos del expresident de pasar desapercibido desde el gallinero de Les Corts. El PP, además, decidió premiarlo poco después de dimitir al elegirlo como presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes. Un cargo que comporta un plus de 634 euros al mes en su sueldo de diputado.