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Caso Bárcenas

Ruz desmonta la versión de que Bárcenas actuó al margen del PP

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz confirma que la financiación ilegal del PP, que se refleja en la contabilidad B, fue controlada por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como por el exgerente Cristóbal Páez, con el conocimiento del partido, según el auto conocido este lunes en el que el magistrado cierra la investigación iniciada tras la publicación de los denominados papeles de Bárcenas.

Esta conclusión desmonta la versión, entre otras, de la secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que ha defendido públicamente que la contabilidad que reflejan los documentos manuscritos publicados por el diario El País en enero de 2013 se había mantenido durante dos décadas al margen del partido. Y por ello, el PP se ha visto obligado a emitir la noche de este lunes un comunicado en el que asegura que la contabilidad B, confirmada por Ruz, "nunca ha sido conocida" por esta formación política.

Pero el auto constata lo contrario en sus 190 folios: "Un sistema de financiación de la formación política PP llevado a cabo a través de aportaciones procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática, entre los años 1990 y 2008, habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley, estando a cargo del gerente nacional del partido –el imputado Luis Bárcenas– y del tesorero de la formación –el imputado Álvaro Lapuerta desde 1993 hasta junio de 2008, siendo entonces sustituido en el cargo por Luis Bárcenas–".

Sin delito de financiación ilegal

Pese a la evidencia para el juez de las irregularidades mencionadas, la legislación impide a Ruz acusar al PP por ello: "En la vigente legislación española no existe un delito concreto que se encuentre tipificado como delito de financiación ilegal de partidos políticos".

No obstante, en el presente caso, el magistrado constata hechos que presentan "evidentes" indicios de infracciones penales. "En relación al conjunto de donaciones presuntamente recibidas por parte de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta para el PP", el juez imputa al partido de Mariano Rajoy un delito contra la Hacienda Pública por el fraude de 220.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2008. Este delito se lo atribuye el juez a los administradores o responsables legales de la formación política: Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, con Álvaro Lapuerta como cooperador parcial.

En este sentido, el magistrado descarta imputar al PP o a sus dirigentes los delitos de falsedad contable y electoral, pues estarían prescritos al haber transcurrido más de tres años desde que se habría cometido la presunta infracción penal.

Criterio de transparencia

Precisamente, en cuanto a la atribución del delito fiscal al PP, Ruz especifica su opinión sobre la actuación de los peritos de la Agencia Tributaria: "Es favorable a la apreciación de la exención respecto de las presuntas donaciones que habrían sido recibidas por el PP durante 2008 y que aparecen consignadas en la contabilidad paralela y opaca al fisco a cargo del gerente y tesorero del partido".

Y para desmontar esta versión, el magistrado cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, incluyendo como propia una de las conclusiones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: "Sólo quedan exentas las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado, estando por el contrario sujetas a tributación las donaciones que no se adecúen a los requisitos de forma y cuantía establecidos por la ley".

Por su parte, el PP aseguró la noche del lunes no compartir "la teoría de la obligación de tributar por el impuesto de sociedades por unas supuestas donaciones que el PP desconocía", para a continuación concluir que las donaciones a los partidos políticos "siempre" han estado exentas de tributación del Impuesto de Sociedades.

Sin embargo el auto de Ruz, que considera innecesarias las peticiones de algunas acusaciones de nuevas pruebas, abre la puerta a que las partes personadas puedan ejercitar acciones legales: "Ante la jurisdicción competente y previa solicitud de testimonio", y a consecuencia de "determinadas circunstancias extraprocesales relacionadas con la emisión de los últimos informes requeridos a la Unidad de Auxilio judicial de la Agencia Tributaria".

Rogelio Menéndez

De esta forma Ruz se refiere, sin citarlo, a la posible filtración del informe solicitado por el propio juez, al que podría haber tenido acceso en contra de la ley Rogelio Menéndez, asesor del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y hermano del director de Hacienda, Santiago Menéndez. El propio Rogelio Menéndez habría sido el autor del argumentario en el que Hacienda equiparaba las donaciones ilegales al PP con las recibidas por ONG como Cáritas o Cruz Roja, según adelantó el diario digital El Plural.

Asimismo, Ruz constata el destino del dinero negro que se refleja en la contabilidad B del PP: "El pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; a gastos generados en campañas electorales; y a distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad. Así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido".

En este apartado Ruz solo identifica los sobresueldos o pagos que se han podido constatar tras la instrucción. Como por ejemplo el del exgerente del PP Cristóbal Páez; el del ex diputado nacional por Navarra Jaime Ignacio del Burgo; el del exconcejal vasco Santiago Abascal; el pago que recibió familia del concejal José María Martín Carpena, asesinado por ETA, o incluso el dinero que recibió el senador Luis Fraga para sufragar campañas electorales. Aunque también los papeles de Bárcenas incluyen supuestos pagos a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, el nombre de estos no se menciona en el auto.

Procesados dos extesoreros

Y como principal conclusión del auto, el magistrado propone llevar a juicio a seis personas, tres de ellos del PP: los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el exgerente de la formación política Cristóbal Páez. Además, Ruz procesa a los dos responsables de la empresa Unifica, los administradores Álvaro Urquijo y Belén García y la empleada de la misma, Laura Montero.

En cuanto a la supuesta donación ilegal de 200.000 euros por parte de la empresa Sufi para la campaña electoral del PP de María Dolores de Cospedal de 2007, el juez Ruz se inhibe para que un juzgado de Toledo investigue el caso, asegurando al respecto: "La presente instrucción permite tener por indiciariamente acreditadas las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuadas por Luis Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha –el imputado José Ángel Cañas Cañada–".

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