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Educación

La situación de los posgraduados que pidieron créditos que no pueden pagar llega al Congreso

Afectados por las becas préstamo, el pasado noviembre, ante el Ministerio de Educación.

La "situación de desesperación" de los jóvenes que pidieron entre los años 2008 y 2010 un Préstamo Renta Universidad ICO para realizar estudios de máster que ahora no pueden pagar por estar en paro o tener trabajos precarios llega este miércoles al Congreso de los Diputados. La Comisión de Educación debate una iniciativa de Unidos Podemos [consultar, aquí] por la que se insta al Gobierno a buscar una solución política a este problema y a abrir un "canal de comunicación" con los afectados.

En concreto, la formación morada y sus confluencias piden en su Proposición No de Ley (PNL) que sólo se les obligue a devolver estos créditos si ganan 22.000 euros al año y que las deudas se extingan a los 15 años. En la práctica, eso supone que las condiciones de devolución se asemejen a las de la convocatoria de 2007. Ese año, cuando el entonces Gobierno del PSOE puso en marcha este programa para que los licenciados con menos recursos pudieran seguir con su formación, sus condiciones eran realmente ventajosas.

En esta convocatoria se establecía que los deudores empezaran a devolver sus créditos a los tres años de haber acabado los estudios o prorrogar la amortización sin intereses hasta 15 años si no ganaban más de 22.000 euros al año. Pasado ese tiempo si tenían un sueldo inferior a esa cantidad el crédito se cancelaba y el Estado quedaba como avalista. Sin embargo, las condiciones se fueron endureciendo progresivamente en las siguientes convocatorias. 

En la última, la de 2010, el interés cero se cambió por un tipo fijo cotizado por el ICO quincenalmente, que ha llegado a ser del 5,4%, tal y como se recoge en la PNL presentada por Unidos Podemos. De hecho, esta última convocatoria es la que cuenta con más afectados. Además, en 2008 ya se había eliminado el mínimo de salario bruto que tendrían que cobrar los estudiantes para tener la obligación de pagar lo prestado. Es decir, los estudiantes que pidieron préstamos a partir de ese año tienen que devolver el dinero sí o sí.

infoLibre se puso en contacto este martes con el Ministerio de Educación para reclamar los datos del número de deudores que han comunicado a este departamento tener problemas para satisfacer los pagos, pero no obtuvo ningún tipo de respuesta. El número total de beneficiarios de este programa de préstamos ascendió en las cuatro convocatorias en las que estuvo activo a 15.623, según detalló el Gobierno en una respuesta parlamentaria en 2013. La Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad cuenta en la actualidad un millar de miembros, pero puede haber más afectados que no se hayan puesto en contacto con el colectivo. 

A finales de 2013 Educación accedió a ampliar los períodos de carencia y de amortización de los préstamos de la última convocatoria [ver resolución del BOE, aquí]. Sin embargo, pasado ese plazo los recibos comenzaron de nuevo a cobrarse. El problema es que la situación de muchos de ellos no ha mejorado desde entonces y siguen sin poder hacer frente a esos abonos. No pagar los recibos les convierte en morosas a los ojos del Estado, lo que les puede entrañar futuros embargos o dificultades para hacer cualquier compra a plazos.

Tamar Molina, que ejerce como presidenta de la asociación, es una de las afectadas. Es psicóloga y en 2010 pidió un préstamo para hacer un posgrado en Análisis y Prevención del Terrorismo en la UNED. Desde entonces sólo ha encadenado empleos esporádicos o prácticas y asegura que no puede hacer frente a las mensualidades de alrededor de 120 euros más intereses que tendría que haber empezado a pagar en marzo del año pasado tras cinco años de carencia. "Para mí es imposible pagar", señala. 

Cláusulas

La PNL que firman los diputados de Unidos Podemos Iñigo Errejón y Javier Sánchez, también reclama al Gobierno que exija a la entidades financieras colaboradoras –principalmente, el Banco Santander– el cese de los requerimientos de pago de las cláusulas y prácticas relativas al cobro de comisiones e intereses moratorios y a la incorporación de datos personales en ficheros de morosidad en relación con los contratos de todas las convocatorias del programa de préstamos. 

El abogado de la plataforma, Miguel Ángel Llamas, no duda en calificar de "abusivas" algunas de las cláusulas de la convocatoria de 2010, entre las que cita específicamente las comisiones por reclamación de posiciones deudoras que rondan los 40 euros por cada recibo que no se abona y que las entidades financieras están aplicando a la mayoría de afectados de esta última convocatoria que no pueden hacer frente a la devolución del préstamo. "La situación de los afectados de es desesperación", asevera.

Lo cierto es que los contratos que los estudiantes firmaron con las entidades financieras recogen punto por punto los términos de la convocatoria –así lo han reconocido a este diario varios de ellos– pero también es cierto que en la página web del Préstamo Renta Universidad (todavía activa a día de hoy a pesar de que este programa se canceló en 2010) se publicita que los préstamos son "sin intereses" y que sólo existe la obligación de devolverlo si se alcanza un nivel de renta superior a 22.000 euros anuales. Según la plataforma este fue la fuente de información "utilizada por universidades y alumnos".

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Los afectados insisten en que ha habido "graves deficiencias de comunicación entre los agentes implicados". De hecho, el abogado que les asesora en este proceso dice tener "documentos" y "pruebas" que acreditan la "desinformación" con la que actuaron el Ministerio de Educación y las entidades financieras. Llamas asegura que los bancos colaboradores estuvieron vendiendo a los estudiantes las ventajosas condiciones de la convocatoria de 2007 en los cursos siguientes.

En paralelo, 220 afectados presentaron el pasado 18 de noviembre una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración contra el Ministerio de Educación "por los daños derivados del programa público de préstamos desarrollado en el período 2008-2011". Este recurso, que es el paso previo a un posible recurso contencioso-administrativo, que se puede presentar si el expediente no se resuelve favorablemente; todavía está en fase de tramitación.ACTUALIZACIÓN:

La Proposición No de Ley (PNL) fue aprobada el miércoles 22 de marzo en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. 

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