Crisis del coronavirus

Siete comunidades sopesan implantar el 'pasaporte covid' y otras tantas apremian al Gobierno a llevar la iniciativa

Una mujer muestra el certificado covid Digital de la Unión Europea en Madrid, España.

infoLibre

Aragón, Canarias, Murcia, País Vasco, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra son las comunidades autónomas que han anunciado, a fecha de este miércoles, que están estudiando la posibilidad de implantar el pasaporte covid para acceder a determinados espacios, a la vez que muchas de ellas, además de Andalucía y Castilla y León, han exigido al Gobierno central que tome una decisión a nivel estatal sobre este asunto, informa Europa Press. 

Así, ya son siete las comunidades autónomas que en las últimas horas han adelantado que están sopesando esta posibilidad del pasaporte de vacunación para evitar adoptar otras restricciones que tengan que ver con limitaciones de aforo o de horario ante el incremento de los contagios.

Uno de los últimos en sumarse a este planteamiento ha sido el presidente de Aragón, Javier Lambán, quién ha anunciado que Sanidad está estudiando la posibilidad de implantar el certificado covid. Esto se haría, según ha dicho, o bien a través de una solicitud ante la Justicia, que ya lo denegó, o tratar de que esta medida se pueda implementar desde el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, desde el Gobierno de Canarias tampoco descartan volver a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que se requiera el certificado covid para interiores, después de que en su momento hicieran esa petición, si bien fue rechazado.

También el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que el pasaporte de vacunación es una "buena herramienta para fomentar la vacunación y minimizar riesgos", un hecho que ha quedado demostrado, ha dicho, en eventos como un macrofestival celebrado en octubre en Murcia, donde 5.000 personas, previa presentación de este documento, participaron, y no se tiene constancia de ningún contagio. "Por lo tanto, creo que funciona y que es una de las vías que hay que implementar", ha argumentado.

Legislar al respecto 

En el caso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado al Gobierno central que "ejerza su liderazgo" y adopte una decisión en torno a la aplicación del pasaporte covid con el fin de "coordinar" a las autonomías en lo referente a la gestión de la pandemia de covid-19.

En parecidos términos se han expresado desde la Junta de Andalucía, donde hacen un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que acuerde junto a las comunidades autónomas una estrategia común en torno al uso del pasaporte de vacunación.

Algunas comunidades ya han pedido el aval de los tribunales 

Uno de los primeros en plantear esta posibilidad fue el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. De hecho, su Ejecutivo está a la espera de un informe definitivo de la Abogacía para aplicar el pasaporte covid en los espacios "donde sea razonable", que el propio Puig no ha concretado ya que se está "avanzando" en esa "cobertura legal" y, una vez se tenga, se hará público con el sector.

Por su parte, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha adelantado que en Euskadi se suspenderán aquellas actividades o eventos en los que no se puedan garantizar las medidas de prevención y se solicitará al Tribunal Superior de Justicia autorización para exigir el certificado covid-19 en lugares de ocio nocturno o de restauración.

En el caso de Cataluña, la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha asegurado que valorarán ampliar el uso del certificado covid para evitar nuevos cierres y restricciones si se mantiene el aumento "significativo" de casos que han detectado durante las dos últimas semanas. Por último, el Gobierno de Navarra también está estudiando la posibilidad de solicitar este pasaporte covid ante una situación que consideran que "no es favorable".

La posición del Gobierno 

Sobre estas peticiones se ha pronunciado esta misma mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien considera que hay un "camino abierto" para que las comunidades lo soliciten porque el Tribunal Supremo (TS), en una resolución judicial, así lo marcó exponiendo que el mismo "estaría justificado" en determinados ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado, atendiendo a la situación epidemiológica. La titular de Sanidad ha señalado además que se está "monitorizando" continuamente la situación epidemiológica de España en relación a imponer posibles medidas con motivo de las próximas fechas de Navidad, si bien no ha apuntado nuevas restricciones.

En este sentido, ha querido subrayar que España está en una situación "diferenciada" en relación a otros países como Reino Unido que está "cerca de 800" de incidencia o los "1.000 de Países Bajos", mientras que España está en 88. De todos modos, ante el aproximadamente 90% de población vacunada en España, ha considerado que se debe tener una "mirada diferenciada" ante los indicadores que hablan del riesgo, apuntando que hay que fijarse en algunos como las camas hospitalarias ocupadas y de UCI que están por debajo del 2 y 5%, respectivamente, a nivel nacional.

"Son indicadores muy sensibles que hablan del impacto", ha apostillado Darias, matizando que estos tienen un comportamiento "razonable" aunque admite que se está produciendo un aumento de casos, de ahí que ha incidido en la "cultura del cuidado", así como a quienes aún no se han vacunado, ya que a modo de ejemplo expuso que en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de siete personas ingresadas en la UMI, cuatro están sin vacunar.

Cuestionada por la propagación de la variante Delta Plus, la ministra de Sanidad ha asegurado que actualmente la prevalencia es "mínima", si bien ha matizado que se tiene puesta "máxima atención" en la secuenciación pero incidió que con la protección individual el virus se puede "mantener a raya".

 

El pasado mes de julio -fecha en la que varias comunidades también lo pidieron-, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, declinó por el momento estudiar una fórmula para que fuera necesario disponer del certificado covid-19 para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes. En aquel entonces, Rodríguez justificó esta decisión en que eso sería "estigmatizar" a la población joven, que en ese momento era la que aún se encontraba sin vacunar.

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