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Elecciones 24-M

La reforma fiscal de Podemos, a examen: impuestos más progresivos y uniformidad autonómica

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante su intervención en la presentación del programa electoral.

Lo que persiguen las propuestas fiscales de Podemos es aumentar la progresividad y facilitar la redistribución de las rentas. Esa es la conclusión a la que llegan los expertos consultados por infoLibre sobre las medidas impositivas que el partido presentó este martes dentro de su programa marco para las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo, unas iniciativas que incluyen la modificación de los tramos autonómicos del IRPF, la reducción del tope a partir del cual se comienza a pagar el impuesto de patrimonio o la eliminación de deducciones en la mayor parte de los tributos.

El documento presentado por Podemos es un programa marco que los equipos que se presentan a las elecciones en 13 comunidades autónomas deberán adaptar a su territorio. No obstante, el escrito contiene las principales pautas que guiarán las medidas concretas para cada una de las regiones. Y, pese a que el grueso de la política fiscal aún está en manos del Estado, el documento plantea modificaciones en una serie de impuestos y sostiene que la política fiscal debe guardar "la mayor uniformidad posible, con el fin de que no se den casos de competencia fiscal dentro del propio Estado"competencia fiscal.

Los tres tributos más potentes que el programa marco de Podemos aborda son el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y, especialmente, el IRPF. En este sentido, los cambios que plantea el partido son "perfectamente factibles", según asegura Antonio González, vicepresidente segundo de Economistas Frente a la Crisis, que asegura que la reforma propuesta, "además de aumentar la equidad, aumentaría la capacidad redistributiva", ya que se centra en tres impuestos que son directos: se pagan en función de la renta.

Subida del IRPF a los más ricos

Pero, ¿qué plantea Podemos en concreto? El programa marco estipula una serie de cambios para el IRPF dependiendo de la renta del contribuyente: se propone una reducción de los tipos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, una suavización de aquellos que gravan las rentas menores a 50.000 euros y un aumento de la imposición a aquellos ciudadanos con una renta superior. Y, de igual forma, se propone que las comunidades pidan al Estado –que tiene la competencia– "que se revisen los tramos de la tarifa, tanto la estatal como la autonómica, de manera que aumente su número" para favorecer la progresividad.

"La idea que subyace es que las políticas públicas se tienen que hacer por la vía del gasto y no por la vía de la reducción de impuestos", explica a este respecto González, que ve con buenos ojos esta propuesta. No obstante José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), llama la atención sobre un dato: actualmente, "la realidad en nuestro país es que los contribuyentes que declaran más de 50.000 euros son solo el 4,6%", por lo que la medida tendría un impacto limitado e incluso podría hacer perder dinero a las administraciones autonómicas.

Y en la misma idea ahonda José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, que califica de "error" el hecho de "pensar que vas a recaudar mucho subiendo esos tramos" ya que la inmensa mayoría de los contribuyentes se encuentran por debajo de ese mínimo. De igual forma, el economista asegura que "tipos máximos tan altos generan muchas distorsiones a la hora de atraer capital", lo que podría suponer un bache a la hora de reactivar la actividad económica y aumentar la recaudación.

"Aparantemente supondría una bajada en la recaudación", señala Mollinedo, que sostiene que "para compensar una subida del tramo" más alto, el que afecta a las rentas de más de 50.000 euros, "la bajada [de los otros dos tramos] debería ser muy suave". En este sentido, el dirigente de Gestha recuerda que suelen ser las "grandes rentas" las que más defraudan y que la lucha contra estas malas prácticas podría aumentar la recaudación de este tramo superior, pero recalca que el 80% de los ingresos por la lucha contra el fraude proceden de la Agencia Tributaria a nivel estatal, que es quien lleva fundamentalmente el peso de esta tarea.

La propuesta de revisar "la mayor parte de las deducciones" en el tramo autonómico del IRPF que "carecen de carácter redistributivo" genera, no obstante, consenso en su aprobación. "El IRPF en España tiene una serie de agujeros con las deducciones, que son regresivas", apunta en este sentido Conde-Ruiz. Y González, que se muestra de acuerdo, apunta un dato más: "Quienes más se aprovechan de las deducciones son las rentas más altas, porque entre otras cosas tienen más capacidad de acudir a asesores fiscales y de recurrir a ingeniería fiscal", sostiene.

Ampliar los contribuyentes que pagan por su patrimonio

Podemos también propone "la recuperación efectiva del impuesto sobre el patrimonio allí donde este haya sido derogado de facto, así como la disminución del mínimo exento y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes", actuando "de forma coordinada entre las comunidades" para evitar que unas compitan contra otras. En este sentido, el mínimo exento de tributación quedaría reducido de los 700.000 euros actuales a 400.000 euros, lo que a juicio de los expertos ampliaría de forma considerable el número de contribuyentes que deberían pagar el impuesto, si bien no se convertiría en un tributo destinado a la mayoría de la población.

No obstante, el hecho de que más ciudadanos vayan a entrar en el rango de aplicación de este tributo "no es una medida que en sí misma vaya a proporcionar una enorme cantidad de ingresos, porque el tipo del impuesto de patrimonio es muy bajo", según asegura González. Mollinedo ofrece datos concretos relativos al año 2007 –último año en el que se aplicó hasta su reaprobación en 2011– y explica que en ese ejercicio "casi 437.000 personas" declararon ingresos entre 300.000 y 1,5 millones de euros, pero cada uno de ellos pagó alrededor de 1.800 euros de media, por lo que se recaudó un total de 796 millones por este impuesto entre las 17 comunidades.

"Cabe pensar que la recaudación va a ser muy pequeña", admite el secretario general de Gestha, que no obstante señala que hay que esperar a que Podemos proponga un tipo concreto para este impuesto y hace hincapié en que la propuesta del partido no es precisamente "radical", ya que los mínimos exentos en el año 2007 "estaban situados entre los 107.000 y los 120.000 euros", lejos en cualquier caso de los 400.000 que se plantean en el programa.

Por su parte, Conde-Ruiz explica que especialmente en un impuesto que grava a los grandes contribuyentes es importante impedir que existan "paraísos fiscales" dentro del Estado y alaba la disposición de Podemos de armonizar el tributo. "Pero el problema es que no van a ganar en todas las comunidades, y el impuesto de patrimonio tiene que ser más o menos uniforme porque si no va a haber competencia fiscal", recuerda el experto, que sostiene, además, que a su juicio esta tasa no puede ser muy elevada porque "la riqueza ya fue gravada cuando se ganó".

Además, Podemos propone revisar las exenciones y bonificaciones en los impuestos de transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones. En este último caso, el partido plantea derogar las medidas "que se han legislado en algunas comunidades autónomas durante estos últimos años, por las que, en la práctica, este impuesto se ha eliminado o reducido para muchos grupos con un alto nivel de renta", y plantean asimismo aumentar "la reducción por parentesco" y revisar las tasas imponibles con el fin de que "las situaciones de pobreza no puedan ser determinantes de renuncias indeseadas a la herencia".

Impuestos medioambientales

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El programa marco de Podemos contempla un tercer apartado dentro de sus propuestas fiscales: el relativo a la implantación de impuestos destinados a la protección del medio ambiente. En este bloque, el partido plantea hasta cinco medidas que se podrían aplicar: un "impuesto a la contaminación atmosférica", otro "sobre actividades de alto riesgo ambiental", un tercero que grave "el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta", uno más para penalizar el uso de las bolsas de plástico de un solo uso y, además, una "ecotasa que grave los establecimientos turísticos".

En estas cinco propuestas –que se presentan sin cifras concretas– no subyace una clara intención, según los expertos: son impuestos de carácter "finalista" y no recaudatorio, es decir, buscan conseguir que se reduzcan las actividades perjudiciales para el medio ambiente penalizándolas. No obstante, Antonio González alerta de que, a corto plazo, en dos de los tributos propuestos el coste final lo acabarían asumiendo los consumidores y no las empresas, ya que redundaría en el precio de los productos que éstas comercializan: es el caso del impuesto a actividades "de alto riesgo ambiental" y la tasa a las grandes áreas de venta.

El primero de ellos, según explica el programa de Podemos, está diseñado para industrias como las de "fabricación de contaminantes", mientras que el segundo se aplicaría a zonas comerciales con una tasa que dependería del "volumen de envases y embalajes generados por unidad de tiempo". "Es evidente que los comercios y las grandes áreas comerciales, para no tener que subir mucho los precios y perder ventas tendrán que ir eliminando embalajes y reduciendo los residuos", sostiene González, que no obstante insiste en que "en primer término" y hasta que las empresas reorganicen su actividad la medida "supondría un aumento de precios". Y Conde-Ruiz señala que puede suponer un problema subir los impuestos estas empresas y centros comerciales en un momento "en el que muchos no van bien".

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