La familia Queipo dedica al rentismo agrario una fundación "pro infancia" que incumple la ley

La Fundación Pro Infancia, que fue parte del montaje asociativo con el que el general franquista Gonzalo Queipo de Llano se enriqueció mediante la apropiación de tierras tras el golpe de 1936, incumple actualmente la ley que obliga a presentar cuentas del ejercicio anterior antes de terminar el mes de julio. Las últimas cuentas disponibles de la entidad de los herederos de Queipo son de 2019. Las de 2020 y 2021 tienen "defectos de forma". Las cuentas de 2022 aún no están presentadas y ya deberían estarlo de acuerdo con la ley, confirma a infoLibre el Ministerio de Cultura. La fundación no responde a las preguntas de este periódico.

La entidad, cuyo origen se sitúa en la operación de Queipo para quedarse en 1937 con un emblemático cortijo sevillano, declara como tarea básica la asistencia a la "infancia desvalida". Sin embargo, sus últimas cuentas evidencian que su actividad principal es la explotación rentista de una finca arrocera, gracias a la cual obtuvo más de 114.000 euros en un año. Más del doble de lo que destina a entidades "pro infancia".

Los Queipo, mimados por la Iglesia en Sevilla a través del mantenimiento de honores al general y su esposa, convierten a Cáritas en la entidad más beneficiada (12.000 euros) por sus ayudas sociales, a las que dedican 45.000 euros en total, según las últimas cuentas disponibles. Otros destinatarios son hermandades y una asociación "provida".

Un expolio con la coartada de la infancia

La Fundación Pro Infancia fue una de las utilizadas por Queipo (1875-1951) para su acumulación de riqueza, luego legada a sus descendientes y nunca devuelta a los desposeídos, como ha acreditado la reciente investigación Fundaciones Queipo de Llano. Historia de un expolio (El Paseo, 2023), de Antonio Martín (Arahal, 1955). El autor no se centra en la obra genocida de Queipo, con episodios como sus llamamientos a la violación y la fosa de Pico Reja como acreditación de su brutalidad. Donde pone el foco es en el "golpe económico" con el que logró hacerse latifundista partiendo de una posición de "cero patrimonio" agrario.

Las fundaciones fueron herramientas para la acumulación de riqueza de Queipo. O podría decirse la fundación, porque la segunda fue mera "transformación" de la primera, según la investigación de Martín. Esta segunda es la Pro Infancia, en manos hoy de la familia del general. Supuestamente dedicada desde su origen a "amparar y proteger a la infancia desvalida", la investigación de Martín demuestra cómo en realidad su doble función fue la de ejecutora de apropiaciones agrícolas y cortina de humo para ocultarlas.

Para entenderlo hay que viajar al inicio de la acumulación de riqueza de Queipo. El origen de su aparato fundacional se encuentra en una fecha clave: 24 de diciembre de 1937. Es el día en que Queipo logra que que el comerciante Manuel Camacho le venda el cortijo de Gambogaz, unas 500 hectáreas entre Sevilla y los pueblos limítrofes de Camas y Santiponce. La cursiva utilizada en la frase anterior no es gratuita. En realidad, fue una apropiación, no una venta. Camacho actuó coaccionado. Y no hay constancia de ningún pago por parte de Queipo.

El mismo día de aquella apropiación, el 24 de diciembre, nacía la llamada "Fundación Agraria", antecesora directa de la Pro Infancia. Queipo utilizó la fundación como "pantalla escritural" mientras ponía los bienes "a salvo" de una "potencial reivindicación". En 1943, ya ganada la guerra, la propiedad del cortijo volvió a Queipo. En 1950 el militar convirtió la Fundación Agraria en la Pro Infancia, aunque la mayor prueba de que en realidad son la misma es que como fecha de origen de la entidad figura aún hoy el 24 de diciembre de 1937. Otra prueba es que el patrimonio de la Fundación Pro Infancia consistía en tierras de cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir que pasaron directamente a su patrimonio desde la Fundación Agraria.

Huella escasa de su actividad

La familia Queipo no es hoy protagonista de la vida pública de la ciudad de Sevilla. Su discreción vivió una excepción durante la exhumación del general, su esposa, Genoveva Martí, y el que fue su mano derecha, Francisco Bohórquez, de la basílica de La Macarena. Por lo demás, la nota dominante es el silencio. Eso sí, la Iglesia le mantiene altos honores. Las parroquias de San Gonzalo y Santa Genoveva toman sus nombres de Queipo de Llano y su esposa. Y estos templos dan sus denominación popular a sendas hermandades.

Muchos sevillanos ni siquiera saben el origen de los nombres de las hermandades de San Gonzalo y Santa Genoveva. Y menos aún saben que el armazón fundacional de Queipo permanece vivito y coleando. Sin embargo, ahí está. Lo acredita su documentación en el registro de fundaciones del Ministerio de Justicia, recabada y consultada por infoLibre. Ahí figura su CIF (G41460932), su número de registro (1211), su estado ("activa"), su titularidad ("privada") y el reconocimiento de su "interés general". En su patronato, de once miembros, aparece cinco veces el apellido Queipo de Llano, presidente.

Como fines, la entidad sigue declarando los mismos de siempre: "Amparar y proteger a la infancia desvalida". Como actividades, se cita lo siguiente: "Sanidad. Asistencia social. Asistencia social a la infancia". ¿En qué se traduce eso? La actividad social de la fundación, la que supuestamente explica su existencia, deja poca huella visible. En 2014 la Asociación de Fundaciones Andaluzas publicaba una poco detallada noticia sobre el apoyo de la Fundación Pro Infancia a la Asociación de Niños con Cáncer Andex. Hay alguna publicación en webs y redes de asociaciones religiosas agradeciendo el apoyo de la Pro Infancia, que además tiene una ficha en Sevilla Solidaria, un apartado que dedica ABC de Sevilla al "día a día de la actividad social de empresas e instituciones". Poco más. No aparece ninguna web ni cuentas en redes sociales. Este periódico preguntó a la entidad si las había, pero no hubo respuesta. Ni a esa ni a ninguna de las cuestiones planteadas para este artículo.

Así que la única manera de conocer algo más en detalle la fundación es leer las cuentas, que infoLibre recibió tras solicitarlas al Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia.

Retraso en la publicación y defectos de forma

El certificado oficial recibido señala que las últimas cuentas depositadas por el Protectorado de Fundaciones son las de 2019, mientras que las de 2020 y 2021 están pendientes de la subsanación de "defectos formales" no detallados. Las cuentas de 2022 no están todavía presentadas, cuando la fundación estaba obligada a hacerlo dentro de los diez días hábiles siguientes a su fecha de aprobación, que según la Ley de Fundaciones no puede ser posterior a los seis primeros meses del año.

Es decir, la Fundación Pro Infancia está incumpliendo la norma en cuanto a la presentación de cuentas. Así se concluye de la respuesta a este periódico del propio Ministerio de Cultura, del que depende el Patronato de Fundaciones: "Las cuentas relativas al ejercicio 2022 no están presentadas [...] Teniendo en cuenta que la fundación objeto de la consulta tiene como ejercicio económico el año natural, debería haber aprobado las cuentas del ejercicio 2022 en los seis primeros meses del año 2023 y haberlas presentado en los diez días hábiles siguientes a la fecha de aprobación".

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento? El abogado especializado en fundaciones Ramón Pérez Lucena las rebaja al mínimo: "No hay régimen sancionador, salvo en Cataluña y el País Vasco". En la práctica, afirma, abundan las fundaciones estatales que no cumplen con lo establecido en la ley y en el decreto que aprueba el reglamento y "no tiene ninguna consecuencia práctica".

En cuanto a la demora en la publicación de las cuentas de 2020 y 2021, la Asociación Española de Fundaciones señala que no es extraño que los procesos de subsanación de errores se alarguen y que los defectos pueden afectar al contenido o ser meras cuestiones superficiales, como hojas mal escaneadas, por ejemplo.

No sólo infancia desvalida, también tierras

¿Qué muestran las últimas cuentas disponibles, las de 2019? Aunque la ficha publicada en la web de Justicia recoge como "actividades" de la fundación "sanidad", "asistencia social" y "asistencia social a la infancia", las cuentas dicen algo más. Dicen que la entidad "desempeña dos actividades". La primera, la más conocida, es subvencionar entidades que trabajen por la infancia. La segunda "consiste en mantener los arrendamientos de tierras de su propiedad". De hecho, es la actividad central, a tenor del examen del documento.

El apartado agrario registra movimientos de dinero más importantes que el benéfico. Lógico. La fundación tiene como principal activo una finca rústica en Puebla del Río (Sevilla), con "adquisición" en 1945. Es decir, la propiedad es uno de los bienes que Queipo acaparó durante su "virreinado" en Sevilla.

114.000 euros de ingresos y régimen fiscal favorable

Los pagos de los "arrendatarios" por el alquiler de este bien, las tierras del arrozal, son lo que explica los ingresos de la fundación, de algo más de 114.000 euros. Así se financia la fundación. No hay ni cuotas de afiliados, ni aportaciones de usuarios, ni patrocinadores, ni colaboraciones, ni subvenciones. Lo que hay es dinero de rentas agrarias, obtenido por unas tierras en las marismas del Guadalquivir, una zona óptima para el arroz.

No es un dinero que entre sin conflicto. Las propias cuentas, que no van acompañadas de auditoría, recogen que el arrendamiento de las tierras se viene produciendo por un precio "muy por debajo del valor del mercado". Así que, con el objetivo de "mejorar la rentabilidad", la entidad recurrió a "servicios profesionales independientes", cuyo coste ascendió a 28.184,46 euros, de los que más de un 88% fueron para abogados y el resto para asesoramiento y gestoría.

Los números de la fundación apuntan a un buen resultado de los servicios externos contratados. Los ingresos de la entidad en 2019 fueron un 138,1% superiores a los del año anterior (47.915,98). Y también fueron más altos, un 151,3%, de lo que se había previsto en el arranque del ejercicio. La obtención de ingresos con un régimen fiscal favorable, el que para las fundaciones prevé la Ley de Mecenazgo de 2002.

Los herederos de quien se presentó ante Sevilla no sólo como su libertador, sino como un benefactor de los pobres, recogen en las cuentas que–a cierre de 2019– habían abierto hasta ocho procedimientos judiciales de revisión de rentas a sus arrendatarios. El objetivo es evidente: encarecerlas. En abril de 2021, un año y un trimestre después del cierre del ejercicio de 2019, los Queipo lograron que la Audiencia les diera la razón en un caso de desahucio de arrendatarios.

45.000 euros en donaciones, sobre todo a grupos católicos

Ya tenemos, pues, los ingresos: más de 114.000 euros ¿Y los gastos? Casi 88.000, siempre con las últimas cuentas disponibles. Es decir, la fundación tiene unos números positivos algo por encima de los 26.000 euros. Las dos principales partidas de gasto son los mencionados –y parece que fructíferos– servicios profesionales para optimizar la finca y, ahora sí, las ayudas a la infancia, que son lo que en teoría explica la fundación. En ello la entidad invierte 45.000 euros repartidos entre entidades que realizan una "maravillosa labor con la infancia", anotan las cuentas.

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Parte del dinero ganado con la finca va a un total de ocho entidades: Cáritas, el brazo social de la Iglesia católica, se lleva 12.000 euros, más que cualquier otra. La Asociación de Padres de Niños con Cáncer (Andex), 6.000 euros. El resto, 4.500 cada una: Provida [las cuentas no aclaran qué es exactamente "Provida", nombre que remite a la etiqueta que utilizan múltiples grupos antiabortistas; infoLibre preguntó tanto a la fundación como a la Federación Española de Asociaciones Provida, sin éxito]; Fundación Menudos Corazones; Hermandad Nuestra Señora de la O; Hermandad del Buen Fin; Autismo Sevilla; y Asociación Provincial de Familiares y Amigos de Personas Sordas (Aspas).

La Plataforma Gambogaz pide su disolución

La Fundación Pro Infancia es una de las dianas de las iniciativas de la Plataforma Gambogaz, un colectivo memorialista que lleva el nombre del cortijo del que se apropió el general golpista durante la guerra. Lourdes Farratell, portavoz de la plataforma, afirma que el colectivo ya ha conseguido dos objetivos: la exhumación de Queipo y la retirada de su marquesado. Faltarían ahora la recuperación del cortijo de Gambogaz –la plataforma quiere su dominio público– y la disolución de la fundación en aplicación de la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria, que se aproxima al año en vigor y prevé la extinción de las entidades que supongan una apología del franquismo o del golpe, el enaltecimiento de sus dirigentes o el menosprecio a las víctimas. Este periódico preguntó al Ministerio de Presidencia si se había adoptado alguna medida contra la fundación, pero no hubo contestación.

Farratell explica que, de la misma manera que las víctimas "heredaron la pobreza" de los represaliados, los herederos de los militares franquistas lo hicieron con la riqueza "expropiada". A su juicio, la fundación no es más que una "cortina de humo" de lo que fue un instrumento para ese expolio, luego no tiene sentido justificar su continuidad en el supuesto amparo a la infancia.