La ruptura de la negociación del CGPJ deja en el aire la reforma de la que dependían 7 jueces en cargos políticos

Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Pilar Llop, en una imagen de archivo.

Si hay algo que ha puesto de manifiesto el último intento de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha saltado por los aires en cuestión de horas con la nueva excusa del delito de sedición, es el interés de los dos principales partidos por poner límites a las llamadas puertas giratorias judiciales. Durante años, la judicatura, al igual que la abogacía, ha sido uno de los caladeros a los que han acudido los partidos para reforzar sus listas electorales o completar sus equipos de gobierno. Pero ahora, PP y PSOE parecen coincidir en la necesidad de regular la vuelta de este tipo de perfiles a sus funciones jurisdiccionales tras su paso por la arena política. Esa era, justamente, una de las medidas acordadas por ambas formaciones en el marco de las conversaciones para renovar los caducos órganos constitucionales. Una iniciativa que ahora, sin embargo, queda en stand by tras el paso atrás de los conservadores. Y deja a más de media docena de jueces que en estos momentos ocupan cargos de máxima responsabilidad política a nivel estatal y autonómico pendientes de cualquier novedad.

La necesidad de abordar esta cuestión era uno de los puntos que figuraban en el documento para reforzar la independencia judicial que el PP hizo público el pasado mes de julio y trasladaron al Gobierno de Pedro Sánchez. No era una idea nueva. De hecho, ya a finales de los noventa el Ejecutivo de José María Aznar endureció las condiciones para el regreso a los juzgados de aquellos miembros de la carrera que quisieran probar suerte en la política. Justo en esa línea, en la de establecer un periodo de enfriamiento antes de volver a dictar sentencias, iba la reforma normativa que ya tenían acordada socialistas y conservadores. La idea, según adelantó elDiario.es, es que dicha barrera se impusiese a cargos de máxima responsabilidad, con rango superior al de secretario general.

En la actualidad, no son muchos. Sólo un puñado pequeño de jueces forma parte de esa cúspide. Este diario ha podido contabilizar únicamente siete entre ministros, secretarios de Estado y consejeros de los diferentes Ejecutivos autonómicos. Destacan, por su relevancia, los casos de los titulares de Justicia, Defensa e Interior: Pilar Llop, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. La primera, que accedió a la carrera a finales de los noventa, es magistrada desde 2004 y tuvo como último destino, antes de dar el salto a la política, un juzgado madrileño de violencia contra la mujer. Los otros dos, que han formado parte del Consejo General del Poder Judicial, han ejercido como magistrados en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, llegando el segundo de ellos a ser presidente de la Sala de lo Penal.

A estos se suma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. El que fuera director de Gabinete del ministro del Interior accedió a la carrera judicial hace algo más de una década, desempeñando su trayectoria en juzgados de primera instancia e instrucción de Almadén (Ciudad Real) y Montoro (Córdoba) –en este caso con competencia en materia de violencia sobre la mujer–, así como en el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba. Además, ha desempeñado labores como magistrado letrado del Consejo General del Poder Judicial, donde ha ejercido la Jefatura de la Sección de Oficina Judicial. En estos momentos, se encuentra en situación administrativa de servicios especiales. Y mientras siga así, su plaza como titular del Juzgado de lo Social número 32 de Madrid será ocupada por otros compañeros de carrera.

Tres magistrados autonómicos

Hay también miembros de la judicatura que ocupan puestos de máxima responsabilidad en Ejecutivos autonómicos. De todos ellos, el caso más destacado es el de Enrique López. El consejero de Justicia del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso lleva más de treinta años en la carrera. Comenzó a finales de los ochenta ejerciendo en distintos juzgados de instrucción. Luego, dio el salto al órgano de gobierno de los jueces de la mano del PP. Una vez finalizado su mandato, los conservadores lo alzaron al Tribunal Constitucional, órgano que se vio obligado a abandonar después de ser pillado circulando en moto mientras triplicaba la tasa de alcohol. Su relación con el principal partido de la oposición siempre ha sido tan estrecha que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le impidió que fuera uno de los magistrados que juzgaran lo relativo al caso Gürtel.

No es el único vinculado al PP. En Castilla y León está el caso de Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández. El actual consejero de Medio Ambiente de la Junta, que lleva ya una década en política, ingresó en la carrera judicial también a finales de los ochenta, promocionando a magistrado a comienzos de la década siguiente. Estuvo destinado en Benavente (Zamora) y Getafe (Madrid) antes de poder regresar a su León natal, donde fue titular del Juzgado de Instrucción número 2. Luego ejerció, durante diez años, juez decano de la ciudad, además de ser miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o coordinador de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Tras esto, dio el salto a la política, primero como subdelegado y delegado del Gobierno de Mariano Rajoy y luego como consejero de la Junta.

Una lista de magistrados en puestos de máxima responsabilidad autonómica que completa el actual vicepresidente y conseller de Transición Energética del Gobierno balear. Juan Pedro Yllanes, magistrado con destino en la Audiencia Provincial de Baleares, lleva en situación de excedencia voluntaria desde que dio el salto a la política de la mano de Podemos. Antes, su nombre estuvo estrechamente ligado a la lucha judicial contra la corrupción política. Fue el ponente de la primera sentencia del conocido como caso Andratx, que terminó derivando en decenas de piezas vinculadas a los tejemanejes urbanísticos en la región. Durante su etapa en la judicatura intentó, además, presidir la Audiencia de Baleares, pero chocó con el CGPJ de Lesmes. Pocos meses después, aceptó la oferta de los morados de encabezar su lista electoral. Entonces, iba a ser el presidente del tribunal que juzgara el caso Nóos.

Sin noticias de los fiscales

Yllanes ya ha anunciado que no será candidato en las elecciones autonómicas que están a la vuelta de la esquina. Un nuevo ciclo electoral que puede cambiar otra vez más la vida de todos estos magistrados de carrera, que de momento se quedan como estaban ante el frenazo unilateral que han pegado las negociaciones. "Si el Gobierno quiere acuerdo, nosotros seguimos sentados en la mesa, pero le pido acuerdos sobre todo, no sobre una parte", ha señalado este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia a una futura reforma en el Código Penal que rebaje el delito de sedición, un asunto que lleva en sobrevolando la agenda política desde el inicio de la legislatura.

Antes de que todo se torciese, la medida había generado algo de inquietud entre algunos de estos miembros del Ejecutivo central. Principalmente, por lo relativo a la retroactividad de los cambios normativos. La preocupación estaba en que si la medida tenía efecto retroactivo, todos los que quisieran asegurarse una vuelta inmediata a las funciones jurisdiccionales previas a su salto a la política no tendrían más remedio que dimitir antes de que entrase en vigor la nueva norma. Por eso, la intención de los negociadores, que nunca se llegó a plasmar en un documento hecho público, pasaba por que las modificaciones legales no afectasen a aquellos que en estos momentos ocupan cargos de responsabilidad.

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Ambos partidos, durante sus conversaciones, coincidieron en la idea de que quienes vuelvan a la judicatura tengan que estar durante el periodo de enfriamiento realizando tareas de carácter más administrativo en las instituciones del Estado, con categoría de magistrados del Supremo aquellos que estuviesen en la Administración General y de los Tribunales Superiores de Justicia para quienes desempeñasen sus funciones en las autonómicas. Pero el pacto que llegaron a alcanzar, y que ahora se ha guardado en un cajón, se centraba exclusivamente en la judicatura. Ninguna referencia había, o al menos no ha trascendido, sobre la Carrera Fiscal. Y eso que la política también ha sido capaz de seducir durante los últimos años a varios de sus miembros, algunos de los cuales han terminado llegando a puestos relevantes dentro de los ejecutivos.

Dolores Delgado es, probablemente, el ejemplo más claro. Pasó de fiscal experta en terrorismo yihadista a ministra de Justicia, fiscal general del Estado y, ahora, fiscal del Supremo, máxima categoría. Unas idas y venidas por las que ha sido duramente criticada. Su elección al frente de la Fiscalía General del Estado se produjo con el rechazo de siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todos ellos pertenecientes al llamado bloque conservador. Y la derecha y ultraderecha intentaron boicotearlo interponiendo sendos recursos ante el Tribunal Supremo en los que venían a defender que su pasado político como diputada socialista y ministra de Justicia ponía en tela de juicio su imparcialidad. Una ofensiva jurídica que no llegó a ningún lado.

No es, sin embargo, la única fiscal que ha ocupado recientemente un puesto de responsabilidad política. Actualmente, hay otro caso a nivel autonómico. Gabriela Bravo es miembro del Ministerio Público desde 1989, donde ha trabajado en las áreas de Menores, Violencia contra la Mujer o Delitos Económicos. Y desde 2015 ejerce como consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, un cargo en el que aterrizó tras ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

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