PSOE y UP señalan el calendario judicial de Mañueco como la causa real del adelanto electoral

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside el acto institucional de toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, este martes en Valladolid.

La izquierda esperaba que el adelanto electoral se consumase pronto pero no tan pronto. “Que fuesen en febrero para mí era impensable. Calculábamos para primavera. La verdad es que estoy muy sorprendido”, reconocía un alto dirigente de Unidas Podemos horas después de hacerse oficial la convocatoria por parte del presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco. En el PSOE sí que aseguran haber estado “al tanto del runrún” de los últimas días en torno a los Presupuestos. Aunque igualmente admiten su perplejidad porque ni siquiera se haya permitido la celebración de ese debate presupuestario que estaba previsto para esta misma semana. 

“Lo que es muy evidente es que el señor Mañueco no toma esta decisión por el interés de los ciudadanos ni por gestionar mejor la crisis o la sexta ola. La toma pensando en sus propios intereses personales, eso está claro”, afirma el secretario de Estrategia y Acción Electoral del PSOE, Javier Izquierdo. Tanto en las filas socialistas como en Unidas Podemos coinciden en señalar “la evidente presión” por parte de Pablo Casado para propiciar adelantos electorales tanto en Castilla y León como en Andalucía, dos feudos en los que las encuestas dan como claro ganador al PP y que podrían servir como impulso político del propio Casado de cara al ciclo electoral que se avecina. 

Sin embargo, las formaciones de izquierda creen que la fecha exacta de la convocatoria, fijada por Mañueco para el 13 de febrero, tiene más que ver con un interés muy personal del presidente de Castilla y León: esquivar el complejísimo calendario judicial que le espera al PP castellanoleonés a partir de la primavera. “Puesto a adelantar, parece obvio que ha preferido evitar el diabólico recorrido judicial que le espera al PP en la Comunidad a cuenta de varios escándalos de corrupción”, razonan en Ferraz. 

Problemas en los juzgados

Hace un mes el juez decretó la apertura de juicio oral a dieciséis acusados en la conocida como trama eólica, un presunto escándalo de corrupción en torno al cobro de comisiones ilegales que salpica a exaltos cargos de la Junta para los que la Fiscalía pide hasta un total de 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multa. Entre los investigados se encuentran empresarios locales pero también políticos de alta responsabilidad como el exviceconsejero de Economía del PP en la Junta, Rafael Delgado, para que se solicita la mayor de la penas con hasta 42 años de cárcel y multa de 239 millones de euros. 

Por otro lado, también hace apenas un mes un juzgado de Salamanca imputó al PP provincial por un caso de financiación ilegal en el proceso de elección del propio Fernández Mañueco en las primarias de 2017 para convertirse en candidato a la Junta. En este caso se investiga la procedencia de hasta 24.000 euros cuyo origen a día de hoy resulta desconocido y que para el propio magistrado podrían suponer “donaciones anónimas ilegales”. De ese proceso, el entonces líder del PP de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, acabó siendo elegido candidato popular a la Junta. Las declaraciones como investigados tanto del presidente provincial del PP, Francisco Javier Iglesias, y de la gerente, María Isabel Sánchez, están previstas para este próximo 30 de diciembre.

Impacto en la sanidad y en la economía

Desde las formaciones progresistas la principal crítica que se lanza a Mañueco por el anuncio del adelanto electoral tiene que ver con las consecuencias que pueda tener para los ciudadanos una decisión política y estratégica de este tipo. “En plena sexta ola de la pandemia cesa a la consejera de Salud y pone en riesgo cantidades ingentes de dinero de los fondos europeos por no sacar adelante unos presupuestos. Políticamente es una decisión infame”, afirma Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos, secretario general en Castilla y León y con todas las papeletas de convertirse en el próximo candidato morado. “Alguien debe pensar que Castilla y León es de su propiedad. Lo que me preocupa es que se tomen decisiones de tanta trascendencia por intereses personales y sin pensar en los ciudadanos”, apunta Javier Izquierdo, del PSOE. 

Aunque en Ferraz aseguran que, desde un punto de vista electoral, se toman la cita como “una oportunidad para que se concrete el cambio que la gente ya votó hace tres años pero que Ciudadanos impidió”, ni en el PSOE ni en Podemos ocultan las dificultades del envite. Los morados esta vez sí irán de la mano de Izquierda Unida a las urnas, algo que no fue posible en 2019. Lo que está descartado es que las elecciones de febrero supongan ningún ensayo del proyecto político de Yolanda Díaz, que no ostenta cargo orgánico en la formación morada y que no tiene previsto echar a andar “el proceso de escucha” de su plataforma hasta los primeros meses de 2022. 

Mañueco: conjeturas sobre una financiación ilegal

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