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Banca

El PSOE pide al Congreso ver los informes que llevaron a la venta de Novacaixagalicia

El FROB perdió 2.787 millones de euros en 2013

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El PSOE quiere ver los informes técnicos que llevaron al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a decidir la venta de Novacaixagalicia (NCG) al grupo venezolano Banesco por 1.003 millones de euros, operación en la que el Estado perdió unos 8.000 millones de euros.

La diputada socialista Laura Seara ha registrado una proposición no de ley en el Congreso exigiendo al Ejecutivo que envíe a la Comisión parlamentaria de Economía toda la documentación relativa a la venta de la entidad, en aras a conocer "el importe de adquisición de NCG por parte de Banesco así como lo invertido hasta el momento por este grupo en la entidad".

Igualmente, Seara cree que con esa información se podría "analizar y evaluar la situación económico-financiera" de las cajas de ahorros gallegas que conformaban NCG y las "causas y responsabilidades de su actual situación, incluyendo las indemnizaciones millonarias de sus exdirectivos". Para esta solicitud, la diputada se apoya en la Ley de Transparencia, que sujeta al FROB a las obligaciones de dar la información que se le requiera sobre los fondos públicos que gestiona.

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Y es que la venta de NCG tuvo lugar en diciembre de 2013 mediante subasta por un valor total de 1.003 millones de euros –incluyendo en la operación varias carteras de fallidos– a pagar al 40% en el momento y el 60% restante en varios plazos hasta 2018. Una cifra muy alejada de los 9.052 millones de fondos públicos que se habían aportado a la entidad para recapitalizarla.

Para Seara, esta decisión resulta "incomprensible", porque con ella el Estado perdió más de 8.000 millones de euros "procedentes de los impuestos de todos los ciudadanos" en una operación "secretista" y precipitada, a su juicio.

"El FROB se ha escudado para proceder a esta venta con tanta rapidez en el informe McKinsey, que todavía no se ha hecho público. Un informe que, según el Fondo, aseguraba que esperar podría erosionar el valor de la entidad y que cuanto antes se vendiera más se podría obtener por ella", señala la diputada, defendiendo como "imprescindible" conocer esa información y que el Gobierno "rinda cuentas" al respecto.

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