Corrupción

Quince imputados confiesan en menos de dos meses la financiación ilegal del PP

Francisco Granados, a su salida de la sede de la Audiencia Nacional.

Quince imputados o procesados en casos de corrupción han confesado en menos de dos meses haber participado en la operativa desplegada por el PP en Madrid y Valencia para financiarse de manera ilegal. Pese a la distancia geográfica y a que, en teoría, se trata de episodios aparentemente inconexos, la operativa descrita seguía la misma pauta: el partido multiplicaba su capacidad para organizar actos electorales o hacer publicidad en medios de comunicación o editar carteles, vídeos o cualquier otra herramienta propagandística gracias al manejo de dinero negro y mediante facturas falsas abonadas por empresarios afines al partido que a su vez se beneficiaban de contratos públicos. Las 15 confesiones se han producido en el marco de dos de los principales casos de corrupción que golpean a la formación conservadora: Gürtel, en su rama valenciana; y Púnica.

Fue Daniel Mercado, dueño del ya extinto grupo de publicidad Over Marketing, que en la pasada década facturó nada menos que 32 millones de euros de administraciones gobernadas por el PP y que hizo campañas en Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, quien abrió la espita el 19 de diciembre: Mercado confesó ante el juez de Púnica que el PP le había pagado parte de la campaña de 2007 en negro o con facturas satisfechas por constructoras.

A la declaración prestada por el dueño de Over le siguió la cascada de confesiones públicas que en el juicio sobre la financiación del PP valenciano, uno de los derivados de Gürtel, protagonizaron el 16 de enero nueve empresarios de Valencia: los nueve ya habían pactado hace un año con la Fiscalía el reconocimiento de culpa a cambio de que las penas de cárcel les fueran sustituidas por multas. Pero tanto procesalmente como en lo que a impacto social se refiere la confesión no tuvo efecto pleno hasta que uno tras otro fueron corroborando en la sala de vistas de la Audiencia Nacional su participación en el juego sucio que permitió al equipo de Camps concurrir a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y a las generales de 2008 con ventaja respecto a sus competidores. Exactamente, con una ventaja de 1,2 millones obtenidos mediante el sistema de facturas falsas pagadas por contratistas públicos afines y de otros 2,2 millones en dinero negro cuyo origen no se ha acreditado. 

De inmediato, y en ese mismo escenario judicial, se sucedieron las confesiones del triunvirato que dirigía la trama corrupta: Francisco Correa, que la semana antes había marcado la senda a sus subordinados con un escrito que a la vez que Yo confieso podría titularse Yo acuso; Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Y finalmente, llegó la de Ricardo Costa, que durante el periodo central de la pasada década fue lugarteniente de Francisco Camps en la formación conservadora. Lanzada el 24 de enero a las 11.03 horas de la mañana, la de Costa fue una auténtica bomba:"Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro". Por primera vez en España, un exdirigente de alto nivel –nada menos que el número dos de la organización regional sin cuyo apoyo Mariano Rajoy difícilmente habría revalidado su liderazgo interno en el congreso de 2008– admitía la financiación ilegal.

Granados, ni un gramo de culpa

Ahora, el antiguo número dos de Aguirre, Francisco Granados, se ha unido a esta serie de confesiones durante la declaración voluntaria que el lunes prestó ante el juez que le investiga en Púnica por graves delitos de corrupción. Pero se ha unido aplicando dos variantes: la primera, que, a diferencia de Ricardo Costa, en su comparecencia no asumió ni un gramo de culpa en la financiación ilegal; la segunda, que ni siquiera mencionó la locución "dinero negro" y se limitó a recalcar que en la obtención de fondos por vía "paralela" para "reforzar" las campañas de la entonces lideresa participaban determinadas empresas con contratos de publicidad institucional otorgados por mastodontes autonómicos como el Canal de Isabel II  y organismos ya extintos como el Imade, Promomadrid  y el Consorcio Turístico de Madrid.

El mayor esfuerzo de Granados a lo largo de sus más de tres horas de declaración estuvo ligado, aunque con escasos detalles y ninguna prueba, a dirigir sus dardos contra Esperanza Aguirre, contra Ignacio González, su antiguo delfín y luego presidente de Madrid, y contra Cristina Cifuentes, la actual jefa del Ejecutivo regional. El relato de Granados, que vinculó la presencia de Cifuentes en el núcleo duro de la toma de decisiones a la relación que, según su versión, mantuvo con Ignacio González, ha desatado las iras del PP. Y las de Cifuentes, que ya ha anunciado la contratación de un abogado a título personal para interponer una inmediata querella contra Granados.

De momento, ahí acaba la lista de confesiones. Ahí y así: con el termómetro disparado y una polémica que gira no tanto en torno al papel que Granados atribuye a Cifuentes en la arquitectura de dopaje electoral sino sobre el carácter machista de las palabras del principal investigado de la Operación Púnica. El día 20, proseguirá su declaración. Y de qué y con qué soporte probatorio o indiciario responda a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción dependerá en buena medida que el caso pueda tener consecuencias para Aguirre, por la que las fiscales llevan meses preguntando en casi todos los interrogatorios de la pieza sobre financiación del PP; o para Cifuentes, sobre la que la Guardia Civil ya emitió hace casi un año un demoledor informe que la presidenta atacó de plano.

Para Ignacio González, la declaración de Granados no es en absoluto inocua pero en realidad su imputación en Púnica ya estaba decidida en la práctica desde que el juez decidió incorporar a esa causa la pieza de financiación que también se investigaba en Lezo. De hecho, González ya declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como investigado en Púnica en noviembre. Y simplemente eso ya augura una imputación judicial.

Partidas reglamentadas para sobornos 

El cómputo de confesiones aún crecería más si se incluyese en la lista a los dos directivos que la semana pasada admitieron ante el juez de Púnica que su empresa, la energética Cofely, tenía una partida dedicada exprofeso a los sobornos de cargos municipales. infoLibre no los ha sumado porque sigue siendo una incógnita si esos –presuntos– sobornos nutrían solo el bolsillo de quien cobraba o también el del partido gobernante: mayoritariamente el PP a tenor de la lista de pueblos recopilada por los investigadores pero también del PSOE en algún caso, como el de la localidad madrileña de Parla. 

Y seguiría creciendo si se añadiese el nombre de Luis Bárcenas, extesorero del PP y que este martes confirmó igualmente en el juicio por la financiación valenciana y en calidad de testigo que, en efecto, Ricardo Costa, le avisó de que había recibido instrucciones de desviar facturas a determinados empresarios. Este diario tampoco ha incorporado la declaración de Bárcenas a la lista de confesiones porque, en realidad, se ciñó al relato de lo que le dijo Costa sin afirmar en ningún momento que él mismo pudiera atestiguar que esa versión fuera la verdadera. 

El hecho de que Bárcenas, hoy muy distinto a aquel que en 2013 provocó un auténtico terremoto al validar ante el juez Pablo Ruz la veracidad de los papeles a que ha dado nombre, tenga pendientes aún causas derivadas del tronco común de Gürtel, entre ellas esa de la contabilidad B del PP nacional, le permitió este martes zafarse de las preguntas más comprometidas: las que la acusación popular ejercida por el PSOE intentó formular sobre varios aspectos espinosos.

Entre ellos, el de por qué el PP de Valencia había seguido trabajando el grupo de Correa tras la orden oficialmente impartida en 2004 por Mariano Rajoy para que el partido prescindiera de sus servicios; y por qué el empresario al que admitió haber acompañado en un viaje a esa comunidad porque quería donar fondos tenía como punto de cita para la entrega no una sede del partido sino la consejería que dirigía el vicepresidente Víctor Campos.

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