La recuperación verde se prepara para su despegue en 2021 ante el miedo a que las grandes empresas acaparen los fondos europeos

2021 será el año de despegue de la recuperación en clave verde ante la crisis económica y social generada por el coronavirus. El camino está claro, pero hay que atender a la letra pequeña. Tras una primera ola en la que los esfuerzos se dirigieron a sobrevivir, a partir de mayo empezó a tomar forma en la esfera internacional, la Unión Europea y España la necesidad de apostar por una salida al bache en clave de transición ecológica. Incluso ya en abril, con la mayoría de países europeos confinados, se publicó un manifiesto difícilmente más consensuable: lo firmaban ministros, grandes empresas, sindicatos y ONG. El plan siguió rodando y el 2020 ha llegado a su fin con los fondos europeos desbloqueados y un plan español aún por detallar sobre la mesa. El Ejecutivo gastará en dos años la mitad de lo que tenía previsto invertir hasta 2030 para acelerar la transformación. Nada más y nada menos que 26.540 millones de euros entre 2021 y 2023. Pero, ¿en qué? Como se suele decir en las negociaciones climáticas, el diablo está en los detalles, y hay tanta ilusión como escepticismo en los principales actores –y vigilantes– de la acción climática. 

La hoja de ruta del Gobierno para generar empleo y bienestar tras el golpe pandémico y, de paso, restaurar y proteger los ecosistemas y frenar el cambio climático tiene varias patas. En un primer lugar, lo evidente: avanzar hacia un país 100% renovable. También irá, prevé el Ministerio para la Transición Ecológica, a fomentar la eficiencia energética (reformas en locales y domicilios para que no sea necesario tanto despilfarro en luz y calefacción), a implantar una verdadera movilidad sostenible, a proteger y restaurar la biodiversidad de "la Costa Rica de Europa" por sus ecosistemas y a conseguir que, de una vez por todas, el vehículo eléctrico despegue en España, además de otras actuaciones de carácter local y regional de adaptación al cambio climático, de saneamiento de aguas y demás deberes pendientes. Sabemos las líneas de actuación y sabemos el dinero, pero falta el detalle. "Están siendo muy opacos todavía", asegura Héctor Tejero, diputado de Más Madrid en la Asamblea y coautor del ensayo sobre el Green New Deal Qué hacer en caso de incendio. "La partida destinada a Transición Ecológica en los Presupuestos es una caja negra. Según ellos, es porque no quieren atarse a los PGE", afirma. 

Tejero cree que el principal peligro de la recuperación verde es que los de siempre se queden con el mayor trozo de la tarta: las grandes empresas, sobre todo las del sector de la energía. Evidentemente, la apuesta por una salida de la crisis en clave de transición ecológica es una buena noticia: "Se está haciendo un esfuerzo importante desde Europa", y están desterrada la tentación de, ante las estrecheces económicas, dejar de lado lo verde, tal y como pasó durante la crisis desatada en 2008. Pero, advierte: "no es el Green New Deal que hemos defendido siempre", la estrategia expansionista de fuerte inversión pública que abandera con fuerza la parte progresista del Partido Demócrata estadounidense. "Lo van a gestionar las grandes compañías", lamenta: "en el peor de los casos será greenwashing", estrategias de imagen sin cambios reales, "y en el peor, harán una transición sin justicia social. Es la parte que más dudas me genera". 

El autor de Qué hacer en caso de incendio defiende un Green New Deal inclusivo, que no llene los bolsillos del oligopolio, sino que genere empleo, bienestar y mejores condiciones de vida en la mayoría, con especial atención a los sectores más vulnerables de la población. Pero se teme que no vaya a ser así: "Es lo que suena por todos lados". Fundamenta su escepticismo en que, tras años y años de recortes, los sucesivos Gobiernos "han dejado tiritando a la administración pública" y actualmente hay poco personal y plantillas muy envejecidas para ser realmente ambiciosos a la hora de repartir dinero a muchos y diversos actores distintos. Es mucho más fácil, poniendo un ejemplo con trazo grueso, darle 25.000 millones a Iberdrola que darle un millón a 25.000 pequeñas y medianas empresas. "Creo que el Gobierno, por la tentación de que no se queden sin ejecutar los fondos, va a tirar de muchas grandes empresas" para evitar que el dinero se pierda ante su incapacidad, opina el diputado.

No deja de ser una predicción que no tiene por qué cumplirse. Pero la politóloga y asesora ejecutiva de Ecología y Desarrollo (Ecodes) Cristina Monge coincide en que el peligro es muy real. "Hay que tener capacidad político-administrativa para gestionar esos fondos", asegura. "Hay plantear proyectos que trasformen el sector", que no sea simplemente una inyección de dinero público a una gran compañía para que le salga más barato hacer lo que ya tenía pensado hacer. "Es necesario establecer que los proyectos de las multinacionales no puedan recibir fondos, salvo que incluyan conglomerados de pymes. Si queremos que sean transformadores, las grandes empresas tienen que estar" pero lo que no sería positivo, asegura la analista, es que no haya un mínimo reparto de las oportunidades. De hecho, apunta, el decreto de gestión del Fondo de Recuperación de la UE elaborado por el Gobierno ya incluye cláusulas para fomentar la participación de las pequeñas empresas. 

Aunque todavía está todo en el aire, ya hay señales que apuntan en este sentido. El Gobierno de Euskadi prevé regar a Iberdrola y a Petronor con la mayor parte del dinero que gestione cada comunidad autónoma, con la intención, entre otros proyectos, de elaborar un corredor de hidrógeno verde.

¿Recuperación para quién?

A nivel europeo, las principales dudas son relativas a si las iniciativas empresariales, sobre todo en el ámbito energético, que reciban el dinero europeo serán realmente verdes o no. La Unión Europea debate durante estas semanas las llamadas reglas o taxonomía de finanzas verdes, el criterio por el cual Bruselas decide si un proyecto es verde o no y, por lo tanto, merece apoyo público. A mediados de diciembre, 130 ONG lideradas por WWF advirtieron que la propia Comisión Europea estaba ignorando, en su borrador, las recomendaciones de su propio grupo de expertos, "que en gran medida estaban basadas en la ciencia y eran sólidas". Si bien hay detalles positivos, como el veto a las energías inequívocamente sucias, el documento deja abierta la puerta a que el gas natural, la bioenergía o centrales hidroeléctricas que no emiten CO2 pero que impactan en los ecosistemas obtengan financiación. 

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"Permitir que el gas sea clasificado como una inversión verde sería el beso de la muerte para la taxonomía, socavando por completo su credibilidad", declaró el economista de la Oficina de Política Europea de WWF Sébastien Godinot. En cuanto a la bioenergía, la organización considera que la propuesta del Ejecutivo europeo es "muy peligrosa". "Permitiría que toda la madera de los bosques se quemara para obtener energía y se contabilizara como sostenible. Esto es completamente acientífico y contradice todas las investigaciones autorizadas recientes". 

Para Monge, la apuesta por todo lo alto del Gobierno y de las empresas por el "hidrógeno verde" va en esta línea: apostar por un combustible de "transición" hacia un futuro 100% renovable aprovechando la infraestructura ya existente y futura del gas. Las energéticas que apostaron por el metano, menos contribuyente al cambio climático que el CO2 pero igualmente un gas de efecto invernadero, no quieren perder lo invertido una vez se acelere la transformación. Repsol, que ha defendido el hidrógeno verde en público y en privado y que ya planea plantas de producción en Euskadi, es ya una de las cinco principales operadoras de gas en España. La tecnología, asegura la politóloga, "tiene aún muchas carencias" y "solo puede ser concebido" como un puente entre un pasado fósil y un futuro limpio. "¿Cuántos millones vamos a gastar para una energía de transición? Lo discutimos y lo acordamos, pero que seamos conscientes de que tecnológicamente está inmadura", remacha. 

Lo que está bastante claro es que la recuperación verde, más o menos ambiciosa, saldrá adelante: es lo que les interesa a los Gobiernos y al poder económico, por ahora. Diversos estudios de la Universidad de Oxford, la Agencia Internacional de la Energía y el FMI han demostrado a lo largo de estos meses que las políticas verdes funcionan mejor que los estímulos tradicionales, incluso con criterios económicos estrictos como el empleo y el PIB. Aunque aún habrá tentaciones que sortear: un reciente informe ha comprobado que la mayoría de los países desarrollados han apoyado intensamente a su industria de combustibles fósiles, generalmente a través de empresas estatales, para reactivar la economía tras el golpe de la pandemia.