Rajoy tampoco desvela en Cataluña su plan para frenar a Artur Mas

El presidente del Gobierno intervino este sábado en Cataluña en la clausura de la convención del PP regional. Apelando a la prudencia, evitó dar pistas concretas de su plan para frenar el desafío soberanista. Y se centró en el nulo encaje constitucional de la propuesta de Artur Mas y en los efectos negativos que tendría para la región y para sus ciudadanos la independencia respecto a España.

Es una frase que lleva semanas repitiendo. Pero era la primera vez que la pronunciaba en Cataluña desde que el Parlament consumó el reto de elevar al Congreso la petición de competencias para celebrar una consulta: "Mientras yo sea presidente del Gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden ni se fragmentará España".

Nada más arrancar el discurso, el presidente intentó justificar su actitud hasta ahora ante el proceso soberanista: "He procurado ser prudente para no crear tensiones adicionales; porque soy así, y continuaré haciéndolo. Pero eso no está reñido con dejar las cosas claras". El pasado lunes, en una entrevista televisada en Antena 3, Rajoy llegó a decir a la entrevistadora, Gloria Lomana, que “si le dijera lo que voy a hacer, probablemente estaría tres o cuatro meses sin poder tomar ni rectificar una decisión”. 

"Mi obligación es no permitir que se celebre ese referéndum, porque, de lo contrario, estaría violando la ley", añadió mientras los asistentes al acto le jaleaban al grito de "No pares, sigue, sigue".

A la hora de citar las bases que sostienen su compromiso de no dar luz verde a esta consulta, el presidente del Gobierno respondió que "la ley no lo permite". "Así de simple", apostilló. Acto seguido, precisó que lo que le legislación sí contempla es que "todos los españoles" decidan sobre "el futuro de España".

El camino recto, el de la Constitución

A respecto, Rajoy subrayó que es "posible" cambiar la Constitución y que este texto "contempla esa posibilidad y establece las reglas para realizarla". "Claro que es posible. Quien no esté a gusto con la ley puede tratar de cambiarla. No sólo posible sino que ese es el camino que debe recorrer todo aquel que desee algo que la Constitución actual no permita. Ese es el camino recto, el que marca la ley" añadió. Un reto a los defensores de la consulta soberanista.

El presidente del Gobierno se mostró dispuesto al diálogo. Pero no con aquellos que toman decisiones unilaterales. "Yo estoy permanentemente abierto al diálogo para todo lo que afecte al bienestar de los españoles, a sus problemas, a sus carencias, a sus derechos… No pongo ningún obstáculo a quienes desean dialogar sobre problemas reales y desde el respeto a la ley. Pero que no se me busque en el campo de la ilegalidad, ni se me pida dialogar sobre lo que no es mío y por tanto no puedo dar porque pertenece a todos los españoles. Y, desde luego, no se me busque para negociar lo que considero que perjudica profundamente al conjunto de mis compatriotas", dijo en tono solemne.

Adiós a las balanzas fiscales 

Mas asegura que permitiría una consulta soberanista en Aran

Ver más

Un día antes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro anunció en este mismo foro que su Gobierno redefinirá el sistema de cálculo de las balanzas fiscales con el objetivo de cuantificar las inversiones que las diferentes administraciones están haciendo "no ya en los diferentes territorios, sino en los individuos que viven ahí". Todo un reto a los independentistas.

Montoro sostuvo que "las balanzas fiscales no pueden ser nunca motivo de divorcio económico, y mucho menos político", y apostó por referirse a ellas como "cuentas públicas regionalizadas". "Para eso estamos en el Gobierno, no para abrir agravios comparativos", mantuvo después de haber arrancado su intervención asegurando que "gracias a Cataluña" y a "la capacidad de emprender y crecer" de esta comunidad. "Si hay alguna duda léase la EPA", citó a modo de ejemplo.

Sobre el nuevo método, explicó que lo que se pretende no es estudiar lo que cada administración hace, sino ver las diferencias del coste de los servicios públicos para cada individuo, con el objetivo de lograr al final una financiación "equivalente" para todos.