La renovación del Poder Judicial

Una reunión secreta de Campo y Lesmes paró los nombramientos judiciales bajo control del PP el día en que asumió el cargo de ministro

El magistrado y diputado del PSOE Juan Carlos Campo será el nuevo ministro de Justicia.

Una reunión secreta de Juan Carlos Campo con el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, paró el mismo día de su toma de posesión como ministro de Justicia la avalancha de nombramientos de altos cargos de la judicatura –57 en total– efectuados bajo dominio conservador por el órgano de gobierno de los jueces en el año que lleva en funciones desde que su mandato ordinario expiró. El escollo de los nombramientos discrecionales, uno de los más relevantes para que la renovación del Consejo sea factible, desapareció así y entreabrió la puerta a un acuerdo con el PP muy difícil pero que ya no se percibe como imposible.

El encuentro entre Campo y Lesmes, y así lo han confirmado a infoLibre fuentes oficiales del Poder Judicial, se produjo en la sede del Consejo horas después de que el ministro prometiera su cargo la mañana del día 14. Las fuentes consultadas aseguran que el titular de Justicia transmitió al presidente del CGPJ que la renovación de ese órgano constituye una de sus prioridades. Y que Lesmes respondió entonces que si esa era una verdadera prioridad, él haría aquello a lo que ya se había comprometido con los 20 vocales del Consejo: aplicar una paralización "temporal" de los nombramientos. Ese compromiso, aseguran en cambio otras fuentes del Consejo, nunca llegó a quedar explicitado de forma precisa en ningún pleno de la institución. Y que lo que Lesmes había repetido era su convicción de que era necesario renovar el órgano, motivo por el que ya se había formalmente dirigido en tres ocasiones a los presidentes del Congreso y el Senado y había abordado el asunto en su discurso en la apertura del año judicial.

El 16 de enero, dos días después de aquella reunión que Campo encajó en su primer día como ministro, fue cuando Lesmes anunció ante el pleno del Consejo que quedaba suspendido cualquier futuro nombramiento discrecional de alto nivel: entre ellos los de tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, cuya aprobación tenía prevista para enero. No se cubrirían más plazas discrecionales, dijo y reflejó luego la nota de prensa oficial, si había una "pronta renovación" del Consejo una vez constituidas las Cámaras y conformado un nuevo Gobierno. Pero los "procesos selectivos" regresarían al escenario si "en un tiempo prudencial no se constatan avances".

¿Cuánto considera Lesmes que puede ser definido como un tiempo prudencial?, preguntó este medio a los portavoces del Consejo. No hubo entonces ni ahora respuesta, aunque las fuentes indicaron que el reglamento que regula la provisión de plazas discrecionales estipula que deben cubrirse las vacantes en seis meses. Ahora bien, el plazo parece íntimamente conectado a cómo marchen las negociaciones políticas para poner al día la composición de un órgano donde los vocales designados a propuesta del PP suman 11 de los 20 puestos sujetos a reparto. A esos 20 se suma el de Lesmes, un magistrado de marcado perfil conservador. Para renovar el consejo se necesitan al menos 210 votos de los 350 que suman los escaños del Congreso. Sin el PP, esa misión resulta literalmente inviable.

El anuncio de Lesmes sobre la paralización de nombramientos se produjo en la tormentosa sesión donde, por 12 votos a favor y siete en contra, el Consejo avaló que Dolores Delgado, antecesora inmediata de Campo en Justicia, cumple los requisitos exigibles para ser la nueva fiscal general del Estado. Uno de los votos favorables fue el de Lesmes. ¿Habían abordado también Campo y el presidente del CGPJ esa votación y el conflicto que denotaría un eventual rechazo a Delgado, pese a que el dictamen del Consejo es preceptivo pero no vinculante? Este periódico lo ignora. Tampoco fue posible recabar la versión del ministro de Justicia, a cuyo equipo infoLibre pidió por la mañana que confirmase si Campo había solicitado a Lesmes que detuviera la larga serie de nombramientos discrecionales.

La primera versión que ofreció el Consejo ante esa misma pregunta fue que no había tenido lugar ninguna "petición formal" del ministro. Y que la paralización temporal de los nombramientos responde a "un compromiso" que Lesmes anunció al pleno del CGPJ el pasado mes de noviembre en respuesta a lo que algunos vocales del sector progresista habían planteado más de una vez: que era conveniente dejar de cubrir plazas discrecionales.

En el pleno del 28 de noviembre, ya con el resultado inapelable de las elecciones celebradas 18 días antes, Lesmes se comprometió –dijeron sus portavoces oficiales– a que si había investidura y se constituía Gobierno llevaría a cabo la paralización de los nombramientos. Para entonces, habían transcurrido ya dos semanas desde que el líder socialista y hoy presidente, Pedro Sánchez, y su homólogo de Podemos y ahora vicepresidente, anunciaron un acuerdo de coalición que nadie esperaba tan pronto.

Pero el acta de la reunión de aquel 28 de noviembre no dejó rastro de ningún compromiso de paralización. Lo que el acta refleja es que, una vez que la vocal Roser Bach propuso posponer a enero los nombramientos pendientes porque no había dado tiempo a conocer bien las candidaturas, Lesmes contestó con las siguientes palabras: "El presidente asegura que tomará en consideración esta cuestión". Así lo confirmó este periódico, aunque los portavoces oficiales de Lesmes insistieron, no obstante, en que sí hubo un compromiso claro. Y que si no aparece en el acta es porque esta es un "resumen sintético" de lo tratado en la sesión. 

El malestar con los nombramientos discrecionales, que en noviembre acababan de doblar el icónico cabo de la cifra del medio centenar, fue expresado en los últimos meses por vocales progresistas como la ya citada Roser Bach, Concha Sáez, Enrique Lucas y Victoria Cinto, aseguran fuentes conocedoras de lo sucedido a las que este lunes consultó este medio.

Desde que su mandato expiró el 5 de diciembre de 2018 y hasta el pleno del mes pasado, el CGPJ ha efectuado nada menos que 57 nombramientos discrecionales de plazas de alto nivel en la jurisdicción ordinaria y en la militar. El bloqueo que ha permitido a la actual mayoría conservadora del Consejo pese al cambio drástico del mapa parlamentario se produjo una vez salió a la luz  el whatsapp donde el PP se jactaba de que, tras la renovación de los 20 vocales que conforman este órgano, mantendría el control entre bambalinas gracias a que el nuevo presidente pactado sería el actual presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena. El escándalo que suscitó aquel mensaje difundido por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, hizo que Marchena renunciara casi de inmediato a presidir el Consejo y, de forma simultánea tal como establece la legislación, también el Tribunal Supremo. 

En su larga etapa en funciones, el Consejo ha asignado 12 nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo; dos en la Audiencia Nacional, una de ellos el de su presidente; 13 plazas en Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), entre las que se cuentan nada menos que cinco presidentes de los tribunales autonómicos ante los que gozan de aforamiento gobiernos y diputados de ese ambito (Galicia, Navarra, Asturias, Aragón y Extremadura). Ha nombrado también a los presidentes de 14 Audiencias Provinciales, entre las que se cuentan las de Valencia, Vizcaya, A Coruña, Pontevedra, Valladolid, Toledo, Lleida y Tarragona. Otros 16 nombramientos discrecionales efectuados en fase de interinidad se refieren a miembros de distintos tribunales militares.

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