El futuro del PSOE

Los socialistas proponen prohibir el cobro de sobresueldos del partido

Diálogo monográfico del PSOE sobre igualdad, el pasado 8 de junio en Sevilla.

Prohibir los sobresueldos. Impedir que los cargos públicos reciban un salario de su partido por desempeñar una tarea orgánica. 

Es, telegráficamente, una de las propuestas que el PSOE ha incorporado al documento marco que remitirá a la Conferencia Política del próximo noviembre. Una medida que responde al escándalo de los abultados pagos que el PP presuntamente abonaba a sus dirigentes durante años, según ha puesto de manifiesto la contabilidad oficial del partido remitida al juez, pagos disfrazados como gastos de representación o dietas. Buena parte de esos dirigentes eran parlamentarios, por lo que cobraban un salario de la institución a la que representaban. Aparte están, claro, las supuestas entregas de dinero negro que aparecen anotadas en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas

El PSOE quiere acabar con esta práctica de raíz: "Quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad orgánica no deben recibir sobresueldo alguno por el desempeño de esta última actividad, incluso cuando las normas lo permitan". 

En la actualidad, la Ley Electoral, en su artículo 157, declara "incompatible" el mandato de senador o diputado con el desempeño de cualquier otro puesto "retribuido mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Esa redacción ha servido de excusa al PP para colar como "dietas" o "gastos de representación" las suculentas remuneraciones, pagadas mes a mes, a sus responsables. Pero también para que el PSOE abone una "compensación" en concepto de "dieta" a entre cuatro y seis dirigentes de su cúpula federal (unos 448 euros brutos, 300 netos). Una dieta "completamente legal y por la que se tributa a Hacienda", según ha defendido siempre el partido. En un encuentro ayer viernes con periodistas, fuentes de la formación aclararon que la prohibición de cobrar sobresueldos sería la regla general, en la que cabrían contadísimas "excepciones", casos como los de ediles de pequeños municipios que a su vez tuvieran un puesto de mando en el PSOE. 

Esta cuestión de los sobresueldos es una de las novedades del documento marco que se debatirá en la Conferencia Política del 8, 9 y 10 de noviembre de 2013, la gran convención con la que el PSOE ofrece "un triple pacto político y social para la España del siglo XXI". El primero, un pacto "de rentas" para la creación de empleo, que corrija las desigualdades, reforme de manera integral el sistema fiscal y recupere el diálogo social como herramienta "básica" de la política económica. El segundo, un acuerdo para la regeneración democrática, para "elevar los niveles de transparencia y participación ciudadana". Y el tercero, un pacto territorial para caminar hacia la España federal. Las tres patas, defendieron fuentes de la dirección, formarán parte "del debate político de los próximos años". 

Aparte queda la reforma federal del Estado

La modificación de la Constitución será "el colofón" a ese debate, el "resultado de ese triple pacto". Así, para los socialistas, habría que cambiar la Carta Magna para introducir el concepto de estabilidad social –junto al ya existente de estabilidad presupuestaria, incorporado a toda prisa en 2011 por PSOE y PP–, o para blindar la sanidad y la educación públicas y los servicios sociales, o para consagrar la autonomía local, o para federalizar el Estado

De las tres patas que el partido considera fundamentales y que cimentan la renovación de su proyecto ideológico, hay una, la de la revisión de la Constitución en clave federal, que está fuera del documento marco de la Conferencia Política. La razón es que ya se aprobó el sábado pasado en Granada, en la reunión del Consejo Territorial, el foro que acogió en la ciudad andaluza a Alfredo Pérez Rubalcaba y a sus barones territoriales. No hará falta que pase siquiera por el Comité Federal de hoy sábado. La cúpula del PSOE dice sentirse "sorprendida" por el "desprecio y la descalificación absoluta" con el que el PP acogió la Declaración de Granada

La convención de noviembre se ocupará, por tanto, en los otros dos grandes vectores, el pacto económico y el democrático. Todo ello se resume en un documento de 387 páginas "y 1.798 párrafos" que ayer viernes por la tarde validó la ejecutiva y que hoy pasará el filtro del Comité Federal. 

Las propuestas se han ido plasmando desde febrero en seis diálogos temáticos (Europa, crecimiento económico, reforma fiscal, profundización democrática, igualdad y bienestar), a los que hay que añadir uno último, que se celebrará en septiembre, centrado en el conocimiento y la educación. El documento marco recoge todo ese caudal de medidas planteadas por la dirección y lanzadas por los participantes de las convenciones monográficas (se han transaccionado "el 90%" de las iniciativas) y lo envía a la Conferencia Política. Ahora bien, como subrayaron fuentes del aparato, ese texto "no es el programa electoral", aunque "servirá de base" para la redacción del mismo. 

Límite temporal a la casilla del IRPF para la Iglesia

El resumen de 100 propuestas que ayer se facilitó a los medios contiene medidas ya relatadas. Pero algunas otras son más nuevas. Por ejemplo, el PSOE recupera su idea de aprobar una Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa, norma que abandonó en la última legislatura. El partido no dice expresamente que haya que derogar el Concordato con la Santa Sede de 1979. Sólo apunta que la nueva ley "no debe elaborarse bajo el criterio de los límites impuestos por los acuerdos" con los obispos. El texto cita asimismo que el Estado el objetivo de que la Iglesia se autofinancie y se expresa que la casilla del 0,7% del IRPF "sólo se puede aceptar transitoriamente". 

También se menciona la Corona en el resumen ejecutivo. Se rescata la propuesta de eliminar la prevalencia del varón en la sucesión al trono. Y se estima "necesario" elaborar la ley orgánica que regule "la abdicación y la renuncia" del rey, y otra más que precise el estatuto jurídico del príncipe de Asturias. 

Otras medidas importantes son las siguientes:

  • Retrasar hasta cinco años el objetivo del 3% de déficit público. 
  • Aprobar un mínimo gasto social en los presupuestos de la UE
  • Rebajar el número de firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular (hoy es de 500.000) y crear la oficina del ciudadano en las Cortes Generales (el llamado diputado 351). 
  • Elección de los candidatos a presidente del Gobierno de todos los partidos por primarias
  • Abrir las listas electorales para que los ciudadanos señalen preferencias personales respecto de los integrantes de las listas. 
  • Erradicar la financiación opaca de los partidos. Prohibición de las donaciones privadas de empresas a las formaciones políticas y de particulares vinculados a empresas que mantengan contratos con las administraciones. De nuevo, una medida de respuesta al caso Bárcenas. 
  • Crear un tipo penal específico de financiación ilegal de los partidos. Revisar al alza las penas, las multas y los plazos de prescripción. 
  • Incluir en las declaraciones de actividades y bienes de diputados y senadores "la manifestación de otros intereses específicos o sectoriales del parlamentario", por las tareas desarrolladas con anterioridad o por la titularidad de participaciones en empresas. La cúpula del PSOE prometió, por cierto, hacer públicas las declaraciones de la renta de sus dirigentes en cuanto se homologase el formato en el Congreso. La fórmula no se ha pactado en la Cámara baja (tampoco aparece, por ahora, en los trabajos de la Ley de Transparencia) y el partido sigue sin enseñarlas. 
  • Restringir el aforamiento de los parlamentarios para "circunscribirlos a posibles delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones representativas". Hace menos de un mes, PP, PSOE y nacionalistas rechazaron una propuesta de UPyD e Izquierda Plural en este mismo sentido
  • Lograr un gran pacto social por el empleo y articular una "política de rentas concertada entre sindicatos y organizaciones empresariales". 
  • Utilizar el sobrante del rescate bancario para dar crédito a la economía real, a empresas y familias. 
  • Elaborar una ley anual antifraude que corrija las lagunas legales. 
  • Crear un único impuesto sobre la riqueza, que integre IRPF y Patrimonio, para ampliar las bases de tributación y hacer que las rentas más altas paguen más. 
  • Incrementar la progresividad en el Impuesto de Sociedades. 
  • Derogar la Ley de Costas aprobada por el Gobierno. 
  • No prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más alla de los 40 años para los que fueron diseñadas. 
  • No a la reforma de las pensiones planteada por el Ejecutivo. 
  • Recuperar la cobertura universal de la sanidad. 
  • Elaborar una única cartera común de servicios para toda la ciudadanía, sin copagos. 
  • Extender el plan Prepara para los desempleados por un periodo de tres años, con carencias alternas de seis meses. 
  • Garantizar por ley las listas cremallera en las candidaturas electorales, con perfecta representación de hombres y mujeres al 50%. 
  • Recuperar la fórmula de elección del presidente y del consejo de administración de RTVE por consenso, y no por mayoría absoluta, como introdujo el PP en 2012. 

Por último, ¿cómo se organizará la Conferencia? Del 1 al 26 de septiembre, las agrupaciones, los militantes o los colectivos podrán enviar sus aportaciones al documento marco. Del 7 al 27 de octubre, podrán realizar sus enmiendas aquellos que vayan a participar directamente en la convención. 

Ahí está otra cuestión: ¿quiénes participarán? En total, serán 1.097 delegados con derecho a voto: 275 son natos (ejecutiva federal, Comité Federal y Comisión de Ética y Garantías), 450 elegidos por los comités regionales de las federaciones, 22 de Juventudes Socialistas, 20 de Izquierda Socialista, 30 de organizaciones sectoriales, 250 de movimientos sociales (que no tienen por qué tener carné del partido) y 50 alcaldes representativos "del conjunto de tramos de población". En el cupo de los territorios (450 personas), se nota de nuevo la potencia de Andalucía, la primera federación: mandará a 108 representantes, por los 54 de Cataluña, 39 de Comunitat Valenciana, 37 de Madrid, 28 de Castilla-La Mancha, 26 de Galicia y 22 de Extremadura y Castilla y León. 

 

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